Elaborado por: Oscar Trelles, socio del Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International
Las fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) generan, en su mayoría, beneficios para el mercado. Por un lado, permiten que ciertas empresas sean transferidas a quienes más las valoran y se vuelvan más competitivas y eficientes, usualmente, a través de mayores inversiones y la generación de economías de escala. Tenemos ejemplos de compañías peruanas que se han convertido en multilatinas y que hoy son referentes internacionales, como Alicorp y Primax, firmas que se expandieron primero a nivel local y luego regional. Por otro lado, este tipo de operaciones ayudan a que empresas menos eficientes salgan del mercado, al ser absorbidas por sus competidores, lo que evita el desperdicio de recursos causado por la existencia de compañías ‘zombie’.
Lamentablemente, en los últimos años, en el Perú se han emitido normas que no solo han generado una significativa caída del país en los rankings de competitividad, sino que también han afectado negativamente a las M&A. Por ejemplo, la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT) ahora exige seguir un tortuoso procedimiento de certificación de costo antes de que un vendedor extranjero pueda recibir el pago, lo que se vuelve kafkiano cuando se trata de un M&A global, en el cual la operación peruana no es la parte más relevante. ¡Imagínense lo que es detener un M&A en la bolsa de Nueva York de varios miles de millones porque se tiene que esperar a que la SUNAT emita el certificado!
También se ha reinstaurado una norma antielusiva confusa y arbitraria. Ello ha generado el fundado temor, sobre la base de pasadas actuaciones de la SUNAT, de que la norma será usada para perseguir y atacar operaciones legítimas de M&A, con el único propósito de que paguen el mayor monto de impuesto a la renta posible y no el que corresponde. La entidad recaudadora también ha asumido una cuestionable posición sobre el tratamiento tributario aplicable a las cláusulas de no competencia, yendo contra la ley y generando confusión e incertidumbre en el mercado.
Teniendo este panorama en cuenta, resulta preocupante que esté próxima a aprobarse una norma de control de M&A en el Perú. Esta norma tiene como objetivo declarado el proteger la libre competencia. Sin embargo, es altamente probable que esta regulación se convierta en una nueva barrera que genere incertidumbre en los actores del mercado y evite que ciertas transacciones se concreten. Así, en el mejor de los casos, una norma de ese tipo solo encarecerá, entorpecerá y hará más lentos los procesos de M&A. En el peor, hará que ciertas transacciones beneficiosas sean descartadas. En vez de una medida con efectos nocivos, como la mencionada, debería priorizarse el fortalecimiento de la competencia en el mercado mediante la reducción de las barreras de ingreso al mismo (por ejemplo, disminuyendo la asfixiante ‘permisología’, los costos laborales y las rigideces normativas) y el castigo a las conductas de abuso de posición de dominio.
Debemos preguntarnos, ¿cuánto más como país estamos dispuestos a perder en eficiencia y bajar en los rankings de competitividad antes de actuar?
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