La propuesta de plan de gobierno del partido Juntos por el Perú, en cuanto a reforma del sistema de justicia y lucha contra la corrupción se refiere, es una lista de buenos deseos. Quizá por eso la izquierda parece mejor valorada, porque parece sintonizar con eso que quiere la gente. El problema es cuando no se aterriza.
La primera señal de alerta sobre la candidatura de Veronika Mendoza en este punto es un mensaje que parece ser transversal: las leyes actuales no son efectivas. Luego entonces, según sostienen, hay que mejorarlas o cambiarlas (por más leyes).
El caso abordado por Juntos por el Perú se aprecia en lo vinculado al manejo de conflictos de interés. Se piensa en ese sentido que creando un registro de conflictos de interés o modificando las normas de “puerta giratoria” se tendrá más efectividad. Esto es falso porque si bien las normas pueden ser perfectibles (no hay norma legal perfecta); si es que no existe “enforcement” que las acompañe, las leyes caen en saco roto. Aquí la pregunta incómoda: ¿cuántos casos de conflictos de interés se han generado? En la respuesta está la clave de todo.
Sobre el tema de los conflictos de interés, y esto es solo una muestra del error, hay bastante información que se genera por las declaraciones juradas que llenan los funcionarios públicos constantemente. Si esta información no se “cruza” no se puede determinar por ejemplo si una persona (funcionario público) tiene una empresa que le vende al mismo Estado ocultamente. Si no hay casos, todo queda en papel. Hay norma, pero no ejecución ni sanción.
Intentando acaso de buscar una solución para que la ley se aplique, la candidatura de Mendoza propone fortalecer al Estado. Fortalecer a la Contraloría, fortalecer al equipo Lava Jato, fortalecer a la Junta Nacional de Justicia, etcétera. La pregunta del millón es ¿qué entendemos por fortalecer? El plan de Juntos por el Perú no dice nada, solo otra buena intención.
Comúnmente se piensa que fortalecer es dar más recursos o generar más Estado y esto tiene sus notas particulares. Dar más computadoras, mejorar oficinas o pagar mejor, por sí solo no ayuda si es que, por ejemplo, las personas que componen la institución no son las idóneas, no existe estrategia o se va siempre a la punición (antes que la prevención).
Parte de la solución debe estar orientada a reformar el sistema de justicia y sobre eso Verónika Mendoza parece estar pensando en algo, pero no sabemos en qué. Se usa el término, así, suelto como una frase en todo el correlato del plan, más no se ve sentido de unidad. Por ejemplo, se habla de digitalizar los expedientes y ahí me surge una nueva interrogante: en el mejor de los casos -que exista presupuesto y que se sepa cuál es el objetivo; cosas que no se señalan en el plan- ¿será posible que el Ejecutivo empuje al Judicial a llevar a cabo la propuesta? Porque está claro que el sistema, por sí solo, no se quiere reformar.
La reforma del sistema de justicia debe de ser vista, una vez más insisto, como un todo, con estrategia, teniendo en cuenta las resistencias internas señaladas. La propuesta de Juntos por el Perú en este punto es un parche más en el inmenso telar de las decepciones y necesidades nacionales. Aunque me considero un optimista natural o un soñador recurrente, algo más hay que decir; un poco más al menos.
Lima, 04 de febrero de 2021
Eduardo Herrera Velarde.
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