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Heridas que perpetúan el maltrato

Niños, niñas y adolescentes peruanos crecen en situación de vulnerabilidad por sufrir de maltratos en sus entornos. Según estadísticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el año 2018 los Centros de Emergencia Mujer (CEM) atendieron 41,809 casos de violencia contra ellos. De este total, 18% fueron a niños de 0 a 5 años, 39% a niños de entre 6 y 11 años, y el 43% restante a adolescentes de hasta 17 años.

Más alarmante aún: estas cifras representan un aumento del 36% respecto de los casos atendidos en el 2017. Asimismo, la incidencia fue mayor en las mujeres (65%) y el principal tipo de violencia atendido fue el psicológico (45%). Cabe precisar que los CEM son centros de servicios públicos para víctimas de violencia familiar o sexual donde se brinda orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el maltrato infantil como cualquier tipo de acción que daña la salud, el desarrollo o la dignidad del niño, como maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual o negligencia. En el Perú, la Ley 30403 —aprobada en el 2015 y reglamentada tres años después— prohíbe el castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes, al margen de dónde este se desarrolle: el hogar, la institución educativa, la comunidad o lugares afines. Estas definiciones abarcan desde gritos, palmadas o jalones de oreja, hasta casos de violencia sexual o trata de niños.

Entonces, cuando los padres o cuidadores corrigen a los niños con gritos, amenazas o indiferencia, los están maltratando. Cuando les jalan el cabello o les pegan con la mano u otro elemento, los están maltratando. Cuando no les ponen límites, los están maltratando. Cuando permiten que presencien violencia entre los padres o son expuestos a otros peligros, los están maltratando.

Lo anterior se evidencia en la Encuesta Demográfica y de Salud Familia (ENDES) del 2017, que recogió información acerca de la violencia familiar contra las mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años de edad). En dicho sondeo, el 59% de las entrevistadas reportó que sus padres las golpeaban como forma de castigo, y el 43% que recibía una reprimenda verbal. Asimismo, de aquellas con hijos menores de 5 años, el 42% respondió que los corrigen principalmente hablándoles y explicándoles su conducta. Sin embargo, el 60% aplican la reprimenda verbal, el 34% les prohíben algo que les gusta, el 8% emplean golpes o castigos físicos, y el 13% apelan a palmadas.

¿Qué nos revelan estas cifras? Que las madres (y los padres) de hoy crecieron en medio de gritos y castigos físicos y, aunque en menor proporción, los aplican a sus hijos. Fuimos maltratados y repetimos el ciclo porque adoptamos prácticas normalizadas. De hecho, el 36% de las personas mayores a 18 años encuestadas en la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (Enares) del 2015 dijo estar de acuerdo con la aplicación del castigo físico si los hijos se meten en problemas, mienten con frecuencia o cogen algo que no les pertenece. Asimismo, el 24,5% coincidió en que los padres deben castigar físicamente a sus hijas o hijos si salen de casa sin su permiso o si llegan tarde. Un dato alentador, sin embargo, es que, en términos generales, la aceptación del castigo físico se redujo en 4 puntos porcentuales respecto a los resultados del 2013.

Además de generar estrés y sufrimiento inmediato en los niños, el maltrato infantil puede tener efectos a largo plazo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los adultos que lo han sufrido presentan mayor riesgo de cometer o sufrir actos de violencia, caer en depresión, presentar obesidad y comportamientos sexuales de alto riesgo, tener embarazos no deseados y consumir tabaco, alcohol y drogas. A su vez, esto contribuye a un mayor riesgo de padecer enfermedades del corazón, cáncer e infecciones de transmisión sexual, e incrementa el riesgo de suicidio. Todo lo anterior tiene claros impactos en términos económicos: atender estas secuelas genera un mayor gasto en salud y en programas para la infancia. Estas, a su vez, reducen la productividad de los afectados.

Para ser una sociedad que garantice los derechos de niños, niñas y adolescentes requerimos un cambio de paradigma desde la política nacional hasta los hogares y las instituciones educativas. Es necesario diseñar e implementar una red de protección que involucre acciones intersectoriales cuyo objetivo sea garantizar buenos tratos a la infancia y la adolescencia a nivel nacional y que permitan responder oportuna y adecuadamente frente a casos que requieran atención. Esta política debe ajustarse a la realidad que viven los niños, e incorporar a actores de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) y a la comunidad en su conjunto. Además, para romper la cadena del maltrato, padres, madres, tutores y el personal directivo y docente de las instituciones educativas deben acceder a información que promueva los buenos tratos y que puedan aplicar diariamente.

Nos toca, a todos, ser parte del cambio.

Por Claudia Zavaleta, analista senior de Videnza Consultores

Ilustración: Jose Antonio Rojas / Videnza Consultores

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