La desnutrición crónica infantil es una emergencia por los efectos dañinos que genera en el desarrollo de la capacidad física, intelectual, emocional y social de las personas. Su impacto es tal que, pasados los primeros 36 meses de vida, sus consecuencias son irreversibles.
En el Perú, según cifras del 2013, en promedio 2 de cada 10 niños menores de 5 años padecen de desnutrición crónica infantil. En zonas rurales, esta proporción se incrementa a 3 de cada 10. Esta condición de vulnerabilidad genera mayor probabilidad de contraer infecciones tales como las enfermedades diarreicas agudas, segunda mayor causa de muerte de niños menores de cinco años según la Organización Mundial de la Salud. La falta de acceso a agua de calidad y de saneamiento básico potencian su aparición (UNICEF, 2013) y perpetúan las condiciones de desnutrición crónica infantil y de pobreza de la población más indefensa. La buena noticia es que esta situación puede revertirse con intervenciones relativamente sencillas que mejoren la prestación de servicios de saneamiento, lo que implica brindar servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, y disposición sanitaria de excretas en condiciones de calidad.
En nuestro país, entre los años 2008 y 2013 la cobertura de agua aumentó de 76% a 80% a nivel nacional, y de 54% a 69% a nivel rural. Sin embargo, lo importante es el acceso a agua potable, cobertura que en zonas urbanas llega al 40% de la población, pero que en zonas rurales cubre únicamente al 1.4%. En cuanto al saneamiento, en ese mismo periodo la cobertura pasó de 63% a 72% a nivel nacional, y de 23% a 31% a nivel rural. Queda claro que, aunque se ha avanzado, la brecha es aún significativa.
Otro aspecto crucial tiene que ver con la operación y el mantenimiento de estos servicios. En las zonas urbanas, estos recaen en las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS). Todas ellas están endeudadas y carecen de los recursos financieros necesarios para cubrir sus márgenes operativos, lo que genera serios problemas de sostenibilidad (MVCS, 2016). En el ámbito rural están las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), constituidas por voluntarios de las comunidades locales. En promedio, la cuota mensual familiar que cobran es de S/ 0.76, monto que no permite asegurar la calidad y sostenibilidad de la prestación de los servicios.
¿Qué proponen en materia de agua y saneamiento los dos partidos actualmente en contienda para ocupar el sillón presidencial? Tras analizar ambos planes de gobierno, vemos que la propuesta de Peruanos por el Kambio (PPK) está mejor desarrollada y es más integral, pues tiene como meta alcanzar la cobertura universal de los servicios de agua potable y saneamiento en los ámbitos urbano y rural en el 2021. Esto se ejecutaría con el programa “Agua Limpia” y la promoción de sistemas de abastecimiento de agua no tradicionales en zonas rurales y periurbanas. El planteamiento incluye, además, modernizar la administración de los servicios de agua y saneamiento mediante el rescate de las EPS en crisis, ampliar la asistencia a las JASS, agilizar la inversión pública en agua y saneamiento e implementar sistemas de monitoreo y control de calidad. Asimismo, propone reducir la contaminación de cuerpos de agua natural por desagües domésticos, articular los planes de agua y saneamiento con la política de vivienda y concluir el Sistema Nacional de Información sobre los Recursos Hídricos, entre otras medidas.
La propuesta de Fuerza Popular es menos precisa. Plantea, de forma general, implementar Unidades de Gestión de Servicios y Procesos (UGSP) que tendrán a su cargo la identificación de las prioridades del Estado relacionadas con los servicios. Asimismo, propone descentralizar la construcción de infraestructura adecuada para ampliar los servicios de agua tratada mediante contratos de concesión cofinanciada, iniciativas que se enfocan principalmente en las zonas urbanas, cuando la real brecha está en el ámbito rural.
Ampliar la cobertura y cerrar las brechas en la prestación de servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles es un reto que urge ser atendido. Su solución no pasa por las políticas públicas convencionales enfocadas únicamente en infraestructura. Necesitamos políticas innovadoras, multisectoriales e integrales que, tomando en cuenta la complejidad geográfica y la heterogeneidad de nuestro país, aborden las necesidades específicas de cada localidad. Requerimos de un nuevo y moderno modelo de gestión que permita asegurar la calidad y sostenibilidad de la prestación del servicio, para lo cual se debe involucrar a los diferentes niveles de gobierno y al sector privado. Complementariamente, se debe incidir en mensajes de promoción de una vida saludable tanto en las comunidades urbanas y rurales, como en las escuelas. Algo tan sencillo como el correcto lavado de manos disminuye de manera considerable la incidencia de enfermedades diarreicas agudas (Minsa, 2014). Acabar con la desnutrición crónica infantil es una tarea que nos compete a todos, pero que solo será posible con sistemas de agua potable y saneamiento adecuados.
En colaboración con Yesenia Puga, Videnza Consultores
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