A este paso quizá se deba de pensar en recortar nuestros mandatos presidenciales a un año medio o, en su defecto, tomar la transición como una oportunidad para sentar bases o plantear grandes reformas. La transición es un tiempo para olvidarse del futuro político y arrimarse más bien a la posteridad. Menos calculo -menos cortoplacismo- y más sentido de trascendencia es lo que debería de inspirar a los políticos peruanos empezando por nuestros presidentes de transición.
Por eso a la señora presidenta le pido encarecidamente hágase una. Estoy convencido que solo eso le deparará el pedestal de la historia y la gratitud de millones de peruanos que padecemos la corrupción como fenómeno transversal en nuestras existencias.
Mi propuesta consiste en crear una comisión independiente de lucha contra la corrupción como, dicho sea de paso, muchos países lo han hecho. Pero no una mesa de trabajo o una entidad teórica que expida, una vez más, un informe con sugerencias o ideas que -ya sabemos- están un poco agotadas. Sin ejecución los diagnósticos terminan en lo de siempre (mucho análisis, poca acción). La propuesta, en resumen, basa su éxito en objetivos medibles en tres líneas de acción:
1. Normas legales: normas que tiendan a la prevención porque la punición ya está bastante saturada. La pregunta en este contexto es ¿cómo evitar que la corrupción se lleve a cabo? Para esto la comisión debe de tener iniciativa legislativa e impulsar gestión de intereses de manera activa y, obviamente, correcta. Esto pasa por pensar que la corrupción nunca es el problema pues usualmente es la manifestación de algo que está detrás y que no queremos ver. Ese “algo detrás” es lo que precisamente hay que desincentivar. Por ejemplo, si hay corrupción en el sistema de justicia es porque, en algunos casos, los procesos no avanzan y se hace necesario que “aceitar” la máquina para que las cosas caminen. Entonces la incógnita en ese ejemplo es cómo hacer procesos más rápidos.
2. Enforcement: sin ejecución, la norma legal sancionatoria queda relativizada. Por eso si tenemos penas altas hay que aplicarlas, nada más. Esto pasa porque la comisión genere casos copiosamente y además se comprometa a llevarlos al éxito (cárcel y decomiso de patrimonio). No se trata de meter denuncias de manera desesperada o por cumplir, sino hacerlo dentro de una estrategia que golpee donde tiene que golpear. Desde luego, toda denuncia debe tener su correlato en un circuito imparcial de justicia anticorrupción debidamente encofrado.
3. Educación: que es la apuesta de la sostenibilidad en la lucha contra la corrupción. La incógnita residirá en cómo formamos mejores personas que no justifiquen ni toleren la corrupción. No solamente desde la niñez o la juventud, sino -principalmente- para nosotros los adultos. Educación entendida no solo como adquisición de conocimientos teóricos, sino también como lineamientos para un cambio de patrón o hábito de conducta.
Nada de esto, obviamente, va a funcionar sin la sagrada independencia de esta comisión. Independencia funcional que impida que algún régimen en lo sucesivo le sea fácil intervenir y modificar, por ejemplo, su estructura; e independencia económica para que sea impenetrable. Funcionarios estables y bien pagados determinan objetivos potentes y medibles.
Presidenta no crea usted que va poder luchar sola contra la corrupción. No le compete además porque para eso debe existir el contrapeso de poderes. El poder político ha sido elegido para gobernar y no para controlarse (menos para sancionarse). No escuche a quienes le vendan la ilusión de una lucha solitaria y heroica contra la corrupción. Uno no puede ser juez y parte. Por eso le pido hágase una, ya empieza un año y su mandato será breve. Busque una cita con la posteridad.
Lima, 28 de diciembre de 2022
Eduardo Herrera Velarde.
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