En el año 2005, los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se comprometieron a desarrollar sistemas de financiamiento que garantizaran a sus ciudadanos el acceso a servicios de salud, con el objetivo de alcanzar la cobertura universal. Dado que los recursos económicos son siempre limitados, el reto consiste en optimizarlos de modo que se pueda ofrecer servicios básicos de salud a toda la población. En América Latina, cumplir este objetivo implica adicionalmente disminuir la desigualdad en el acceso a servicios de salud (Giedion, Tristao, Bitrán, & Cañón, 2014).
En el Perú, desde el 2009 existe una política de aseguramiento universal en salud (AUS) que ha mostrado avances importantes. De acuerdo con el padrón de la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud), en el 2012 el 55,5% de la población estaba asegurada, mientras que en el 2015 se llegó al 88,8%.
Sin embargo, es importante preguntarse quiénes conforman ese 11,2% restante y cómo incorporarlos al sistema. En el 2015, aproximadamente el 63% de la población asegurada estaba afiliada al Sistema Integral de Salud (SIS) y el 32% al Seguro Social de Salud (EsSalud)[1]. Es decir, el gran proveedor del servicio de salud en el Perú es el Estado, por lo que este servicio se brinda a poblaciones vulnerables que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema, así como a los trabajadores formales. Por otra parte, el porcentaje de no asegurados está conformado principalmente por trabajadores informales e independientes.
Un mecanismo para incorporarlos al sistema de salud son los microseguros, que ofrecen coberturas limitadas, pero con primas bastante accesibles. La fórmula ya utilizada en muchos países es la afiliación colectiva, que permite mitigar el riesgo que conlleva esta población, expuesta a condiciones de trabajo más inseguras (OMS, OPS, 1999). Además, es importante la búsqueda activa de afiliados, por ejemplo mediante alianzas con grupos de trabajadores o empresarios.
Un ejemplo interesante es el Center for Health Market Innoventions, institución que cuenta con 1505 programas de microseguros en 133 países. Entre los microseguros de salud más comunes están aquellos enfocados en maternidad, planificación familiar, VIH/SIDA, tuberculosis, malaria y nutrición. Muchos de estos programas se trabajan con empresarios de grandes, medianas y pequeñas empresas, de modo que se pueda asegurar a todos sus trabajadores, independientemente del vínculo laboral que tengan con la empresa. Sin embargo, muchos de estos seguros requieren de subvenciones para ser sostenibles.
Estas experiencias se sostienen en mecanismos de afiliación con montos fijos por persona, donde la única condición indispensable es el aseguramiento colectivo. Por ejemplo, Uplift Mutuals es la empresa de microseguros de salud más grande de la India y está focalizada en brindar seguros a mujeres con trabajos en el sector informal; entre los principales beneficios que ofrecen se encuentran las campañas de salud preventiva para ellas y sus hijos, mediante las cuales se acercan a sus establecimientos de trabajo con buses equipados para realizarles diversos exámenes de salud. Otro ejemplo importante es el de Hygeia Community Health Information System, que cuenta con redes para ofrecer seguros a los artesanos y pescadores de las zonas rurales de Nigeria.
En conclusión, lograr el AUS en nuestro país no pasa solo por optimizar el presupuesto asignado para ello, sino que debe centrarse en buscar alternativas para garantizar que los fondos asignados sean sostenibles. En este objetivo, los microseguros son una alternativa de afiliación colectiva que merece la pena ser evaluada.
[1] Cifras calculadas a partir del padrón de asegurados de SuSalud, 2015
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