El mercado de la política

Estamos en un año electoral. Y en la TV empiezan a desfilar a diario decenas, cientos, y pronto, literalmente, miles de personas (candidatos a regidores). Las intenciones son obvias: postular.

Lo que no es tan obvio son los propósitos de las postulaciones, especialmente en un país donde, en política, lo que no se hace, se olvida, lo que se hace mal, no se castiga, y lo que se promete, no necesariamente se cumple.

Las propuestas para mejorar este mercado, y lo presento así, porque lo es, pues tiene oferta y demanda y, como consecuencia, precios y cantidades, son realmente limitadas, en número y contenido. Más allá de la doble cámara o de la renovación por tercios, que atañen solamente al Congreso, que no tiene iniciativa de gasto, no existe nada de nada.

Y este es un mercado en donde el equilibrio es estático, es decir, ocurre ocasionalmente cada vez que se realizan elecciones. No es dinámico. Aquí no existe el "Presidente del Mes" ni el "Alcalde de la Semana". Sin embargo, esto responde a una lógica. Si no fuera así, con la creación de impuestos o con los aumentos de tasas impositivas, el mercado expulsaría ipso facto al "culpable".

Por eso es importante definir bien los plazos del ejercicio del poder. Sin duda, la realización de elecciones cuesta dinero, pero más dinero cuesta mantener en el poder a alguien que, por ejemplo, roba. Sin un Poder Judicial eficiente, los plazos de gobernar deben ser ineludiblemente cortos. De lo contrario, el tiempo extra es para "ampliar" la casa del alcalde.

Los precios en este mercado son los tributos que paga el ciudadano regularmente. Y estos precios sirven, hoy en día, para financiar actividades públicas por más de 25,000 millones de dólares, con lo cual, el presupuesto del Estado peruano es más grande que el PBI de Panamá (23,088 millones de dólares en 2008). Y como el presupuesto crece siempre, a pesar de tener más ciudadanos, las tasas de los tributos raramente bajan.

Lo que no me queda claro son las cantidades. Un Presidente de la República, si pues. Un Presidente del Consejo de Ministros, digamos que también. 16 Ministros, aquí ya empiezan las complicaciones. 26 Presidentes Regionales, me parece que sobran, como mínimo, dos pues tenemos 24 departamentos. ¿130 congresistas para 29 millones de habitantes? ¿1,834 alcaldes para 1.3 millones de kilómetros cuadrados?

En todo caso, cuando piensen en el tamaño del Estado, piensen en ustedes mismos. ¿Creen que "funcionarían" mejor con otro brazo, otra pierna, una oreja en la frente, un ojo en el codo o una lengua en la rodilla? ¿A más narices, más olfato? Si esto fuera cierto, el de la cabeza más grande sería sintomáticamente el genio de la clase y Jennifer Aniston viviría pensando en Quasimodo y no en Brad Pitt.

Entonces, si este es un mercado con millones de electores (demanda) y miles de cargos públicos (oferta), que presenta evidentes imperfecciones (funciona esporádicamente, los precios suben pero no bajan), ¿quién lo regula? ¿El mismo? ¿Un poder del Estado al otro? ¿120 congresistas a 17 Ministros, 26 Presidentes Regionales y 1,834 Alcaldes, sin contar Presidentes y Rectores de empresas y universidades públicas? ¿La Contraloría? ¿Con 1,080 empleados? Esto es, con 0.6 personas por alcalde, es decir, ¡la mitad de un empleado por municipio!

Ahora bien, lo anterior no supone contratar compulsivamente. A más gasto público, menos ahorro privado. Lo que les quiero decir es que en los tiempos de Montesquieu, el Estado no tenía tantos ángulos, curvas y esquinas como ahora, y los ciudadanos no tenían acceso a Internet. Y en la actualidad sí. Por lo tanto, es imprescindible reforzar el papel de la ciudadanía frente al Estado y no al revés, porque siempre habrá más población que autoridades.

Y si el tema es un mejor y menor gasto público para que la población disponga de más ingresos porque paga menos impuestos cuando el presupuesto de la república no crece si el Estado no engorda, entonces los jefes de administración y finanzas de las instituciones gubernamentales, "los que firman los cheques", bajo ninguna circunstancia, deben ser elegidos y contratados por el Ministro, Presidente Regional o Alcalde de turno. Estas funciones deben ser cumplidas fríamente por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).