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¿Políticas públicas sin sociedad civil?

Cuando hablamos de políticas públicas, la atención se centra casi inmediatamente en las acciones que debe llevar a cabo el Gobierno para lograr el bienestar de la sociedad. Sin embargo, aquellas organizadas por otros actores —como la sociedad civil— pueden ayudar a complementar la labor del Estado y a sacar adelante estas políticas. Por ejemplo, frente a la violencia contra la mujer vemos cómo, desde el año 1993, según ha declarado la actual ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, existen “políticas del Estado para enfrentar esa problemática”. Claramente, estas medidas no han tenido efecto —como tampoco probablemente lo tendrá la anunciada “comisión de emergencia”—, y es la sociedad civil la que reclama un cambio de patrones culturales. 

La sociedad civil incluye a todas aquellas organizaciones y redes que se ubican fuera del aparato estatal formal: ONG, grupos de afectados, asociaciones profesionales, cámaras de comercio, organizaciones religiosas, instituciones académicas, sociedades culturales, entre otras. Su trabajo nace de la motivación por el interés público y no del beneficio personal. De allí su preocupación por temas como los derechos humanos, la salud, la educación y la lucha contra la corrupción.

Una sociedad civil fuerte y organizada tiene más capacidad y autonomía para exigir el cumplimiento de sus derechos, puede promover cambios y asegurar la correcta inversión de los fondos públicos, la adecuada implementación de las políticas estatales y la incorporación de cuestiones básicas como interculturalidad y género en las agendas y los planes del Estado. Es más, su participación es reconocida en el marco normativo nacional y regional: la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en su artículo 17, la incluye como parte de los principales actores con los cuales coordinar las políticas nacionales y sectoriales del Gobierno central. Y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales promueve su participación en la fiscalización de la gestión administrativa regional, cumplimiento de las normas, los planes regionales y la calidad de los servicios.

Sin embargo, la participación de la sociedad civil también enfrenta retos: al estar fragmentada, sus representantes no necesariamente llevan la voz colegiada de sus miembros, y su participación es predominantemente voluntaria, por lo que deben compartir sus actividades de representación con su trabajo. Además, pueden tener posiciones contrapuestas frente a un mismo tema, como es el caso de la inclusión del enfoque de género en el currículo nacional.

En un mundo cada vez más interconectado, ¿qué mecanismos podemos emplear para fomentar la participación de la ciudadanía en el desarrollo de un país? Por ejemplo, ¿puede la tecnología promover Gobiernos más inteligentes y participativos? Un análisis interesante lo encontramos en el libro “Civic Tech: Assessing Technology for the Public Good”, del Banco Mundial (2017). Estudia el uso de 23 plataformas digitales diseñadas para aumentar la participación de los ciudadanos y mejorar la prestación de servicios.

Los autores plantean dos preguntas centrales: ¿la tecnología facilita la participación de los individuos que están habitualmente excluidos? En otras palabras: ¿fortalece aún más a las personas que ya están empoderadas? Y la segunda pregunta se refiere a la capacidad de respuesta del Gobierno, pues contestar hoy es más difícil que nunca dada la avalancha de información. Estas dos interrogantes son un punto de partida interesante para discutir y lanzar propuestas, pues debemos tener claro que, como sociedad civil, podemos impactar directamente en nuestro desarrollo. Los verdaderos cambios sociales los impulsamos todos nosotros.

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