Una de las principales coincidencias de los partidos políticos inmersos en el reciente proceso electoral fue la necesidad de hacer reformas en el Perú, no solo en el campo económico, sino especialmente en el institucional. Nadie duda de la necesidad de mejorar la educación, salud, acceso equitativo al poder judicial, etc. Y ello supone cambios profundos. Si todos estamos de acuerdo con la premisa anterior, entonces, ¿por qué no se hace? Existen varios aspectos a analizar.
En primer lugar, puede haber discrepancias en la “forma de hacer la reforma”. ¿Cómo mejoraría usted la educación estimado lector? ¿Y la seguridad ciudadana? Cada uno puede plantear “caminos” distintos. ¿No ha escuchado y a lo mejor se ha enfrascado en debates sobre la “forma”? ¿No ha escuchado a los taxistas referirse a distintas formas de arreglar el transporte en cualquier ciudad del Perú? ¿Acaso están de acuerdo en cómo hacerlo? La respuesta es negativa. Todos creen tener la razón, además de decir que es simple hacerlo.
En segundo lugar, cualquier reforma generará ganadores y perdedores. Imagine usted que se le encarga diseñar e implementar un plan de mejora del sector salud con el objetivo de lograr un acceso similar a una atención de salud de calidad para todos. ¿Qué haría? ¿Aumentaría los sueldos al personal médico? ¿Mejoraría la infraestructura? ¿Todo a la vez? Pregunte usted a los médicos, a las enfermeras, a los sufridos pacientes y es muy probable que encuentra respuestas diferentes. Tendrá que tomar en cuenta que si destina recursos a salud, entonces tendrá menos para otras “reformas”. Necesitará tener claro que no todos estarán conformes con su propuesta. Así los “perdedores” se opondrán mediante diversos mecanismos a su idea. En simple, podrá tener viabilidad técnica, pero no política (lo inverso también puede ocurrir: que sea políticamente viable, pero no desde el punto de vista técnico).
En tercer lugar, ¿cuándo implementar las reformas? Las experiencias de otros países (y del nuestro en el pasado), muestran al menos dos cosas: por un lado, deben hacerse al comienzo del gobierno y por otro, lo anterior significa que quien gane una elección debe tener un programa listo a aplicar y un equipo que pueda hacerlo desde el primer minuto. Aprovechar la “luna de miel” entre una nueva autoridad y los ciudadanos es crucial. Sin embargo, esto no pasa en el Perú. Cada candidato que gana una elección, suele implementar medidas diferentes de aquellas que propusieron en campaña y que fueron justamente aquellas que le permitieron ganar. Al “cambiar”, rápidamente pierde adherentes y cualquier intento de reforma se frustra.
El gobierno saliente tiene mucho de lo anterior. Técnicos de nivel en pocas carteras, pero que no ven que las medidas tienen un momento de aplicación. Lo que ocurrió con la recordada ley “pulpín” es un claro ejemplo de ello. Ya ni siquiera se discutía si era buena o mala, simplemente había, en opinión de muchos, que oponerse. ¿Por qué? Porque ahí descargaban sus discrepancias no solo con la ley, sino con todo el gobierno, que ciertamente no colaboró en nada para evitarlo. Lo mismo con varios intentos en otros campos, en que se tuvo que retroceder.
En política económica importa no solo el qué, sino el cómo y cuándo. Algo puede funcionar muy bien en la pizarra, pero choca contra otras restricciones cuando se va a la realidad. Y algo me queda claro: si no pasa el examen de la realidad, puede haber fallado el qué, el cómo y/o el cuándo.
Hacer reformas es difícil, pero necesario. Me parece que se necesita más docencia: explicar qué quiere hacer y por qué. ¿Por qué no se entiende que cuando algo se explica de buenas maneras y se aceptan puntos de vista distintos, la probabilidad de éxito aumenta? Ninguna medida, por buena que sea, funciona sin viabilidad política, es decir, sin ser aceptada por la mayoría de los involucrados en el proceso. ¿Tendrá el gobierno de PPK la “muñeca política” para hacerlo? Solo el tiempo lo dirá.
COMENTARIOS
Una de las más importantes asignaturas pendientes es el Gobierno Abierto, que implica la participación ciudadana y la apertura de datos. Ollanta fue uno de los primeros gobernantes en firmar la Carta de la Alianza por el Gobierno Abierto (iniciativa de Obama), pero el Perú es uno de los últimos en el mundo en esta materia. Sólo han abiertos sus datos los municipios de Miraflores y San Isidro, más un intento de la Presidencia del Gobierno (que no ha abierto todos sus datos). No cuento el SAT ni la Municipalidad de Lima, que lo hicieron durante la administración Villarán y los ha cerrado Castañeda. ¿Será porque la apertura de datos es un inconveniente para practicar la corrupción?
En seguridad: prohibir las lunas polarizadas y volver a cobrar los arbitrios con el recibo de luz, para contratar más serenos, personal en retiro con experiencia en inteligencia y poner camaras en todas las calles, asi se sabra donde se esconden los delincuentes. Para empezar.
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