El Decreto Legislativo Nº 1623, que modifica la Ley del IGV para incluir servicios digitales y bienes intangibles, introduce una serie de desafíos técnicos y operativos que podrían tener efectos contraproducentes en la economía digital del Perú. La definición ambigua de “servicios digitales” y la determinación de la “residencia habitual” del usuario mediante dirección IP o código de SIM son ejemplos de imprecisiones que podrían generar dificultades en la implementación. Estas definiciones no solo afectan la claridad normativa, sino que también pueden llevar a la imposición del IGV en situaciones en las que los servicios no se consumen realmente en el país, resultando en posibles dobles imposiciones y conflictos de jurisdicción.
Además, se impone una considerable carga administrativa a las empresas extranjeras que deberán actuar como agentes de retención o percepción del impuesto. Esta obligación podría ser particularmente onerosa para empresas pequeñas o medianas que carecen de la infraestructura necesaria para cumplir con estas nuevas exigencias. La implementación de sistemas de facturación y cobro adaptados a la normativa peruana no solo es compleja y costosa, sino que podría llevar a que las empresas decidan no operar en Perú, restringiendo así la oferta de servicios digitales en el mercado local y afectando negativamente a los consumidores.
El decreto también extiende sus exigencias a bancos y facilitadores de pago, quienes deben verificar el consumo de servicios en el país y actuar como agentes de retención o percepción en caso de incumplimiento por parte de los proveedores no domiciliados. Esto añade una capa adicional de complejidad operativa y podría derivar en costos adicionales que, en última instancia, podrían ser transferidos a los usuarios finales.
La afectación no se limita a plataformas de streaming, sino que también incluye servicios de intermediación como Uber, Mercado Libre, Amazon y eBay. Estos servicios, esenciales para la economía digital moderna, podrían volverse menos accesibles o más costosos, restringiendo la competitividad y la oferta en el mercado peruano. Además, la implementación de estas medidas en un ecosistema digital aún en desarrollo podría frenar su crecimiento, desincentivando la innovación y la inversión tanto de actores locales como extranjeros.
Por otro lado, el enfoque en la determinación de la residencia del usuario a través de métodos como la dirección IP y el código del SIM plantea preocupaciones significativas sobre la privacidad y seguridad de los datos personales. Estas prácticas podrían exponer a los usuarios a riesgos de vigilancia y ciberataques, al tiempo que imponen obligaciones adicionales sobre los proveedores para cumplir con normativas de protección de datos cada vez más estrictas.
El impacto económico no puede ser subestimado, ya que la carga tributaria adicional seguramente se trasladará a los consumidores, encareciendo el acceso a servicios digitales. Esto podría limitar el acceso a herramientas esenciales para la productividad y la educación en línea, sectores que son cada vez más relevantes en la economía global.
Finalmente, el ecosistema digital peruano, aún en crecimiento, podría verse seriamente afectado por estas medidas. La introducción de nuevas cargas impositivas y operativas puede desincentivar la participación de empresas en el mercado peruano, limitando las oportunidades de desarrollo tecnológico e innovación en el país. Este decreto, si bien busca modernizar la legislación tributaria, corre el riesgo de frenar el progreso en un área crucial para el futuro económico del Perú.
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