Segunda opinión

Eduardo Herrera Velarde

El derecho al copamiento

Hace unos pocos días llegó a mis manos una carta dirigida a un Ministro de Estado solicitándole – exigiéndole- el nombramiento de cuatro personas como funcionarios públicos en su sector. La petición se fundamentaba en un pretendido “derecho al copamiento”. El partido que ha ganado las elecciones -no solo en este caso, por cierto- se siente con la atribución -legitimación- a nombrar funcionarios sin límite, casi por un derecho divino (y absoluto).

Como dije anteriormente, esto no solamente sucede en casos como el de Perú Libre. Viene aconteciendo desde hace muchos años. Infiltrados entre algunas personas que cumplen los requerimientos para el puesto, están los amigos, compadres, familiares, partidarios y un largo etcétera del político -autoridad- de turno.  Para colmo de males este tipo de “derechos”, no solamente se materializan en la transferencia de un régimen presidencial, ocurre también cuando ingresa, por ejemplo, un nuevo Ministro o un nuevo Director, o un nuevo Jefe. El nuevo mandatario trae a su propia gente.

¿Es posible cimentar políticas de Estado así? ¿es posible tener alguna continuidad de ese modo? ¿es factible desarrollar obras o programas si se modifica a las personas constantemente?

La frecuente creencia de que el Estado es un botín o una plaza ganada por una suerte de guerra política, es una falacia; constituye simplemente la excusa para que algunos bandidos y aventureros de turno, cometan rapiña feroz. A propósito de ello una conveniente pregunta: ¿sabe Usted cuál es el delito más cometido a nivel de gobiernos regionales o locales? Pues es el peculado que consiste, precisamente, en apropiarse de bienes del Estado que están bajo la administración del funcionario. Es decir, la autoridad simplemente se “levanta en peso”, por ejemplo, el dinero del Estado porque piensa, cree, que es de su propiedad. Las modalidades son variadas y van desde la generación de consultorías camufladas hasta la contratación de amigotes. Todo en una suerte de “derecho a la compensación” ya que se sienten algunos malos funcionarios en la atribución falaz de compensarse porque ganan poco o porque simplemente hay que aprovechar el momento.

No le sorprenderá al lector saber que para este tipo de casos hay una Ley (porque, dicho sea de paso, en este país para casi todo hay una Ley). En efecto, con cierta ingenuidad, la Ley Marco del Empleo Público refiere que en cada entidad debe de existir un máximo del 5% de funcionarios de confianza o políticos. Pero todos sabemos que en este país de la hiper legalidad reina una frase mayor: “hecha la ley, hecha la trampa”. Y así se crean todo tipo de estratagemas para meter a como dé lugar y sin pudor alguno a los amigotes, camaradas, correligionarios, parientes, etcétera. El Estado siempre aguanta y habrá espacio para todos. Corrupción democrática e inclusiva. (Por cierto, vale aclarar para los pillos que, gracias a Dios, no existe una ley que establezca el porcentaje de recursos públicos que la autoridad pueda birlar con impunidad).

En fin, estos derechos al “copamiento” o el de la “compensación” no se eliminan solamente creando delitos o leyes prohibitivas; además hace falta que existan sanciones por ello. Hay que sumar más acciones de fondo como la debida atención a instituciones como SERVIR, por ejemplo. Ayuda también la exposición pública (denuncia ciudadana a través de medios). Sin embargo, todo esto se combate -en la raíz- con eliminar la creencia perversa de que el Estado es un ente inmaterial que no le pertenece a nadie y que debe ser (merece ser) tomada por la autoridad de turno para su disfrute cuál señor feudal. Y en esto la construcción de institucionalidad es capital; es el mejor antídoto para evitar que esto suceda. Ah sí, y un poquito de ética tampoco cae mal.

Lima, 13 de septiembre de 2021.

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