Evidencia para la gestión

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Huaico de diagnósticos, sequía de estrategias

Sabemos que con el verano llegan los huaicos. En lo que va del año, solo en Arequipa las intensas lluvias dañaron más de 470 viviendas, además de alcantarillas y carreteras. En Cusco se reportaron cinco fallecidos y más de 300 familias han perdido sus viviendas. En Puno, los fallecidos suman 15, aunque al cierre de esta nota había 25 desaparecidos. Cifras parecidas se repiten en Moquegua, Tacna, Ayacucho, Junín, Áncash y Pasco.

En noviembre último, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) estimó que 1.7 millones de habitantes están expuestos a riesgo muy alto e igual número a riesgo alto por inundaciones, deslizamientos y huaicos. En enero, el pronóstico de exposición de muy alto riesgo aumentó a 3.8 millones de habitantes y el de alto riesgo, a 4 millones de habitantes distribuidos en 20 departamentos del país. El CENEPRED también alertó a las autoridades sobre lluvias superiores a las condiciones normales.

Teniendo el diagnóstico claro, ¿por qué somos tan ineficientes en prevenir y tratar estos eventos?

En el 2011 se aprobó la Ley Nº 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), pero esta no hace referencia a riesgos que tienen una continuidad marcada como los huaicos. Lo mismo sucede con la Ley N° 30191, aprobada en el 2014: establece medidas para la prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre, pero no incluye una estrategia para riesgos recurrentes como los huaicos.

Otros países, como Chile, por ejemplo, cuentan con una Política Nacional en Gestión del Riesgo de Desastres y con un Plan Específico de Emergencia por Variable de Riesgo. Ante los huaicos, este último establece acciones específicas y diferenciadas para territorios acotados y según la recurrencia de estos eventos. Además, existe un Plan de Emergencia específico por cada región y por cada desastre natural que afecta al país. En nuestro país se hace indispensable planificar y aplicar estrategias de prevención diferenciadas por tipo de eventos. Una sola talla no le calza a todo el Perú, con su enorme variedad de regiones y necesidades.

Más aun, la ejecución presupuestal de proyectos de prevención es deficiente en los tres niveles de gobierno: central, regional y local. A noviembre del 2019 solo se había ejecutado el 32% del presupuesto para proyectos vinculados a la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres a nivel nacional, y el 26,3% a nivel regional. Al final del año, el porcentaje de ejecución total alcanzó el 66.7%.

Dadas estos aspectos por mejorar, conviene echar un vistazo a experiencias internacionales de éxito vinculadas a deslizamientos de tierras. Por ejemplo, en Colombia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y los Gobiernos locales implementaron un programa donde un grupo específico en cada comunidad era responsable de mantener la infraestructura para estabilizar la ladera de la montaña y compartir información para evitar que las familias se instalen en zonas de alto riesgo. Los resultados permitieron disminuir pérdidas humanas,  económicas y de degradación ambiental.

Por su parte, en Sri Lanka se identificaron las zonas proclives a tener deslizamientos. Con esta información, las autoridades de los distritos en zona de riesgo implementaron nuevos permisos de edificación que consideran el riesgo de deslizamiento de tierras. El objetivo es evitar que más personas sitúen sus viviendas en zonas riesgosas.

Teniendo ya identificadas las zonas vulnerables en nuestro país, requerimos de decisión política para implementar estrategias efectivas de tratamiento y prevención diferenciadas por riesgo y por región. Tomemos como base experiencias de los países a los que sus estrategias le funcionan mejor. No tenemos que inventar la rueda, pero sí poner el auto en marcha.

Realizado por Janice Seinfeld y María Alejandra Ormeño, directora ejecutiva y analista de Videnza Consultores, respectivamente.

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