En los días recientes se publicaron en diario El Comercio dos artículos (titulados “No más combis políticas traferas” de Paula Muñoz del 23 de agosto y “Al son del dinero” de Fernando Tuesta del 27 de agosto) en el que se defiende el sistema de financiamiento público de partidos políticos.

Lo primero que se sostiene es que el financiamiento de campañas electorales es la ruta típica de conectar la política con la corrupción. Se responsabiliza así -como suele suceder en todo caso de corrupción- a todas las empresas por la actuación de una sola. Si una empresa actuó de manera no transparente -ojo, no necesariamente de forma corrupta- ¿eso determina que las demás también lo harán?

Fatalmente, hemos caído, desde hace algunos años, e

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Grande fue mi sorpresa al encontrar en el Diccionario de la RAE la palabra anticorrupción cuando estaba buscándole título a este artículo. Sin duda alguna es un reconocimiento a la realidad. La empresa de hoy, sin duda, mira al riesgo penal -y en particular a la anticorrupción- como algo más próximo.

Pero mi desconcierto es mayor aun cuando veo que los grandes programas de formación de hombres de empresa no incluyen -seguramente con algunas notorias excepciones- un acercamiento real al tópico con lo que, al parecer, se le da espalda a la realidad. Y es que el empresario desde hace muchos años ha decidido vivir de espaldas al riesgo. Insisto, en su mayoría.

No pretendo que el hombre/mujer de empresa se encuentre en condiciones de armar un programa anticorrupción. Solo basta, por el momento, que el empresario mi

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Varias han sido las reacciones respecto a la creación de los dos delitos titulados como corrupción entre privados, creados por el gobierno mediante Decreto Legislativo N° 1385.

Por un lado, se piensa que es una intromisión del Estado una relación estrictamente, valga la redundancia, privada (artículo 241-A). Entonces el cuestionamiento radica en por qué el Estado debería de inmiscuirse en algo que el mercado perfectamente debe y puede arreglar (¿será cierto que el mercado puede hacerlo solo?). Aunque siempre he sido contrario a la expedición de normas legales para intentar solucionar el problema, considero que esta norma puede ser inicio de una discusión que debe de involucrarnos a todos: la manera correcta de hacer negocios o, al menos, tratar de consensuar en que exista una manera correcta. Me preocupa, eso sí, qu

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¿Acaso existirá alguien con la potestad de decirle a otra persona que su conducta es mala o buena? ¿realmente alguien tendrá la llamada “autoridad moral”? Hay que gente que cree que esto es perfectamente posible y que se coloca en el lado, conveniente, del “club de los buenitos” (el diminutivo es propio).

Yendo a un asunto más terrenal, el del caso del club de la construcción, se trasluce uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad actual; definir qué es ético y, en contraposición, qué no lo es. Ojo, no estoy hablando de administración de Justicia porque eso ya tiene su camino en donde existen reglas -más o menos- claras y un proceso -más o menos- predecible. Por lo tanto, no debería depender el juzgamiento ético de un fallo judicial (sobre todo sabiendo lo feble de nuestro sistema).

Ent

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Imagínese un escenario. Su empresa contrata a un proveedor de servicios X. Mucho tiempo después de la contratación, a ese proveedor X le inician una investigación por lavado de activos.

Otro escenario. Su empresa contrata a un proveedor de transportes Y. Algunos meses después, uno de los vehículos de Y sufre un accidente con consecuencias personales (alguien fallece) cuando prestaba servicios para su empresa. La Fiscalía al empezar la investigación descubre que Y tiene todo un listado de accidentes con consecuencias personales.

Normalmente las empresas homologan proveedores y para esto tienen en cuenta aspectos como historial crediticio, cumplimiento con la administración tributaria e incluso, en tiempos más recientes, cumplimientos de seguridad y salud en el trabajo. Pero muy pocas, casi ninguna desde mi experi

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