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Cuando la confianza es vital: Los costos indirectos de la desconfianza

Este lunes, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) anunció que a más tardar a fin de año publicará la norma que simplificará el lenguaje de los contratos para los productos financieros de ahorro y crédito (y, de paso, los hará menos extensos). “Se está revisando el marco legal con el fin de eliminar las barreras que están impidiendo la inclusión financiera”, sostuvo Mariela Zaldívar, superintendente adjunta de Conducta de Mercado e Inclusión de la SBS. La nota reveló, además, que la SBS busca expandir el nivel de bancarización en el país, que hoy llega al 30% del PBI.

¿Por qué es importante la inclusión financiera? Según un reporte de Cull y otros del 2014, la inclusión financiera genera impactos positivos en tres diferentes niveles económicos. En un nivel microeconómico hay una relación positiva entre el empleo de diferentes productos financieros y la calidad de vida de sus usuarios, pues mejora la actividad económica local. En el nivel macroeconómico, existe una relación positiva entre la inclusión financiera y el crecimiento económico y el nivel de empleo. Finalmente, contribuye a la eficacia y eficiencia de los programas de transferencias monetarias del Estado, como Juntos, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de hogares en situación de pobreza y extrema pobreza.

Ahora bien, es importante considerar que tener una cuenta de ahorros no necesariamente motiva el ahorro o el uso de transacciones financieras. Esto lo comprobó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) que, en el 2012, reveló que la mitad de los beneficiarios del programa Juntos no sabía que poseía una cuenta de ahorros, a pesar de que estaba recibiendo sus pagos a través de esta. Más aún, la mayoría no tenía conocimiento de lo que era una tarjeta de débito o una tasa de interés. En consecuencia, para que esta inclusión realmente se dé, se requiere que los individuos hagan uso efectivo de los servicios financieros. Pero esto difícilmente sucederá si los potenciales usuarios no entienden el sistema. Así, como lo mencionan García y otros en un estudio del 2013, la educación financiera es no solo un complemento a los programas de transferencia monetaria directa, sino un requisito para mejorar su efectividad.

Para combatir este desconocimiento, otra institución que está haciendo esfuerzos significativos en educación financiera es el Centro de Estudios Financieros (CEFI) de Asbanc. Su labor es especialmente importante porque está haciendo bien las cosas: con línea de base y con evaluaciones de impacto para saber con certeza y a profundidad qué funciona y qué se debe mejorar.

Pero, todo este intento por bancarizar a más peruanos sufre un duro revés cuando salen a la luz hechos como el robo a beneficiarios de los programas sociales Juntos y Pensión 65 por más de dos millones y medio de soles, que comentamos en un post anterior (“Círculo vicioso”). ¿Cómo decirles a estos beneficiarios que parte de lo que puedan dejar de gastar lo ahorren en el banco y no bajo el colchón? Los costos indirectos de hechos delictivos como este son altísimos. No es solamente el costo de la plata que los beneficiarios no recibieron a tiempo; es el costo de la desconfianza que se genera en el sistema financiero en su conjunto. Por eso la importancia de una sanción para los responsables pero, también, de determinar qué controles verdaderamente tomamos como país para que hechos similares no se repitan.

Los programas de educación financiera tendrán real éxito solo si en paralelo se genera confianza entre los beneficiarios y el sistema bancario. 

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