El sector forestal es uno de los motores “apagados” de la economía peruana que es recurrentemente mencionado cuando se discute planes de desarrollo elaborados por distintos Gobiernos —por ejemplo, el Plan de Diversificación Productiva o el más reciente Plan Nacional de Competitividad y Productividad—. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en su informe “Repensando las concesiones forestales”, la explotación de madera mediante concesiones forestales puede traer consigo importantes beneficios económicos y sociales a las poblaciones locales, como el aumento de puestos de trabajo.
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) estima que la contribución de este sector al producto bruto interno (PBI) peruano es de 0.17%, pero que podría ser de hasta 5% de darse las condiciones necesarias en los próximos 15 años.
Hace dos décadas, el Perú apostó por desarrollar el modelo de concesiones forestales para la explotación de bosques de producción permanente (BPP) con fines maderables. De las casi 69 millones de hectáreas de bosques tropicales que existen en el Perú, a junio del 2019 11 millones habían sido entregadas para ser explotadas bajo la modalidad de concesiones maderables. De ellas, solo 6 millones están vigentes; el resto ya caducaron, están en plan de cierre o han cometido infracciones a la Ley Forestal. En muchos de estos casos, la entrega al concesionario se dio sin considerar si tenía suficiente respaldo financiero o técnico, lo que generó que fueran mal gestionadas u olvidadas.
Recientemente, un equipo de Videnza Consultores realizó un estudio de evaluación económica de las concesiones forestales en el Perú a solicitud del Serfor y del Servicio Forestal de los Estados Unidos, US Forest. Se hicieron evaluaciones de gabinete y visitas de campo en Loreto, Madre de Dios y Ucayali. Los principales hallazgos del estudio reflejan la necesidad de mejorar sustantivamente el modelo de gestión de las concesiones para lograr su sostenibilidad financiera y ambiental.
Específicamente, las conclusiones fueron: (i) el tamaño de las concesiones debe ser lo suficientemente grande para justificar costos que garantizan sostenibilidad —idea también respaldada por reportes de la FAO—; (ii) el tiempo de las concesiones no debería ser inferior a 40 años, para garantizar ciclos productivos que permitan la regeneración natural del bosque; (iii) debe exigirse que los concesionarios sean empresas constituidas con experiencia relevante y que cuenten con capacidad técnica y financiera para explotar de manera sostenible las concesiones; (iv) las concesiones deben realizar el primer nivel de transformación en la parcela para evitar el comercio de madera en pie y, finalmente, iv) se debe tener en cuenta las particularidades de cada región de la selva, con sus propios retos y complejidades.
El desafío del Serfor como ente rector del sector forestal es propiciar, a través de las modificaciones normativas que correspondan, que las futuras subastas de concesiones forestales a ser realizadas por los Gobiernos regionales recojan las lecciones aprendidas de los últimos 20 años.
Realizado por: Milton von Hesse y Verónica Tello, director y analista de Videnza Consultores, respectivamente
COMENTARIOS
Desde sus inicios (2003) a la fecha, las concesiones forestales y los BPP están siendo sometidos a una fuerte presión antrópica (invasión, deforestación, quema, creación de caseríos, tráfico de tierras forestales, cultivos ilícitos, etc.) dentro de ellas. Al respecto se hace poco o nada, con la finalidad de controlar, revertir y evitar este problema, los concesionarios forestales están solos y el Estado brilla por su ausencia.
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