(08/03/2016)
Cuenta la mitología que Sísifo, que estaba en el Infierno por crímenes que había cometido, logró convencer a Hades que le permitiese retornar al mundo superior para castigar a su esposa que no había cumplido con sus deberes. Pero cuando estuvo de nuevo en Corinto, rehusó volver al inframundo hasta que fue devuelto a la fuerza por Hermes. En el Infierno, Sísifo fue obligado a cumplir su castigo: empujar una piedra enorme cuesta arriba por una ladera empinada, pero antes que alcanzase la cima de la colina la piedra siempre rodaba hacia abajo, y Sísifo tenía que empezar de nuevo desde el principio, una y otra vez indefinidamente.
Un suplicio parecido al de Sísifo es el que sufrimos los peruanos, desde tiempos inmemorables: todos los veranos, cuando el Rímac se desborda, vienen los huaicos, se paraliza la Carretera Central y quedamos incomunicados con el centro del país por enésima vez. Entonces se desarrolla anualmente el mismo ritual: se paraliza el abastecimiento de productos; se disparan los precios, que coincide con la presión en los bolsillos por el reinicio de las clases y se preocupa el BCR. Obligados por las circunstancias, sale el presidente y/o el ministro de Transportes y transmiten el rollo de costumbre: ya hemos tomado las medidas pertinentes, se está avanzando en las soluciones alternativas; bla bla bla. Hasta el próximo verano en que se vuelve a repetir el ciclo.
Por ejemplo, en agosto del 2012 el entonces ministro de Transportes Carlos Paredes anunciaba que “al 2015 congestión en Carretera Central (CC) se reducirá en 45%”, precisando que la carretera Lima – Canta – Unish, permitiría reducir en un 30% el flujo vehicular de la CC, y la otra vía alternativa (Huaura – Churín – Oyón – Ambo) iba a absorber otro 15%. Pero la congestión no solo no se ha reducido sino que ha aumentado. Y en la concesión de la CC, otorgada hace cinco años, el avance es de solo 8%, principalmente porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) solo ha entregado el 53% de los terrenos requeridos.
Es que la administración Humala, en lo que se refiere al manejo de los proyectos de inversión, es de una incapacidad comprobada. Es así que quien fuera director ejecutivo de ProInversión (Javier Illescas) cuando se concesionaron los principales proyectos de este Gobierno, ha manifestado que “el Estado no tiene una forma de filtrar y priorizar proyectos y menos de evaluarlos. Por eso, el recurso fácil es la exoneración, porque como no hay capacidad de absorción, menos en megaproyectos que implican todavía una evaluación más refinada, entonces anteponen el tiempo político” (1).
Además de lo anterior, el sistema de inversión pública tiene una muy débil institucionalidad; una inmensa falta de transparencia y preocupantes indicios de corrupción. Y como consecuencia de la evidente preferencia por desarrollar megaproyectos, se posterga la ejecución de numerosos proyectos pequeños de impacto regional o local, pero de mucha mayor rentabilidad social. Por lo que quienes gobiernen a partir del próximo 28 de julio, deberán llevar a cabo una verdadera revolución en el sistema de inversión pública, cambios que también deberán alcanzar a algunas de las diversas formas de participación de la inversión privada. Porque, como afirma Juan de Dios Olaechea, el sector privado también debe de efectuar un mea culpa, especialmente de los megaproyectos: “Que se los pone facilitos al Estado… y que a través de sus asociaciones colectivas a gritos ha pedido que se endeude más al país y que vayamos más rápido, porque eso va a evitar que caigamos en recesión. Pero mil veces más importante que un megaproyecto es la estabilidad macroeconómica del país” (1).
Es que se presenta un comportamiento bipolar dentro del Estado, mientras a los proyectos pequeños y medianos se les aplica con rigor todo el vía crucis de la tramitología; con los megaproyectos ese mismo Estado se vuelve ágil. Y rápidamente saca leyes que son verdaderos ternos a la medida, exonera de comisiones, dispensa trámites, exonera de licitaciones o se otorgan estas con postor único. Entonces, si no hay priorización de proyectos y estos se deciden políticamente, solo nos queda esperar que las decisiones cruciales no se hayan terminado efectuando en Brasil u otro país.
(1): Foro sobre Megaproyectos en Gestión 14.12.15
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