Entrada por:

Carolina Méndez (BID), Jorge Mori (DIGESU-MINEDU), María Fernanda Prada (BID) y María Fe Sánchez (DIGESU-MINEDU)

Killa es una niña de 8 años que cursa tercer grado de primaria en una escuela pública de Ayacucho, en el Perú. Su idioma materno es el Quechua, la lengua de los Incas, y sus padres no terminaron la secundaria, pero sueñan con que Killa termine la escuela y continúe con sus estudios de educación superior. En el año 2030, si todo sale bien y Killa no abandona la escuela, ella podría comenzar una carrera en algunas de las alternativas de formación de educación superior que ofrece el Perú (universitaria, tecnológica, pedagógica, artística) o una carrera técnico-productiva.

En el Perú, en promedio sólo 3 de cada 10 estudiantes que culminan la educación secundaria se matriculan[1] en algún programa de educación superior según los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (2018). Esta situación se agrava si consideramos el nivel socioeconómico de los estudiantes que logran acceder a la educación superior. Por ejemplo, si actualmente Killa quisiera continuar sus estudios de educación superior, las posibilidades de lograrlo son muy bajas. Según los datos, sólo 2 de cada 10 jóvenes que provienen del 20% de los hogares más pobres logran acceder a la educación superior en el país. Mientras que 5 de cada 10 jóvenes que provienen del 20% de los hogares más ricos logran continuar estudiando inmediatamente después de terminar la secundaria.

Teniendo en cuenta esta realidad, el Perú publicó en agosto pasado la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva al 2030 y se ha propuesto que en una década la brecha de acceso disminuya y al menos un 50% de los jóvenes del país puedan acceder a educación superior, con énfasis en la población que históricamente se ha visto excluida.

El sector público puede contribuir al desarrollo del país, asegurando los objetivos de política y sus resultados en los próximos 10 años (ver figura), los cuales fueron discutidos por 150 expertos en educación, autoridades, docentes, estudiantes y artistas. Sin duda, estos indicadores son ambiciosos para el país y van a requerir del trabajo coordinado de actores públicos y privados para su cumplimiento.

Resultados de la la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva: Situación en 2020 y metas para 2030

En este contexto, las tres principales áreas de acción para la próxima década son:

1. Reducir las barreras de acceso a la educación superior y técnico-productiva. En general, las barreras de acceso de los estudiantes a la educación superior y técnico-productiva se pueden clasificar en tres categorías: académicas, de información y financieras[2]. Las barreras académicas son una consecuencia directa de las brechas de calidad de la educación básica. De acuerdo con los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes del 2019, cerca del 65% de estudiantes de segundo de secundaria se ubican en el nivel más bajo de aprendizajes en matemáticas[3]. Las barreras de información se refieren a las dificultades asociadas a la toma de decisiones sin conocimiento de los costos, los procesos de admisión, las oportunidades de financiamiento y/o los beneficios de la educación superior. La evidencia indica que estas barreras afectan principalmente a los estudiantes de bajo nivel socioeconómico[4], como Killa. Las barreras financieras, se refieren a la falta de recursos económicos para cubrir los costos directos e indirectos de la educación superior. Estas barreras son determinantes para explicar las brechas en el acceso en América Latina[5] y en Perú son especialmente importantes debido a la baja cobertura de la educación pública gratuita y a la insuficiencia de programas de becase, créditos y ayudas para los estudiantes.
2. Mejorar la calidad de las instituciones. Si bien el sistema universitario peruano ha culminado una primera etapa del proceso de licenciamiento donde se comprobó que 92 universidades y dos escuelas de posgrado cumplen con condiciones básicas de calidad, en el caso de la educación tecnológica, sólo 73 institutos del país se han licenciado. Por lo tanto, es imprescindible seguir avanzando en la ruta de mejora de la calidad de las instituciones. Para ello es necesario fortalecer los mecanismos de aseguramiento de la calidad y el apoyo que se brinda a las instituciones para los procesos de mejora continua, afianzar los esfuerzos para vincular la oferta con las necesidades económicas locales y mejorar los sistemas de apoyo y soporte a los estudiantes para su permanencia.
3. Potenciar la educación tecnológica y técnico-productiva. Aunque solo 6,5% de los puestos de trabajo requiere formación universitaria[6], 64% de los estudiantes de educación superior y técnico-productiva estudia en una universidad[7]. Esto lleva al país a la necesidad apostar por la educación superior tecnológica y la educación técnico-productiva para lograr que ésta se asocie no solo con la formación de competencias relevantes y alineadas con las necesidades del mercado laboral, sino también con trayectorias laborales exitosas para los y las jóvenes a lo largo de la vida.

Revertir estas condiciones, le permitirá al Perú cumplir las metas que han sido establecidas en la política y en 10 años ofrecer a los jóvenes como Killa y sus familias una oportunidad para convertir sus sueños en realidad.

¿Conoces qué políticas de educación superior y técnico-productiva se implementan en tu país para reducir las brechas en el acceso y la calidad de las instituciones? Comparte tu opinión en la sección de comentarios, o mencionándonos en Twitter en @BIDEducacion #EnfoqueEducacion.

[1] Entendido como transito inmediato.

[2]  Arias, Elacqua y González-Velosa, 2018.

[3] Oficina de Medición de la Calidad de Aprendizajes-Minedu,2019

[4] Page y Scott-Clayton, 2016; Busso et. al. 2018.

[5] Alfonso, 2009; Arias, Elacqua y González-Velosa, 2018.

[6] Censo Escolar, MINEDU 2019

[7] Encuesta de Demanda Ocupacional, 2018