 y obras por impuestos (OxI)?)
El déficit de infraestructura pública calculado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) para el periodo 2016-2025 asciende a US$ 159,549 millones. Esto no solo impacta negativamente en la productividad, la competitividad y el crecimiento del país, sino que impide reducir los niveles de pobreza.
Esta brecha responde, principalmente, a dos razones. En primer lugar, el Perú no cuenta con un Plan Nacional de Infraestructura que priorice sectores y regiones y que oriente estas inversiones en el mediano y largo plazo. En segundo lugar, persisten desafíos y cuellos de botella en el ciclo del proyecto de inversión pública, lo que limita la selección de iniciativas. Entre estas trabas podemos mencionar la deficiente calidad de los estudios de preinversión y de los expedientes técnicos, la escasa coordinación entre organismos formuladores, la atomización de las inversiones, y el descuido en la fase de operación y mantenimiento.
Frente a esta problemática, y como alternativas a la inversión pública tradicional, el Estado peruano ha querido fomentar mecanismos de inversión privada mediante los esquemas de asociaciones público-privadas (APP) y obras por impuestos (OxI). Según ProInversión, mientras las primeras son modalidades de participación de la inversión privada en la que se incorpora la experiencia y tecnología del sector privado con el objetivo de crear, mejorar o mantener infraestructura o servicios públicos; las segundas son mecanismos mediante los cuales la empresa privada financia y ejecuta proyectos de inversión pública priorizados, recuperando el monto total de la inversión con cargo a su impuesto a la renta de tercera categoría. La importancia de ambos mecanismos radicaría en que deberían ser más eficientes para cerrar las brechas en infraestructura y combatir las desigualdades en el acceso y la calidad de los servicios públicos. Además, permitirían introducir mejoras tecnológicas y administrativas y proveer una mejor asignación y mitigación de riesgos.
A pesar de las potenciales ventajas mencionadas, en el Perú estas modalidades enfrentan diversos desafíos. En relación a las APP, ProInversión muestra una evidente falta de liderazgo para sacar los proyectos adelante: las 14 iniciativas privadas cofinanciadas presentadas en las ventanas de 2013 y 2014 aún siguen en etapa de evaluación. La escasa coordinación entre ProInversión, el MEF y los respectivos sectores, los cambios en la normativa que afectan los estudios de preinversión y las demoras en los plazos de evaluación del Estado son algunas de las razones que explican estos retrasos.
Por el lado de las OxI, si bien entre los años 2010 y 2016 se realizaron más de 200 proyectos bajo este concepto, solo se han adjudicado y concluido obras por un monto de S/ 2,103 millones, de los S/ 149,972 millones disponibles para esta modalidad durante ese periodo. Es decir, se han desaprovechado más de S/ 145,000 millones. Queda claro que urge promover este mecanismo entre los Gobiernos regionales, los Gobiernos locales y las universidades a fin de que puedan utilizar de manera eficiente los recursos.
En este contexto, ¿qué proponen los planes de gobierno de Fuerza Popular (FP) y Peruanos Por el Kambio (PPK) en términos de APP y OxI?
El plan de gobierno de FP, en su apartado “Estado de gobernabilidad”, reconoce la existencia de una importante brecha de infraestructura, así como lo dilatados que son los procesos de formulación y ejecución de las APP. Señala que promoverán “la inversión en infraestructura pública mediante asociaciones público privadas, incluidas en un Plan de Desarrollo con visión de crecimiento a nivel de país”.
En relación a las OxI, FP menciona que revisará el marco legal y operativo de esta modalidad de inversión, a fin de que este “responda a una prioridad local avalada por el Plan de Desarrollo y la política de inversiones del Gobierno”.
Por su parte, el plan de gobierno de PPK señala que se evaluará y reformulará el proceso de las APP y se revisará el marco normativo y legal de este mecanismo. Asimismo, indica que incorporará en la estructura del MEF y de ProInversión “mecanismos de coordinación con los Gobiernos regionales a fin de fortalecer las capacidades en materia de inversiones”. En esa misma línea, manifiesta que fortalecerá las oficinas desconcentradas del MEF, descentralizará ProInversión y acelerará los proyectos de OxI introduciendo el concepto de “adelanto social” en la Ley N° 292303. Finalmente, resalta las tipologías de proyectos que promoverá durante su Gobierno: educativas, eléctricas y las relacionadas a la industria maderera.
Ninguno de los dos planes presenta un diagnóstico preciso de la situación actual ni propone medidas específicas para la promoción, formulación y ejecución de los proyectos de APP y OxI, con la celeridad requerida. En ese sentido, la agenda pendiente debería estar enfocada en diseñar el Plan Nacional de Infraestructura, promocionar los mecanismos de OxI y plantear las reglas de juego sectoriales para las iniciativas privadas cofinanciadas en el esquema de APP; en todos los casos, el liderazgo es clave.
Escrito en colaboración con Gisele León, Videnza Consultores
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