El ejercicio regulador del Estado, que abarca todos los niveles de gobierno, es siempre un tema de agenda relevante en cualquier periodo gubernamental. Más aún hoy, cuando el Poder Ejecutivo acaba de aprobar 112 leyes bajo la forma de Decretos Legislativos y el país se debate entre facilitar la inversión y endurecer los controles para prevenir la corrupción.
El rol regulador del Estado es uno de los principios que involucra a la economía social de mercado establecida en el artículo 58 de nuestra Carta Magna y se expresa de varias formas, desde el establecimiento tarifario reservado a los servicios públicos hasta la generación de barreras de entrada y salida que determinan el tamaño de los mercados, estándares de calidad, el ejercicio sancionador y la información al ciudadano.
Lejos de ser un ejercicio puramente normativo e inconexo, se trata de un cuidadoso diseño que combina los campos económico y jurídico guiados por objetivos definidos en función de lograr que la economía genere eficiencia, reduzca sus fallos y, al mismo tiempo, promueva la equidad. Sin embargo, la actividad gubernamental también tiene fallos que influyen en el diseño y la implementación de las políticas públicas en general y en la regulación en particular.
Considerando que el Perú está en camino de incorporarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se incluyó en el Programa País la necesidad de realizar estudios sobre la política regulatoria del Estado y de implementar el análisis de impacto regulatorio (RIA, por sus siglas en inglés). Del mismo modo, durante el último quinquenio uno de los objetivos de la línea estratégica de facilitación de negocios en el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización ha sido la implementación del RIA y la calidad regulatoria.
En ese mismo sentido, el Consejo sobre Política y Gobernanza Regulatoria de la OCDE recomienda, entre otros, cinco puntos que los países miembros deben tomar en consideración para asegurar la calidad regulatoria: 1) Establecer mecanismos e instituciones para supervisar activamente los procedimientos y objetivos de la política regulatoria; 2) Integrar la evaluación de impacto regulatorio (RIA) al proceso de diseño de políticas públicas para formular proyectos regulatorios nuevos; 3) Revisar de forma sistemática el inventario de regulación; 4) Publicar de manera periódica informes acerca del desempeño de la política regulatoria y los programas de reforma, y 5) Aplicar la gestión de riesgos al diseño y la implementación de las regulaciones.
Ya en agosto del 2016, la OCDE y el Ministerio de Economía y Finanzas presentaron el estudio titulado “Política regulatoria del Perú”, desarrollado por el Comité de Política Regulatoria y el Directorado de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la OCDE. Entre sus principales hallazgos se mencionan que, pese al notable desempeño macroeconómico que el Perú ha mostrado en la última década, en el campo regulatorio se evidencia la carencia de una política regulatoria de gobierno integral; la dispersión en los programas y estrategias de política regulatoria dentro de varios ministerios, agencias u oficinas de un ministerio; la ausencia de un sistema formal para evaluar las propuestas de regulación y las regulaciones que están sujetas a modificaciones; y la necesidad de desarrollar una política regulatoria para Gobiernos subnacionales y de fortalecer la coordinación entre los niveles del Gobierno central y los Gobiernos subnacionales.
Estos hallazgos, lejos de ser desalentadores, se convierten en una herramienta que traza una ruta clara en el desarrollo de una política regulatoria nacional. Plantea, primero, la necesidad de implementar la evaluación de impacto regulatorio y la regulación basada en riesgos como una obligación para las entidades que emiten normas que afectan la producción de bienes y servicios públicos o privados. Segundo, la obligatoriedad para que estas entidades transparenten los criterios con los que elaboran la regulación y aprueben anualmente planes de regulación y desregulación. Tercero, la creación de una agencia, dirección general o consejo nacional que pueda hacer la evaluación y el seguimiento a la regulación nacional y subnacional, realizando la coordinación con los Gobiernos subnacionales en el estilo de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) de México, la Office of Best Practice Regulation (OBPR) de Australia y la Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA) de Estados Unidos.
El Perú se encuentra ad portas del bicentenario y puede llegar él encaminado como una nación con estándares claros de gobierno y con reglas predictibles que permitan asegurarles a los ciudadanos bienes y servicios de calidad. Un reto que, seguramente, todas las fuerzas políticas del país no dejarían de apoyar.
Hernán Ramos Romero
Investigador principal de Videnza Consultores
COMENTARIOS
Nuestro país esta infectado por un mal endémico “la corrupción”, esta problemática tiene una primera solución simple: Todas las instancias gubernamentales cuentan con un Portal Electrónico y es tan simple escanear y subir a las redes los CONTRATOS suscritos los mismos que pueden ser objeto de fiscalización ciudadana al segundo, beneficio se evita ritualismos procedimentales
Se debe establecer que la sanción aplicable a las autoridades y/o funcionarios en caso de incumplimiento es la destitusión, despido, etc; creen ustedes que alguien incumplirá sus obligaciones?
Implementen esta norma y luego legislen y regulen situaciones o hechos no contemplados
Aprovecho tu comentario para añadir una idea más a la discusión. En efecto, hoy el país se encuentra inmerso en un escándalo de corrupción de alto nivel. ¿Cómo puede la calidad regulatoria y la regulación basada en riesgos prevenir estos problemas? Es precisamente la gestión de riesgos la que nos ofrece un acercamiento importante. Uno de los riesgos que se deben identificar es el riesgo reputacional. Un Gobierno tiene que construir y gestionar su reputación, en el sentido que los ciudadanos tengan confianza en las decisiones, políticas, regulaciones, contratos y otras actividades que el Gobierno realiza.
La regulación basada en riesgos implica, desde ese punto de vista, la necesidad de tener presente todos los posibles efectos de una decisión política y los diferentes tipos de riesgos para definir luego si son aceptables, si se deben mitigar o incluso rechazar.
Reducir procedimientos, por ejemplo, puede impactar directamente en tener más productos en el mercado con un incremento de la competencia, pero incrementa también el riesgo del ingreso de productos adulterados, defectuoso o peligrosos. Por esta razón, el control posterior tendría que fortalecerse con mayores recursos para la fiscalización, mejores sistemas de información y sanciones más severas que expresen a la ciudadanía un sentido de confianza acerca de las decisiones políticas.
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