Por Roberto Cardarelli

(Versiones en English, Português)

Argentina es conocida como la tierra del tango, el Malbec y algunos de los mejores futbolistas del mundo. Pero Argentina también es famosa por albergar algunos de los paisajes más diversos y los puntos más extremos del mundo; desde los bosques subtropicales y las cataratas del Iguazú en el norte hasta los glaciares del Perito Moreno en el sur, y desde el punto más bajo en América del Sur (Laguna del Carbón) hasta la cima del continente (el cerro Aconcagua).

La economía argentina, tal como el paisaje del país, ha tendido a oscilar entre extremos. En el transcurso de los años se han registrado varias crisis económicas y financieras, incluida la de 2001, que dada su severidad es comparable con la Gran Depresión de Estados Unidos.

Al retornar a Argentina en septiembre de 2016 para realizar la primera evaluación económica en una década (conocida como Consulta del Artículo IV), el FMI encontró a las autoridades embarcadas en un ambicioso proceso de transición hacia una economía más estable y sostenible, una economía capaz de reducir a un mínimo el riesgo de que en el futuro el paisaje económico del país sufra fluctuaciones extremas.

Buen rumbo

Para comprender lo compleja que es la transición quizá convenga remontarse a diciembre de 2015, justo después de las elecciones que culminaron con la victoria sorpresiva de la coalición liderada por Mauricio Macri.

Para entonces, las reservas internacionales de Argentina estaban en un nivel bajísimo, el tipo de cambio estaba sumamente sobrevaluado, había un alto déficit fiscal que se financiaba principalmente con transferencias monetarias del banco central, la inflación era una de las más altas del mundo, los déficits comercial y en cuenta corriente estaban en aumento, existía una vasta red de barreras comerciales y restricciones cambiarias, la tasa de inversión era la más baja en América Latina, y el litigio de 10 años con los acreedores hold-out había cerrado el acceso a los mercados internacionales de capital. Las intervenciones generalizadas del gobierno habían debilitado gravemente las instituciones del país y socavado la credibilidad de los indicadores económicos y sociales elaborados por el organismo nacional de estadística.

Al nuevo gobierno no le quedaba más que empezar a rectificar los numerosos desequilibrios y distorsiones. Tras un año de gestión, los logros del gobierno son numerosos: desmantelamiento completo de los controles cambiarios, adopción de un régimen de metas de inflación con un tipo de cambio flotante, gestiones iniciales para fijar las tarifas de los servicios públicos en niveles más próximos a los precios internacionales, retorno exitoso a los mercados internacionales de capital tras la rápida solución de la controversia de 10 años con los acreedores hold-out, y mejoras notables en la gestión de gobierno. Una de las medidas adoptadas fue una reforma integral del organismo nacional de estadística, que culminó con la divulgación de nuevas estadísticas oficiales creíbles (y, por ende, el levantamiento de la declaración de censura a comienzos de noviembre). Por otro lado, las autoridades federales optaron por una estrategia cautelosa para combatir el déficit fiscal, basada en gran medida en una reducción muy gradual de los subsidios a la energía, en vista asimismo del debilitamiento de la economía (que ha estado contrayéndose desde el último trimestre de 2015).

Redondear la transición

Los logros de Argentina hasta la fecha son admirables, pero aún queda mucho por hacer para completar la transición hacia un entorno económico más estable y reanudar un crecimiento vigoroso, sostenido y equitativo, sin dejar de proteger a los pobres ante los inevitables costos del ajuste.

La evaluación económica de Argentina realizada por el FMI se centró en las prioridades de política que son fundamentales para seguir avanzando por la misma senda, y consta de tres recomendaciones principales:

• Los avances en la reducción del déficit fiscal deben continuar, a un ritmo acorde con la necesidad de reducir al mínimo el impacto en los más vulnerables, y deben basarse en la reasignación del gasto y la racionalización del sistema tributario. Es cierto que un ajuste fiscal más intenso en la etapa inicial rebajaría las tasas de interés, aliviaría las presiones sobre la moneda y reduciría el riesgo derivado de la dependencia excesiva del financiamiento externo, pero una serie de limitaciones económicas, sociales y políticas justifican una reducción gradual del déficit fiscal. Concretamente, la reducción del gasto público corriente, que se disparó en la última década, debería estimular la inversión pública en infraestructura y reducir los impuestos de las empresas y los hogares. La adopción de un marco fiscal a mediano plazo ayudaría a dotar de credibilidad al necesario reequilibramiento fiscal.
• El ritmo de desinflación debe seguir teniendo en cuenta los costos económicos que genera a corto plazo. Reducir la inflación a una cifra de un solo dígito es esencial para afianzar el crecimiento a largo plazo y reducir la pobreza, pero es probable que la orientación restrictiva de la política monetaria que es necesaria para forjar la reputación antiinflacionaria del banco central haga mella en el producto a corto plazo. Para contrarrestar ese efecto, el informe recomienda modificar la carta orgánica del banco central, limitando el mandato de la institución a la estabilidad de precios, y excluyendo la posibilidad de financiamiento del déficit fiscal.
• La reconstrucción de los cimientos del crecimiento exigirá reformas de gran alcance por el lado de la oferta. Esto incluye mejorar la calidad de la infraestructura, eliminar las barreras comerciales restantes, reformular las regulaciones de los servicios públicos, robustecer la eficiencia del mercado y la competencia en industrias clave del sector privado (incluido el de la energía), y seguir llevando adelante el exhaustivo plan anticorrupción del gobierno.

Los avances en todos estos frentes requerirán tiempo, perseverancia y agilidad política. Pero llevar a término la transición que se inició a finales de 2015 encierra la promesa de un nuevo paisaje económico en Argentina, un paisaje que permita mejorar significativamente los niveles de vida de la población.