Diálogo a fondo

Fondo Monetario Internacional

El Salvador: Transición para elevar el crecimiento y reducir la deuda

Por Mario Garza y Bogdan Lissovolik

 

El Salvador ha logrado un gran avance en reducir la pobreza y la desigualdad del ingreso desde la crisis mundial de 2008–09. La pobreza se redujo del 40% de la población al 30% en los últimos cinco años, es decir, más de 600,000 personas ya no viven en condiciones de pobreza. Y los precios han sido estables, respaldados por el régimen de dolarización.

Sin embargo, la economía Salvadoreña ha crecido al ritmo más lento de toda Centroamérica; persisten elevados déficits fiscales y la deuda pública sigue aumentando. El nivel de deuda pública de El Salvador —que se ubicó en 60% del PIB en 2014— es el más alto de la región. Estas vulnerabilidades arriesgan la estabilidad macroeconómica y frenan el esfuerzo en elevar el nivel de vida de los salvadoreños. El principal desafío para El Salvador es, entonces, salir de la trampa de bajo crecimiento y elevado nivel de deuda.

 

Como se señala en nuestro reciente informe anual sobre El Salvador, para mejorar la economía del país se requiere de una estrategia con dos pilares: un ambicioso ajuste fiscal para reducir la deuda pública (con medidas de gasto para proteger a los pobres) y medidas de oferta para elevar el crecimiento y crear más empleo. El éxito de esta estrategia depende de un debate público activo, que incluya a todos los partidos políticos y a la sociedad salvadoreña, con el fin de definir los pasos a seguir para alcanzar ambos objetivos.

Estrategia para elevar el crecimiento

En los últimos cuatro años, la economía salvadoreña creció tan sólo 1.8% al año, ó sea 3 puntos porcentuales por debajo del crecimiento en el resto de Centroamérica. Con las políticas actuales, se prevé un leve aumento en el crecimiento —a 2–2¼% en 2014–15 y posiblemente a 2½% en 2016–18. Esta modesta senda de crecimiento no es suficiente para crear el empleo y mejorar el nivel de vida de la población al que aspira el gobierno. Además, con la debilidad del crecimiento, se prevé que el déficit fiscal se mantenga en un nivel inaceptablemente alto y aumente de manera continua, del 4% del PIB en los últimos cuatro años al 5½% en 2019. Esta combinación de bajo crecimiento y alto déficit fiscal elevaría la deuda pública por encima del 70% del PIB en 2019, limitando la capacidad fiscal para reducir aún más la desigualdad del ingreso y generando sustanciales riesgos de financiamiento para el gobierno.

Pero, estos resultados no son inevitables y existe una alternativa. La vigorosa y ambiciosa adopción de medidas por del lado de la oferta podría elevar el crecimiento de largo plazo a un nivel cercano al 3%, tal como prevé el gobierno. Este esfuerzo debe incluir acciones para alentar la inversión privada, mejorar la productividad y estimular la competitividad del sector exportador.

¿Cuáles deberían ser las prioridades? En la lista de medidas prioritarias deberían encontrarse las siguientes: promover la diversificación de la economía, simplificar los trámites para las empresas, mejorar la seguridad pública, reducir los costos de la energía y modernizar la infraestructura física. Para ampliar las oportunidades económicas y fomentar la inclusión social, se debe fortalecer la educación primaria, ampliar la cobertura de los programas de salud y reducir la informalidad en el mercado laboral. La adopción del plan de desarrollo del gobierno, junto con la donación de los Estados Unidos para inversión, FOMILENIO II, ofrece una base firme para avanzar con estas reformas esenciales.

Reducción de la deuda pública

El segundo pilar de esta ruta debe centrarse en reducir el desequilibrio fiscal y restablecer la sostenibilidad de la deuda. Afortunadamente, ya existe un amplio consenso social en este ámbito, aunque las opiniones difieren en cuanto al tamaño, el ritmo y la composición del ajuste fiscal requerido.

La solución conlleva, sin duda, a decisiones difíciles para la sociedad en su conjunto y nosotros no tenemos todas las respuestas— de hecho, será la sociedad salvadoreña y sus representantes políticos quienes respondan estas interrogantes. Sin embargo, pensamos que un ajuste gradual del 3½% del PIB distribuido a lo largo de 3 años permitirá reducir la deuda pública por debajo del 50% del PIB dentro de 10 años. Esta corrección limitaría considerablemente los riesgos fiscales y ayudaría a El Salvador a mantener el acceso al financiamiento de mercado en condiciones favorables. Este plan de ajuste fiscal es sin duda más ambicioso que el que se debatirá en la Asamblea Legislativa en los próximos meses, en el contexto del proyecto de ley de responsabilidad fiscal. Sin embargo creemos que dada la coyuntura mundial y los riesgos actuales, este es el momento de fijarse un objetivo más ambicioso.

La composición de las medidas de ingreso y gasto que generen este ajuste fiscal debe formar parte del debate público y decidirse en consulta con la sociedad salvadoreña. Afortunadamente, existen varias opciones. Por ejemplo, El Salvador podría alinear su sistema tributario con el de otros países de la región, elevando la tasa del impuesto al valor agregado y adoptando un impuesto a la propiedad. Una contribución importante podría venir de revertir la trayectoria ascendente de la masa salarial del gobierno y garantizar que todos los subsidios públicos se destinen a apoyar sólo a los pobres.

Aparte de este ajuste gradual, también es necesario elaborar un plan para reducir las cuantiosas obligaciones del sistema de pensiones (no financiadas) que hoy ascienden a más del 90% del PIB. Esto sin duda implicará tomar decisiones difíciles para elevar las contribuciones y reducir las prestaciones del sistema a lo largo del tiempo. Además, deberá combinarse con un esfuerzo para garantizar que los beneficios del sistema de pensiones cubran a toda la población.

Se abre una nueva oportunidad después de la elección para la asamblea legislativa de marzo próximo para que el gobierno actúe con astucia y decisión. De esta manera se garantizaría un futuro con mayor crecimiento y más oportunidades de empleo, mejores estándares de vida y un nivel de la deuda pública más seguro.

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