En los días recientes se publicaron en diario El Comercio dos artículos (titulados “No más combis políticas traferas” de Paula Muñoz del 23 de agosto y “Al son del dinero” de Fernando Tuesta del 27 de agosto) en el que se defiende el sistema de financiamiento público de partidos políticos.
Lo primero que se sostiene es que el financiamiento de campañas electorales es la ruta típica de conectar la política con la corrupción. Se responsabiliza así -como suele suceder en todo caso de corrupción- a todas las empresas por la actuación de una sola. Si una empresa actuó de manera no transparente -ojo, no necesariamente de forma corrupta- ¿eso determina que las demás también lo harán?
Fatalmente, hemos caído, desde hace algunos años, en “prohibiciones ciegas”. La idea, bajo ese tipo de prácticas, es que si algo es mal ejecutado hay que prohibirlo sin pensar o estudiar si la prohibición es realmente parte de la solución. Se prohibió así, por ejemplo, la reelección que no necesariamente es nociva, solo que está desprestigiada (por haber sido mal ejecutada precisamente).
Se menciona como argumento de defensa que se está abriendo las puertas a la utilización de financiamiento de fuentes dudosas o abiertamente ilegales. En esto estamos totalmente de acuerdo y, creo, que este es precisamente el punto que termina por fundamentar la necesidad del financiamiento privado. En efecto, formulo en este contexto las siguientes preguntas: ¿realmente creemos que los ciudadanos van a aportar de sus fondos algún dinero para los partidos? ¿usted lo haría de manera importante? Se podrá decir que el Estado es quien debe realizar el financiamiento, pero ¿qué nos garantiza que lo hará de manera transparente y eficaz?
En todo caso, me temo que ese aporte (el del Estado) nunca será suficiente. Ello sin tener presente que la solución no deja de ser discutible porque, por ejemplo, a mí no me agrada que el dinero de mis impuestos se use para estos fines (sospecho que más de uno pienso igual). Luego entonces si los ciudadanos no van a financiar ¿quiénes creen que lo harán?
Finalmente, como parte central de la posición estatista, ambos artículos mencionan que las campañas son costosas y que, así, la competencia se torna desigual. La competencia siempre es, en términos puros, desigual porque no todos los competidores son iguales. Precisamente ahí está el sentido de escoger. El “igualarlos”, y menos “hacia abajo”, desvirtúa la naturaleza de la competencia. Lo que debe impulsar, en línea con lo expuesto, son dos cosas: que se mejore la “oferta”, por ejemplo, que el que financia ponga condiciones para hacerlo (buenos candidatos, correcto gobierno interno, etc.) y que se mejore la “demanda”, lo cual no pasa por prohibir todo, sino enseñar, decidida y pacientemente a votar bien de manera responsable, votar de manera informada y con plena consciencia de las consecuencias que puede generar el votar por tal o cual candidato. Con eso sostengo que la competencia debe de seguir y que gane el/la mejor.
COMENTARIOS
En total desacuerdo con su posicion. No hay necesidad de financiamiento privado a partidos politicos. Las campañas deben hacerse con los fondos publicos que esten disponibles. No se requiere gran marketing, spots de television capciosos, ni excesos mediaticos para comunicar planes de gobierno y defender ideas y propuestas. El financiamiento privado siempre estara sujeto a condiciones, las cuales tuercen los criterios de los gobernantes luego, por mas que alguna ley intente “regularlo”. En todo caso, cambiemos y probemos. El sistema actual que permite el financiamiento privado ha fracasado rotundamente en sus 200 años de existencia.
Bueno, seguimos discrepando y está bien. Solo dos cosas: quien debe determinar qué es necesario o no para promocionar una campaña no debería ser un tercero sino el propio candidato o partido (allá que la gente también sepa ponderar). Lo segundo que exista “condicionamiento” no determina que el financiamiento privado es malo.
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