La pandemia por la COVID-19 hizo evidente que es necesario incorporar la tecnología en los servicios públicos. Sin embargo, no todos los peruanos estamos en las mismas condiciones para acceder y disfrutar de ella.
A esta disparidad se la llama “brecha digital”. En la década de 1990, se la definió como la diferencia en el acceso físico a hardware, software e internet. Con el cambio de siglo, se introdujo el término “brecha digital de segundo nivel”. Alude no sólo a las diferencias en el acceso físico, sino también a la disparidad en las habilidades necesarias para el uso y apropiación total de la tecnología.
La brecha de acceso físico se resuelve dotando de electrificación, internet y dispositivos tecnológicos. En cambio, la solución de la brecha de segundo nivel es más compleja, pues los resultados se ven a largo plazo, y requiere cambios profundos en el sistema educativo. Las acciones inmediatas que se pueden tomar son capacitar en el uso de las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) a la población; y generar espacios de interacción rutinarios con estas, tales como la oferta de servicios digitales. En este contexto, las políticas públicas orientadas al cierre de la brecha digital deben diseñarse de manera multidimensional considerando aspectos tecnológicos, económicos, educativos, sociales y culturales.
En Perú, pensar en resolver la brecha digital de segundo nivel resulta distante, cuando ni siquiera se ha logrado cerrar las brechas de acceso a la electrificación e internet en los hogares. En 2019, el 93% de los hogares peruanos contaba con acceso al servicio de energía eléctrica mediante red pública. Consecuentemente, el acceso a internet es mucho más bajo: tan solo el 36% de los hogares. La situación es más preocupante en zonas rurales, donde las cifras llegan a 79% y 5%, respectivamente.
De todas formas, se vienen dando esfuerzos que podrían ayudar al cierre de la brecha de segundo nivel. En términos de nuestro marco normativo, se reconoce que la brecha contempla dicho segundo nivel, con la Agenda Digital Peruana (2005). Además, destaca la promulgación de la Ley de Gobierno Digital en 2018, la creación del Sistema Nacional de Transformación Digital y la publicación de la Agenda Digital al Bicentenario, ambas en 2020. En ese marco, se han logrado avances en servicios digitales como la implementación de la plataforma Gob.pe, Firmas y Certificados Digitales, DNI electrónico, la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) electrónica, y la mesa de partes electrónica.
En marzo de 2020, cuando se decretó la primera cuarentena total, tanto el sector público como el privado llamaron la atención sobre la necesidad del cierre de la brecha digital. A poco más de un año de ello, ¿cómo podemos acelerar este proceso?
Para empezar, es necesario que los sectores definan qué servicios digitales pueden brindar en el marco de sus competencias y que los prioricen como parte de sus inversiones.
El sistema de inversiones públicas —Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe)— establece como uno de sus principios rectores que el financiamiento público de las inversiones esté vinculado a la prestación eficiente de los servicios y la dotación de las infraestructuras necesarias para el desarrollo del país, con un enfoque territorial.
En este contexto, se exige que cada sector establezca indicadores de brechas, con sus respectivos diagnósticos y criterios de priorización y, sobre esa base, elaborar carteras de proyectos de inversión. Así, para poder realizar obras públicas, los sectores deben formular sus proyectos con el objetivo de cerrar dichas brechas priorizadas. Sin embargo, los indicadores priorizados no necesariamente son congruentes con el cierre de la brecha digital. Más aún, se sigue pensando en lo digital como complemento a los servicios, mas no como un servicio en sí.
Tal es el caso en salud y educación, cuyos indicadores de brecha priorizados se enfocan principalmente en infraestructura. Si bien en salud se prioriza el cierre de una brecha relacionada a sistemas de información que permitirá masificar la historia clínica electrónica, las alternativas para implementar el servicio de telesalud son más limitadas. En educación, los indicadores se refieren principalmente a infraestructura inadecuada, con lo que resulta difícil realizar inversiones que fortalezcan el uso de tecnologías en la educación, como brindar el servicio a distancia, por ejemplo.
Por lo tanto, los sectores deben cambiar paradigmas como que los servicios públicos solo se pueden dar de manera presencial, o que la tecnología solo es una herramienta de soporte, y comenzar a priorizar la provisión de servicios digitales.
No nos podemos olvidar de que, en la medida que no se solucione la brecha digital de primer nivel, la población no podrá aprovechar la tecnología en su máximo potencial. Esto pasa por culminar con el proceso de electrificación al 7.1% de hogares restantes y proveer de internet a los dos de cada tres hogares peruanos que no cuentan con dicho servicio.
Realizado por: Verónica Tello y Franco Sebastiani, analistas senior de Videnza Consultores
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