Atalaya Económica

Manuel Romero Caro

Mucho floro, poca acción (I)

El sector privado también debe reformarse

La reciente aceleración del Caso Lava Jato Peruano (LJP) nos permite reflexionar, una vez más, sobre evolución de la corrupción en nuestro país. Y sobre la responsabilidad del sector privado en este proceso.
Como es obvio, a pesar de lo traumático que fue el episodio de corrupción del fujimontesinismo, en el que diversos líderes empresariales acudieron a la famosa salita del SIN a pedir favores a Vladimiro Montesinos, no aprendimos la lección. Y si algo nos enseñó esto, es que la lucha anticorrupción debe de ser permanente. Ya que después de concluido ese episodio , la corrupción continuó y se profundizó en los siguientes gobiernos.
Frecuentemente leemos o escuchamos diversas demandas (especialmente en el campo institucional) para que el sector público apruebe reformas para salir de los problemas que actualmente confrontamos, para ganar competitividad. Sin embargo no se escuchan demandas para que el sector privado también se reforme, cuando es evidente que necesita hacerlo, especialmente en lo que a institucionalidad se refiere y para afrontar decididamente el principal problema del país, como lo evidencia más de una encuestadora, la corrupción. Es imposible que hayamos atravesado una crisis de las características del LJP y que la culpa y las necesidades de reforma sean solo para el sector público. Como se sabe, Odebrecht (Odb) tenía un abanico muy amplio de proveedores (compañías de ingeniería, consultores, supervisores, estudios de abogados, compañías de seguros, universidades, gremios, empresas financieras, compañías de metal mecánica, etc); entre los que se encontraban compañías y profesionales honestos que actuaron de buena fe y aquellos con intereses subalternos, como lo están comprobando las investigaciones efectuadas.
Tampoco hay que olvidar lo que algunos denominan las puertas giratorias: profesionales que transitan indistintamente, y en varias oportunidades , entre el sector público y privado, como ya se ha comprobado claramente en el LJP . Difuminándose a veces la frontera entre lo público y lo privado. Obviamente en este caso también hay que distinguir entre aquellos que participan de buena fe y aquellos con intereses subalternos. Lamentablemente, y a pesar de los muy importantes daños que han causado, las penas establecidas para aquellos que no se inhibieron de participar en decisiones del sector público sobre empresas con las que mantuvieron vínculos comerciales en el sector privado, son irrelevantes.
Un primer factor que creo que ha contribuido a posibilitar este nuevo episodio de corrupción, es la bien arraigada cultura del ocultamiento, de la falta de transparencia, de esconder debajo de la alfombra todas las suciedades, de capear las crisis sin voluntad de solucionar el problema. Un claro ejemplo de esto último es la reacción de PPK (representante por excelencia del sector privado, transitoriamente en Palacio de Gobierno) frente a su primera crisis. Apenas instalado en Palacio estalla un escándalo que compromete directamente a su asesor palaciego Carlos Moreno , quien ya tenía antecedentes . Luego de una serie de errores iniciales , y a fin de minimizar los daños, PPK nombra una Comisión de Integridad , que le presentó 100 recomendaciones para luchar contra la corrupción. Pero, como ya había pasado el escándalo , solo se ha aprobado una ínfima parte de las 100 medidas , pasando el tema al olvido. Este episodio debió de habernos alertado de la poca importancia que este gobierno le otorgaría a la lucha contra la corrupción. Además no hay que engañarse, el desempeño de PPK y su “equipo de lujo” afectará la imagen del empresariado . (Continuará en la edición de mañana de Gestión).

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