Atalaya Económica

Manuel Romero Caro

Bancos piden imposibles para financiar el ducto al sur 07.11.16

A pesar que Alfredo Thorne había anunciado que se buscarían mejorar las condiciones para el Estado y/o los consumidores.

Si bien Odebrecht y Sempra ya habrían suscrito el contrato de transferencia del 55% de las acciones del Gasoducto Sur Peruano (GSP) que posee Odebrecht, eso solo solucionaría uno de los problemas . Las principales diferencias están centradas en las demandas de los Bancos en la Adenda de Bancabilidad (AB). Y tanto esta última , como el contrato de venta de las acciones y el contrato de préstamo a mediano plazo están íntimamente entrelazados. Uno no puede existir sin los otros dos. Por ejemplo, difícilmente Sempra y Techint aceptarían que el contrato de venta de acciones entre en vigor sin que el Gobierno suscriba la Adenda de Bancabilidad. Y sin esta última no habrá financiamiento.
¿Y qué se necesita para que el Gobierno suscriba la AB?

Certificado. Un requerimiento de los Bancos que el Ejecutivo se aprestaría a entregar, sería un documento en el que afirme que el proceso de licitación del GSP no tuvo ninguna relación con el caso Lava Jato en Brasil . Sobre este tema hay que recordar que hasta el gobierno de Humala (MEF Alonso Segura) se negó a otorgar dicho certificado. Pero este se otorgaría a pesar de los informes de la Policía Federal de Brasil sobre pagos efectuados; de las condenas a Marcelo Odebrecht por corrupción y a numerosos ejecutivos de dicha empresa y de las declaraciones de los colaboradores eficaces en Perú. Afortunadamente Marcelo Odebrechet acaba de llegar a un acuerdo para su “colaboración definitiva” y ha autorizado a 68 ejecutivos de su constructora a delatar todo lo que saben a los fiscales. Por lo que muchos corruptos que todavía no han salido a la luz pública deben de estar muy nerviosos.
Sería un escándalo que en estas circunstancias el gobierno entregue el certificado de “buena conducta”. Y si lo hiciera tendrá que responder por ello.
Imposible. Otro problema que les debe de estar ocasionando más de un dolor de cabeza a los prestamistas y concesionarios es una eventual violación de la conocida cláusula reputacional del contrato de concesión y la consecuente terminación del mismo. Es así que en la cláusula 5.1.6, denominada Pago indebido ( que forma parte de las declaraciones del concesionario) se declara que ninguna persona vinculada al Concesionario ha pagado u ofrecido, ningún pago o comisión ilegal en relación con la Concesión, el Contrato y el Concurso. En relación con lo anterior, la cláusula 20 (que establece las causales para la terminación de la concesión) en su inciso c.6 establece como causal “La falsedad de cualquiera de las declaraciones y garantías efectuadas por el Concesionario o por el Operador Calificado, según corresponda , conforme a lo establecido en el presente Contrato, en el Concurso o durante la ejecución del contrato”
Es así que ante eventual violación de la cláusula 5.1.6 (por ejemplo por una delación premiada ) se podría activar una terminación del contrato. Por lo que para evitar que la terminación de la concesión afecte el repago del préstamo , los bancos estarían solicitando al Ejecutivo un compromiso para no solicitar la terminación de la concesión del GSP. Esta es una demanda imposible de cumplir. El gobierno no podría asegurar nada, porque dichos procedimientos , que ya están en curso, dependen del Ministerio Público y del Poder Judicial, que obviamente son independientes.

¿Más beneficios?. Un tema que el Ejecutivo ha negado , es que se esté solicitando otorgar la garantía de la República al préstamo que requiere el GSP. Esto sería un tremendo error, ya que dicho proyecto tiene demasiados incentivos, beneficios y subsidios, al extremo de considerar a dicho proyecto uno cuasi-público. Y el argumento para negar la garantía es que el GSP es un proyecto autosostenible. No tiene ni reservas ni demanda suficiente (no hicieron estudio mercado); el socio principal no pudo conseguir el financiamiento y el consumidor eléctrico está subsidiando con miles de millones de dólares un proyecto privado a costa de que se eleven las tarifas domiciliarias e industriales, y continúan calificando de autosostenible el GSP!!

De otro lado, como recordarán nuestros lectores , ante la Comisión de Presupuesto A Thorne anunció que se renegociarían los contratos de 4 megaproyectos a fin de mejorar las condiciones económicas de los mismos ( Gestión 20.09.16). Sin embargo posteriormente, en una evidente contradicción de lo anunciado , el ministro de Energia ha ratificado su posición de no renegociar.
Llama la atención que el gobierno no tenga una política única en relación a los megaproyectos; dados los inmensos recursos destinados a los mismos tanto por el Tesoro Público como por los sufridos consumidores eléctricos; que no solo comprometen a este gobierno sino fundamentalmente a los que vengan en el futuro. Evidenciándose una preocupante falta de liderazgo.
En realidad resulta inexplicable la actitud del gobierno: se niegan a renegociar para reducir los miles de millones de dólares que los consumidores eléctricos tendremos que entregar al GSP afirmando que es un contrato que no se puede modificar; pero sí lo cambiarían otorgando importantes beneficios adicionales tanto a los prestamistas como a los concesionarios del gasoducto sin recibir nada a cambio.
A la luz de lo anteriormente mencionado; de la crisis de credibilidad del gobierno; de la aprobación de una Comisión Investigadora de 4 megaproyectos , presidida por el congresista Salaverry, de las diversas acusaciones de lobbies al interior del Ejecutivo, y de la negativa a renegociar el contrato del GSP a pesar de lo anunciado por el ministro Thorne; el gobierno debe de evaluar con mucho cuidado qué otorgar a los prestamistas/concesionarios del GSP. De nada le servirán las campañas para mejorar la imagen de PPK si es que el Ejecutivo no da muestras de defender a los consumidores.
En todo caso, ante la imposibilidad de firmar la AB, el camino menos dañino para los consumidores sería no firmarla, dejar que la Concesión termine por falta de financiamiento y convocar a una subasta para continuar el ducto al sur, pero con nuevas reglas del juego.

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