Existe consenso en el país acerca de la necesidad de contar con profesionales altamente calificados en la administración pública para hacer más eficiente al estado peruano. También es obvio que para lograr atraerlos se necesita remunerar esos cargos de acuerdo con el mercado porque de lo contrario serán atraídos por el sector privado, como ha estado ocurriendo en los últimos años, tras la reducción y congelamiento de estas remuneraciones en el régimen anterior.

Pero eso no significa que los sueldos de dichos altos funcionarios se tengan que fijar con un dispositivo legal (como se está haciendo ahora) sino dando las medidas necesarias para que éstos efectivamente se fijen por el mercado. Por ejemplo, para el caso de nuevos altos funcionarios podrían hacerse concursos públicos abiertos en los cuales se fijen las calificaciones, trayectoria y experiencia mínimas para el puesto y ganarían el concurso aquellos cuyo sueldo sea el menos oneroso para el Estado (y que obviamente tengan las mejores calificaciones, etc.). Y en el caso de aquellos que ya trabajan en la administración pública, la nivelación de sus sueldos con los del mercado tendría que pasar por la evaluación de sus calificaciones, productividad y meritocracia.

De otro lado, esta medida debería ser de aplicación en toda la administración pública y no una medida aislada; debería ser parte de una reforma integral del régimen laboral y de remuneraciones del sector público que lleve a una nueva ley de la carrera pública, la que a su vez sería parte de la reforma del estado, inconclusa desde hace ya más de una década.

• Tweet