Todos los días hay muertes por accidentes de tránsito en Lima y otras ciudades del país y no pasa nada; pareciera que nadie puede solucionar el problema. Y es que para resolver algo primero hay que entender el mismo, luego se necesita voluntad política, recursos y poder para resolverlo.
El problema de fondo del transporte urbano en Lima es harto conocido. Hay kilómetros de papel utilizados en diagnósticos. Desde mi punto de vista los más acertados coinciden en señalar que se trata de una actividad económica en la que la gran mayoría de empresas basa su funcionamiento en lo que se denomina el trabajo a destajo (a comisión, el sistema ´palanca´ o como quiera denominarse).
Este sistema de trabajo se puede clasificar entre los más nefastos del sistema informal puesto que no sólo no entrega beneficios laborales, ni servicios de salud, menos jubilación, sino que desconoce todo riesgo al que diariamente se enfrentan los choferes que trabajan en él. Y muchas de las empresas que operan en este sector no reúnen los estándares de empresas formales modernas. ¿Cómo lograron y mantienen sus concesiones de ruta de transporte urbano? No me digan que en los contratos no hay cláusulas de recisión por incumplimiento. Y es obvio que falta mucha fiscalización (laboral, de transporte, incluso de salud).
Todo esto se conoce, no es novedad. Lo que ocurre es que no hay voluntad política para resolver el problema. Las autoridades, cada una en su nivel, no reconocen plenamente su responsabilidad particular y juegan al Gran Bonetón.
¿Qué le impide al gobierno, a través del ministerio de Trabajo, por ejemplo, hacer inspecciones laborales en los microbuses que circulan todos los días por la capital y sancionar con fuertes multas a los que no presenten trabajadores en planilla o por lo menos con contratos a tiempo determinado?, ¿qué impide que los municipios, en coordinación con el ministerio de Transportes, les quiten las licencias o las concesiones de rutas a las empresas cuyas unidades reiteradamente ocasionan muertes de tránsito, infringen las normas y ni siquiera pagan los miles de soles que deben por multas de infracciones?
Y si la jurisprudencia y el mal uso (o abuso) de acciones de amparo (u otros recursos legalistas), impiden que se apliquen las sanciones, ¿por qué para eso el Congreso no se es tan eficaz (como en otros casos) y saca leyes que permitan cortar esta lacra?
Lo que acontece actualmente lleva a sospechar, que los infractores tienen más poder que las autoridades, y que por eso no se los puede sancionar y reina la impunidad, el desorden y el caos. Mientras no hayan sanciones económicas y no se respete el libre mercado (se eliminen las barreras de entrada y salida de este mercado) y sigamos respetando “feudos”, la racionalidad de este segmento del transporte seguirá siendo el mismo: la ley de la selva donde el que puede, puede y el que no aplaude, todo a costa de los usuarios, de todos nosotros que ni siquiera un servicio limpio tenemos.
COMENTARIOS
Hay mucha gentuza manejando que no se atreveria a hacer lo que hace en ecuador, chile brasil menos en eeuu europa. Solo hay minimo patrullaje y los policias no tiene conciencia de faltas graves por negligencia u ociosidad.
DEJE SU COMENTARIO
La finalidad de este servicio es sumar valor a las noticias y establecer un contacto más fluido con nuestros lectores. Los comentarios deben acotarse al tema de discusión. Se apreciará la brevedad y claridad.