Creo que con lo que demostró Pedro Castillo durante la campaña electoral y los 3 primeros meses de gobierno era más que suficiente para saber que no estaba ni remotamente calificado para ser Presidente. Es así que habiendo transcurrido solo 47 días en la presidencia, el 03.09.21, publiqué en Gestión un artículo titulado Pedro Castillo no da la talla para ser presidente , en el que explicaba las razones para ello . Sin embargo la mayoría de la ciudadanía todavía lo trataba benignamente y creía que con la experiencia que Castillo iría adquiriendo la situación cambiaría favorablemente. Sin embargo el transcurso de su gobierno y la rápida profundización de la multicrisis por la que estamos atravesando ya ha convencido a la mayoría de la ciudadanía de la impostergable necesidad de efectuar cambios radicales lo más rápidamente posible. Lamentablemente todavía hay un sector de la población que ingenuamente cree que Castillo todavía puede cambiar, que puede convocar a un gabinete de unidad nacional y que puede rodearse de “funcionarios de mayor competencia, probidad e idoneidad de sus cargos”. Siendo el cardenal Barreto y el secretario técnico del Acuerdo Nacional, Max Hernandez los últimos de esta tendencia. Sin embargo no se percatan que a la velocidad que está avanzando el deterioro de la institucionalidad, de la política, de la economía, de la ética, el retroceso en la reformas, etc y con negativas tendencias acentuándose en el entorno internacional para este año y el 2023, el costo de mantener al gobierno de Castillo y no reemplazarlo por uno con la calificación suficiente como para poder lidiar con la grave multicrisis que nos está afectando y que sin duda se profundizará, será demasiado elevado y muy difícil de remontar posteriormente.
Y la mejor manera de comprobar que Castillo, una vez más, no cumplirá con la palabra empeñada ante el cardenal Barreto, es el reinició ,con fuerza, de la campaña para lograr una nueva Constitución, con todo lo que ello implica. Es así que anunció que van a presentar al Legislativo un proyecto de ley para que en las próximas elecciones se consulte si se quiere , o no, una nueva Constitución. Y pocos días antes de este anuncio Perú Libre había presentado en el Congreso un proyecto de ley “para instalar una asamblea constituyente de corte soviético (70% de representantes elegidos entre los activistas sociales comunistas) que crearía una república aymara –como parte de la república plurinacional– que fracturaría la unidad territorial del sur del Perú a favor del lado aymara de Bolivia –incluyendo, por supuesto, la costa peruana–, las cosas están absolutamente claras”, es decir el desmembramiento territorial, como precisó Montonero
La campaña por la nueva Constitución se ha venido desarrollando simultáneamente a una agresiva narrativa contra los medios de comunicación, empresarios y el Congreso, tratando el oficialismo de evadir su responsabilidad en las diversas crisis que nos afectan y culpando a la Constitución del 93 y al “empresariado monopolista y especulador” de las subidas de precios que estamos experimentando. Poniendo énfasis en que la carta de 1993 no permite los controles de precios. Lo cual es cierto, pero no explican que si se pudieran establecer dichos controles inevitablemente estos generarían escasez de los productos controlados. Asimismo profundiza los conflictos en la gran minería con el objetivo de forzar nacionalizaciones. Esto se pudo apreciar claramente en las declaraciones de Iván Mendoza Vivanco, dirigente de la comuneros que chantajean a Cuajone ,afirmando que la Empresa Comunal de Servicios, ella sola puede gestionar Cuajone.«Southern puede dar un paso al costado y nuestra empresa entrar a explotar [Cuajone]. Podemos darle al Estado el 50 % de las ganancias de producción». Como es obvio, aunque no lo sea para un sector de la ciudadanía, la estrategia anteriormente referida tiene como objetivo distraer a la ciudadanía de la desastrosa gestión del gobierno de Castillo (desplome de servicios públicos, creciente corrupción, incremento sostenido del desempleo,etc) y de transferirle la responsabilidad a la oposición.
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