Atalaya Económica

Manuel Romero Caro

“Cada vez que prendemos la luz, pagamos excesos de Odebrecht”

Entrevista en Expreso 09.01.17

“Cada vez que prendemos la luz, pagamos excesos de Odebrecht”
• Lunes 9 de enero del 2017 | 5:40 am

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Experto considera que Gobierno no debe “darle más aire” al contrato por el Gasoducto del Sur, pues todo apunta a que fue logrado con corrupción.

Las concesiones ganadas por Odebrecht en el Perú continúan en entredicho, y no es para menos. Al escándalo por las coimas pagadas por esta empresa a autoridades peruanas para hacerse de importantes obras de infraestructura, se suman las críticas a los contratos suscritos por la constructora brasileña y el Estado peruano, que ya empiezan a oprimir al ciudadano.

Basta con ver el terrible caos que se generó en las protestas contra el alza de los peajes y la colocación de nuevas garitas en la Panamericana Norte, concesionada a Rutas de Lima. El otro contrato cuestionado es el del Gasoducto Sur Peruano (GSP), debido a la garantía estatal que costeamos todos los usuarios eléctricos a través de nuestros recibos de luz.

Sobre este proyecto conversamos con el economista Manuel Romero Caro, quien ha dedicado varias columnas de opinión al tema del GSP y la suerte de ‘novela’ que se ha generado por las repercusiones del caso Lava Jato en el Perú, historia que aún tiene muchos capítulos por escribirse en los próximos días.

SIN FINANCIAMIENTO

¿Qué ha pasado? Lo último que supimos fue que Odebrecht, el accionista mayoritario del proyecto, estaba buscando vender su participación. Pero, como dice Romero Caro, ¿quién va a querer comprarla, sabiendo que aún no han logrado el cierre financiero, es decir, que no tienen asegurado el financiamiento de US$ 4,300 millones que requiere el proyecto?

Como se sabe, este 23 de enero vence el plazo para que Odebrecht y las otras empresas que participarán en la obra confirmen que tienen el financiamiento, tras lo cual se firmará una adenda de bancabilidad. Aquí, según el expresidente de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) se abren dos posibilidades.

La primera es que llegue el 23 de enero y los participantes del proyecto no hayan conseguido el financiamiento. Este sería el fin del contrato y no habría más que hacer, por lo que cesaría también el pago de la garantía estatal a través de los recibos. “Esa es una causal, ahí no necesitan ley ni nada [para suspender el cobro]”, señala.

Lo segundo que podría pasar es que sí logren el financiamiento, pero el Ejecutivo se niegue a firmar alguna adenda. En el caso del gasoducto sería la primera, llamada “adenda de bancabilidad”, mediante la cual estarían mejorando las posibilidades que tienen los bancos para cobrarles y recuperar sus préstamos. “Pero el Gobierno puede no firmarla, y si no se da la adenda de bancabilidad, se acaba también el proyecto”, sostiene.

“ANTICORRUPCIÓN”

Son dos posibilidades que dependen del plazo del 23 de enero. Pero existe un camino más que no depende de plazos ni de financiamientos, y que está dado también por el contrato firmado entre la constructora brasileña: la llamada “cláusula anticorrupción”, que el Gobierno ha dicho que no retirará de ningún modo.

“Esta cláusula dice bien claro que si algún funcionario del consorcio o de cualquiera de los del consorcio –funcionario, asesor, etcétera– hubiera dado un soborno, o hubiera un intento de sobornar, el contrato se acaba. Entonces, esto es importante, sobre todo lo último. ¿Por qué? Si hubiera dicho que con soborno se acaba, hubieras tenido que probarlo judicialmente: que se abonaron tantos millones de dólares a la cuenta ‘x’, a favor de tal funcionario público. Pero como dice ‘intento de soborno’, suficiente con lo que ya han dicho”, sentencia Romero Caro.

Como recuerda el economista, la empresa Odebrecht ya ha admitido ante la justicia de los Estados Unidos que sobornó entre los años 2005 y 2014 a funcionarios públicos del Perú para hacerse de una serie de proyectos. Pero sucede que el único proyecto que se otorgó y en el que se firmó un contrato en 2014 fue el gasoducto.

“Resumiendo, lo que tiene que hacer el Gobierno es, uno, de ninguna manera tiene que ampliar el plazo (del 23 de enero), porque si ya tú ves que hay corrupción, y ves también que no están avanzando con el financiamiento, ¿para qué le vas a dar más aire? Simplemente no le das la ampliación de plazo para la adenda de bancabilidad; y segundo tampoco la firmas, entonces con esas dos cosas el contrato muere solo”, opina.

Es más, Romero Caro sostiene que no solo es perfectamente legal que el contrato se termine de esta manera, sino que también esto dejaría al Estado peruano en condiciones de ejecutar la carta fianza de 350 millones de dólares que el concesionario entregó al Estado peruano para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.

“Entonces el contrato se acaba, tú ejecutas la carta fianza de 350 millones de dólares –que es plata grande y no los 30 milloncitos [de soles] que han conseguido acá–, y la pones en una cuenta contra las reparaciones por todas las ganancias ilícitas que ha tenido Odebrecht”, agrega el exministro de Industria.

MÁS AUMENTOS

Ante todo este panorama, ¿se puede decir que es un hecho que el contrato quedará sin efecto tarde o temprano y que habrá por lo tanto una nueva licitación? Romero Caro prefiere no aventurarse a señalarlo (“lo único seguro es la muerte”, dice), pero afirma que no tiene ningún sentido que el Gobierno le siga la corriente a la cuestionada constructora brasileña.

“Todo el Perú sabe que ha habido soborno, todo el mundo sabe que este contrato es un abuso, que cada vez que prendemos la luz estamos contribuyendo a pagar los excesos producto de las coimas de Odebrecht. Entonces la pregunta es: ¿qué sentido tiene que el Gobierno santifique este contrato y durante 30 años nos ‘enyuque’ a todos los consumidores con estos aumentos de luz? Imagínate que todos los años tengan que subirte las tarifas de luz hasta alcanzar generar 460 millones de dólares, año a año. No es factible pues”, remata.

Gobierno “voluble” con el GSP

El economista Manuel Romero Caro cuestiona en este contexto la actitud del Gobierno, por haber tenido opiniones tan cambiantes en este tema.

Primero, en noviembre, mientras Odebrecht negociaba con Sempra y otras empresas, afirma que se pusieron “eufóricos”, pues incluso anunciaron que en el verano ya se iban a reanudar las operaciones del gasoducto.

“Pasaron por su cuarto de hora de euforia. Después, al terminar el APEC, cambiaron de opinión 180 grados y empezaron a quemar el contrato de Odebrecht, entonces salió PPK, dijo que ese contrato era una desgracia, que estaban subiendo a niveles altísimos de más del 20 % las tarifas eléctricas y que no era conveniente”, señala.

“[El ministro Alfredo] Thorne dijo que era la oportunidad para hacer una nueva licitación, Meche Aráoz dijo que iban a hacer un ‘fast track’ y que enero –mira la barbaridad, ya estamos en enero– iban a convocar a una licitación. Se nota que Meche en su vida ha organizado una licitación. En fin”, agrega el exministro de Industria.

¿Cuánto se deberá subsidiar?

“El proyecto Gasoducto Sur Peruano no tiene asegurado el abastecimiento de gas; tiene severos problemas en obtener el financiamiento, y ni tiene demanda suficiente, por lo que nadie sabe con cuántos miles de millones de dólares tendrán que subsidiar los consumidores eléctricos al GSP, lo cual representa una pesada herencia”, escribió Manuel Romero Caro el pasado 3 de febrero de 2016.

“Los mayores ingresos ilícitos de Odebrecht vienen de los contratos”

En el caso del Gasoducto del Sur, el negocio está en la cifra sobreestimada que se estableció como meta de transporte diario, sostiene el experto.

-Usted ha cuestionado que la Fiscalía haya llegado a un acuerdo preliminar de colaboración con Odebrecht, así como los 30 millones de soles que dará como adelanto de una eventual reparación civil. ¿Por qué?

La Fiscalía dijo que había empezado a investigar a Odebrecht a partir del mes de noviembre. En el caso brasileño, los fiscales federales brasileños se sentaron a negociar con Odebrecht luego de haber investigado el proyecto más de dos años, y acá con unas cuantas semanas, con la investigación todavía en pañales, sin conocer el caso bien todavía, se está empezando a negociar, lo cual no me parecería una buena idea porque, para empezar, los mayores ingresos ilícitos no son los sobornos. Entonces cómo la Fiscalía puede haber calculado los ingresos ilícitos percibidos y llegado a ese monto de 30 millones, que ni siquiera son dólares sino soles.

-¿A qué se refiere?

La mayor cantidad de los ingresos ilícitos percibidos vienen de los contratos. Cada proyecto tiene contratos, por ejemplo en el Gasoducto del Sur hay un contrato de concesión que es el más importante, hay un contrato de abastecimiento de materia prima entre los productores de gas y los usuarios de gas, hay contrato para los incentivos tributarios, entre otros.

-En el caso del contrato del gasoducto, ¿cómo calcula la ganancia ilícita?

En ese contrato, para empezar, no se efectuó un estudio de mercado, y este estudio era indispensable porque era el que nos hubiera dicho cómo venía la demanda de gas en la región sur en el tiempo. Es como el caso de la Interoceánica: no se hicieron los estudios de factibilidad y por eso terminaron con 22 adendas, subiendo el costo porque no habían hecho los estudios de factibilidad, ingeniería básica, ingeniería detalle, entonces había mucho margen de discrecionalidad para actos ilícitos. Entonces acá no se hizo el estudio de mercado, no había gasoducto, que era el principal demandante y se fijó una meta de 500 millones de pies cúbicos día. El gasoducto tenía que transportar esta cantidad sí o sí, hubiera o no hubiera reservas para transportar, hubiera o no hubiera gas, hubiera o no hubiera demanda. Esto se llama ingreso garantizado.

-¿El gasoducto no llegaría a esa meta de transporte diario?

Para que se dé una idea, el PBI de Lima es más de ocho veces y media el PBI sumado de Arequipa, Moquegua y Tacna, y sin embargo Lima debe estar en 530 o 540 millones de pies cúbicos día, y Lima se ha demorado 12 años en llegar a esa meta. El 2004 terminó Camisea, acaba de terminar el 2016, es decir, 12 años se demoró Lima en llegar a ese nivel, y pretenden que la región sur pueda tener ese mismo nivel con respecto al Gasoducto del Sur. Es una meta groseramente sobreestimada.

-¿Por qué poner una suma tan sobreestimada?

Para ganar más pues. Los ingresos garantizados ascienden –según Osinergmin– a 912 millones de dólares cada año durante 30 años, y de ese monto hay que deducir los ingresos que pudiera tener el gasoducto. Supongamos, generosamente, que de los 500 haya demanda por 250, entonces ya no tendrías que pagar 912 millones de dólares al año sino tendrías que pagar la mitad, que sería entre 455 y 460 millones de dólares. Entonces, como puedes ver por las cifras involucradas, ahí es donde está la carne pues. Qué le importa una comisión, un soborno del 5 %, no. La mayor cantidad de los ingresos ilícitos está dada en los contratos. Lo que tiene que hacer la Fiscalía es analizar proyecto por proyecto los contratos de cada proyecto, para ver cuál es el origen de los ingresos ilícitos.

REYNA CÁRDENAS ANDAZABAL

mariareyna.cardenas@gmail.com

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