A pocos días de cumplirse 6 meses desde el 21.12.16, fecha en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara el acuerdo arribado con Odebrecht , Suiza y Brasil en el que la constructora admitiera sus delitos, enfrentamos hechos que indican que el Lava Jato Peruano (LJP) está enfrentando su primer retroceso.
Es así que el Gobernador regional del Callao fue liberado , revocándose la orden de 18 meses de prisión preventiva en su contra; fiscales peruanos firman Acta de Compromiso que en mi opinión otorga inmunidad a diversos delitos; existe una lentitud inaceptable de ciertos procesos, como el de la extradición de Toledo; un abuso de la reserva del proceso por parte de la fiscalía, etc.
Es que teniendo en cuenta las magnitudes involucradas, el nivel de los investigados y las repercusiones que se podrían derivar de este importante caso, no debe de extrañar que “el imperio contraataque”. Algo similar ocurrió (y actualmente está ocurriendo de nuevo) con el caso LJ de Brasil. Es así que en noviembre del 2014, en una intervención policial al domicilio del dueño de la constructora UTC , se reveló parte de la estrategia de los investigados al encontrarse un documento con anotaciones a mano sobre cursos de acción a seguir . Entre ellos destacaba el lanzamiento de una “Campaña en la prensa para cambiar a la opinión pública”. Asimismo anotaciones para llevar la investigación al Supremo Tribunal Federal. Clara movida para evitar que el juicio lo llevara el implacable juez Sergio Moro . También se revelaban los objetivos de fragilizar las delaciones y “asumir un crimen menor (cartel) y una multa elevada” (I). Por lo que no encuentro ninguna razón para pensar que aquí no estuviera en marcha un plan similar para neutralizar las acciones de las autoridades judiciales.
De otro lado se confirmó que la fiscalía ya firmó el Acta de Compromiso con el Ministerio Público de Brasil. Es importante señalar que la Procuradora de lavado de activos del Perú, Janet Briones, no pudo interrogar a Odebrecht porque se negó a firmar dicha acta de Compromiso, que si firmaron los fiscales Germán Suarez y Alonso Peña Cabrera. Además Briones recuerda que el documento que no firmó decía que era en representación del estado peruano.
Los firmantes del Acta se comprometen a “no utilizar contra el colaborador Marcelo Bahía Odebrecht, contra cualquiera de las empresas del Grupo Odebrecht y Braskem o contra cualquier otro colaborador del Ministerio Público Federal Brasileño, que tenga firmado acuerdos de colaboración premiada en el ámbito del caso Lava Jato y/o terceros empleados y/o ex empleados de Odebrecht que vengan de adherir al Acuerdo de Lenidad celebrado entre Odebrecht S.A. y el Ministerio Público Federal el 1º de diciembre de 2016 y homologado mediante los juicios competentes,[…] acciones penales, acciones civiles o procesos administrativos en su jurisdicción”(II).
Existiendo amplia evidencia de las numerosas mentiras en las que han incurrido los ex directivos de Odb procesados, no resultaría nada extraño suponer que estos en sus delaciones premiadas ante las autoridades brasileñas, y aprovechándose del desconocimiento de estas sobre los proyectos y la naturaleza de los delitos incurridos en el Perú por dichos ex ejecutivos de Odb, hubieran omitido una serie de delitos cometidos en nuestro país. Los que, cortesía del acuerdo suscrito por la Fiscalía, quedarían impunes. Y aquí habrían muy poderosos interesados en que se firme el Acta para que las autoridades no tengan como presionar para obtener la información mínima requerida para juzgar dichos delitos que quedarían impunes.
Vinculado a este tema, resulta extraño que la Fiscalía, antes tan locuaz sobre la llegada del servidor que Odb tenía en Suiza, cuya entrega no tiene condicionalidad y que se había anunciado que llegaría a Lima en mayo, no hayan vuelto a emitir noticia alguna sobre el particular . Su importancia reside en que dicho servidor contiene toda la información que acredita los millonarios sobornos y las personas que los recibieron.
Asimismo existe una lentitud inaceptable de ciertos procesos, como el de la extradición de Toledo. En el que es evidente que el Ejecutivo no tiene mayor interés en acelerar dicho proceso con medidas elementales, como la contratación de un estudio de abogados que represente al gobierno peruano y pueda contrapesar la labor de los dos estudios de abogados que representan a Toledo.
De otro lado, en mi opinión la labor de la Fiscalía es muy deficiente. Empezaron el LJP con un gran pecado original: a pesar que desde el 2014 ya estaba clara la mecánica mafiosa de las constructoras brasileñas y que Marcelo Odebrecht había sido sentenciado por corrupción activa y lavado de dinero, la fiscalía solo tenía un par de procesos en los que no había logrado nada significativo. Recién se empezó a mover a raíz de la información que llegó luego del acuerdo de Odb con EEUU, Brasil y Suiza. Y a partir de allí empezó a bailar al ritmo de la música que le ponía Odb. Escudándose exageradamente en la reserva del proceso en un caso en el que hay muchísimos intereses en juego. Cuando lo que debe de regir en el LJP es la mayor transparencia posible.
Las autoridades deben de tener en cuenta la importancia que tiene actualmente la corrupción, que según el INEI ocupa el primer lugar en el principal problema del país, desplazando a la delincuencia (segundo) y a la pobreza (tercero). Sobre todo luego de la deteriorada imagen que ha dejado el Gobierno tras el tema Chincheros ; los condicionamientos del MEF Thorne para aprobar el presupuesto de la Contraloría y el tratamiento desigual de parte de las autoridades (y los medios) a los diferentes investigados . Y no se piense que la solución es cambiar nombres sino aquellas políticas que es obvio que no están funcionando.
Por lo que el Congreso, los medios y la Sociedad Civil en general debemos estar siguiendo muy de cerca este importante proceso para corregir los retrocesos que ya se están observando y que la lucha contra la corrupción continúe su avance.
(I) Lava Jato. Vladimir Netto
(II) Gustavo Gorriti IDL Reporteros