El poder político no puede controlarse a sí mismo. Por eso, que un candidato o una autoridad en funciones prometa que va a luchar contra la corrupción, es poco menos que un fraude. La autoridad tiene que dedicarse a lo que fue elegida y hacerlo correctamente (no generar consultorías innecesarias, no copar el Estado con sus allegados, no dirigir obras ni contrataciones para beneficio propio, etcétera). En simple, pórtense bien y punto.
El control hay que dejarlo a un tercero independiente. En eso, precisamente, consiste el equilibrio de poderes. Un poder controla y vigila al otro (y viceversa). Se produce un equilibrio natural -y virtuosamente competitivo- en el que nadie es aliado de nadie, sin que esto influya en la necesaria cooperación para sacar temas adelante (por ejemplo, una medida legislativa). En suma, estamos juntos, trabajamos juntos; no somos compinches, ni aliados. Cerca y lejos.
En países desarrollados, el espacio encargado para controlar y sancionar -tratándose de corrupción- es el sistema de justicia. Si una autoridad comete corrupción, entonces es procesada y sancionada. Sostener esto en el Perú equivale a lanzar una moneda al aire; y es el que sistema de justicia es una auténtica tómbola.
Experiencias como las de Hong Kong -o si buscamos algo más cerquita La Paz (Bolivia) con Mac Lean Abaroa- dan cuenta de que es necesario un poder autónomo e independiente para luchar contra la corrupción. Alguien tiene que hacerse cargo 24×7.
Pese a que soy contrario a la generación de más órganos en el Perú, en nuestra realidad, cabe una excepción. Es crucial tener una autoridad autónoma con plenos poderes y con recursos. Si queremos luchar contra la corrupción es necesario hacerlo a todo meter y no a medias tintas. Esas mismas experiencias nos indican también que esta autoridad tiene dedicarse a generar investigaciones (casos) y ganarlos, intervenir en las leyes (tamizarlas) y plantear una propuesta educativa ambiciosa (para niños, jóvenes y adultos). Si el poder político quiere realmente hacer algo, simplemente configuren este órgano y, con todo cariño, háganse a un lado.
Salta entonces la pregunta lógica: ¿por qué no lo hace en la Contraloría? Con cargo a desarrollar mejor mi punto en su debida oportunidad, pienso que la Contraloría -por especialidad- no es el órgano indicado. La visión de la Contraloría -eminentemente de auditoría- no necesariamente confluye con la visión anticorrupción que es más grande e interdisciplinaria. A las pruebas me remito y, nuevamente con todo cariño ¿cuántos casos grandes de corrupción política ha detectado la Contraloría? ¿cuántos casos ha sacado adelante con una sentencia? ¿que resultados tiene que mostrar? Tengamos en cuenta la anticorrupción no termina en un informe o denuncia; de hecho, ahí recién empieza.
Ahora que estamos hablando de un momento constituyente quizá sea oportuno empezar a abordar esto; de preguntarnos, con sinceridad ¿cómo salimos de la corrupción de manera neutral, objetiva y eficaz? ¿estamos preparados? ¿realmente queremos hacerlo con todo? ¿cuándo empezamos?
Lima, 28 de abril de 2022
Eduardo Herrera Velarde
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