El día de ayer circuló por lagunas redes sociales una encuesta de DATUM indagando -entre otras cosas- respecto a la posibilidad de cambiar nuestra Constitución Política. El resultado interesante para estos efectos es que, una nada despreciable 30% piensa que la Constitución debe ser modificada, tal vez creyendo, con algo de ingenuidad mezclado de una pizca de desconexión, que la Constitución tiene incidencia real en nuestras vidas.
Solo para no extenderme, pero sin dejar picando la pelota respecto al último punto señalado, cabe mirar, por ejemplo, todos los derechos que nuestra carta fundamental reconoce respecto a la salud y que no están ni cerca de ser plenamente satisfechos. Sí, claro, tengo un derecho en el papel (de la Constitución), pero de allá a que sea real, eso, eso es otra cosa. Vista así nuestra Constitución es un instrumento declarativo sin mucha aplicación real.
En fin, más allá de este pequeño desfogue de mis amarguras, debo ir ahora al centro de la cuestión. El 51 % de las personas que están de acuerdo en modificar la Constitución se apoya en el reclamo de que deban existir mayores sanciones a los corruptos y otros delincuentes. Nótese la fina distinción que hace el respetable en relación a las categorías delincuenciales, separando a los delincuentes “más finos” de los otros facinerosos de “poca monta”, seguramente vinculados a inseguridad ciudadana.
El primer punto que señala el dato anterior es que vivimos desconectados, una vez más. Es claro que la Constitución no tiene nada que ver con el sistema punitivo hacia la delincuencia en general.
¿Cuál es el punto entonces? Pues varios. El primero de ellos es que existe bastante desesperación que pocos perciben y que está ahí, latente. Cuando existe desesperación frente a una situación de impunidad se quieren buscar ajusticiamientos, que no es lo mismo que aplicar la justicia. Vienen los intentos absurdos de algunos legisladores termocéfalos y figurines políticos ávidos del aplauso que propondrán castigos que, no se sorprendan, llegarán hasta la pena de muerte. Nada sirve, no así al menos.
El otro punto es que, claramente, nuestro sistema de administración de justicia no da la talla (hace muchos años) y nadie hace nada. Todos los gobiernos le han corrido al problema con un falso reconocimiento a la -hipócrita- autonomía constitucional; el famoso “mírame, pero no me reformes” se ha impuesto ante la cobardía de nuestros gobernantes.
El pueblo, en casos como estos, no miente y parece no equivocarse. Las personas perciben que la base del desarrollo de sus proyectos distintos proyectos de vida es la seguridad. La seguridad no la dan las fuerzas armadas o policiales, la confiere la justicia. Si un policía atrapa a un delincuente la que lo sanciona es la justicia, cuando un policía abusa de sus facultades, la que pone los límites es la justicia; así debería ser. Ni más, ni menos, dar a cada quien lo que le corresponde.
Dejando de lado palabras armadas como la “justicia social” que nunca llegué a entender, la justicia, toda, es la base del desarrollo de un país. Si hay justicia nadie me estafará, ninguna autoridad que se robe la plata podrá escapar a su largo brazo, los violadores no se reirán de sus víctimas, los municipios no podrán abusar de los comerciantes, habrá seguridad señores.
No obstante, vivimos dando vueltas. Con miradas de reojo, con respuestas tibias, con planes académicos muy hermosos y ningún plan de acción. Al sistema hay que reformarlo, mejor dicho, intervenirlo como a aquella persona que cae en un vicio. Todo es para su bien y en este caso para el nuestro también. Hagamos justicia, advertidos estamos.
Lima, 02 de noviembre de 2020.
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