En un contexto de débil institucionalidad como el que lamentablemente caracteriza al Perú, la adecuada elección de las autoridades regionales y municipales el próximo año gana aún más relevancia. Los impactos de una mala elección se ven multiplicados cuando se retrocede en el cierre de brechas en la provisión de servicios básicos, mejoras en la salud y educación y, en general, en la promoción del desarrollo económico regional. No podemos darnos el lujo de repetir los errores de la última elección, donde 11 de los 25 gobernadores regionales elegidos para el período 2019-2022 están en prisión preventiva (Áncash, Arequipa y Puno), arresto domiciliario (Lambayeque), con orden de detención (Ucayali), investigados (Amazonas, Huánuco, Loreto y Madre de Dios), condenados (Tumbes) o procesados (Callao).
En el caso particular de Arequipa, antes de ser elegido, Elmer Cáceres Llica —que cumple 24 meses de prisión preventiva en el penal de Socabaya—, tenía acusaciones por violación y otras conductas que demostraban su falta de idoneidad para el cargo. A pesar de ello, ganó las elecciones regionales del año 2018. En ese entonces, el analista político Alipio Montes señaló: “Las decisiones de los electores no son muy racionales. No miran la mejor propuesta; miran al candidato que simpatiza más, el que coincide con su forma de ser y el que creen que los va representar. Puede haber un candidato con buenas propuestas, pero eso no cuenta”.
¿Cuáles fueron los avances, retrocesos y estancamientos en la región de Arequipa durante la gestión de Cáceres Llica? En junio de este año, el Instituto Peruano de Economía (IPE) publicó la novena edición del Índice de Competitividad Regional (INCORE 2021). Si bien a nivel global Arequipa se mantiene en el puesto cuatro en competitividad regional, se observa un claro deterioro en el pilar “Instituciones”, uno de cuyos componentes es la gestión pública. En 2019, primer año de Cáceres Llica al mando del Gobierno Regional, Arequipa ocupaba el puesto 15; apenas dos años después, bajó al último lugar.
La emergencia sanitaria expuso la pobre gestión realizada en Arequipa, tanto en términos sanitarios como económicos. Es hasta ahora la única región donde, en el contexto de la pandemia, se aprobó el Decreto de Urgencia N.° 086-2020 que autorizó la intervención del Ministerio de Salud, dado el impacto de la COVID-19. Para analizar los principales efectos de la inadecuada gestión de la pandemia en la población arequipeña, emplearemos el Observatorio del Bicentenario. Esta herramienta de Propuestas del Bicentenario permite hacer seguimiento a más de 150 indicadores en ocho ejes clave, con especial énfasis en las regiones.
En cuanto a reactivación económica, hasta junio de este año Arequipa no alcanzaba el dinamismo económico previo a la pandemia. Incluso, es la región con la tercera mayor caída del PBI: -7% respecto del primer semestre de 2019.
Lo anterior deteriora el bienestar y el desarrollo de su población. De hecho, Arequipa fue la región con la mayor tasa de desempleo del año 2020: cinco puntos porcentuales (pp) más que el promedio nacional, de 10.2%. Esto, a su vez, se tradujo en un incremento de la pobreza monetaria: mientras en 2019 ascendía a 6%, un año después llegó a 18%. Es decir, tres veces más.
Otro eje desatendido en Arequipa durante la pandemia es la ejecución presupuestal y la inversión pública. Mientras que en el ámbito nacional se ejecutó el 65.1%, la región solo utilizó el 58.6% de recursos asignados para inversión pública. Además, al primer semestre de 2021, fue la sexta región con mayor porcentaje de obras paralizadas.
La salud y educación de los niños también han sufrido estragos, pues por la emergencia sanitaria se desatendieron aspectos como las inmunizaciones según el esquema de vacunación. En 2019, el 79.3% de sus niños menores de 12 meses tenía las vacunas completas para su edad. Un año después, esta cifra es de 64.3%. Caso similar es el de los niños y niñas menores de 36 meses: se pasó de 62.9% a 52.2%. Y el porcentaje de servicios educativos que han retornado a algún grado de presencialidad es de 11.7%, cuando a nivel nacional el promedio es 16.2%.
El próximo año volveremos a elegir alcaldes y gobernadores. Y, aunque todavía no existe una receta para que importen más las propuestas que las emociones, es responsabilidad de todos los peruanos hacer los máximos esfuerzos para que los candidatos se vean obligados a discutir los aspectos técnicos de sus propuestas. No necesitamos que se dediquen a enumerar promesas y resaltar su propia imagen; necesitamos que expliquen el cómo. Y que la ciudadanía pueda acceder a información confiable y actualizada. Ejemplo de ello es el Observatorio del Bicentenario. Los invitamos a visitarlo.
Realizado por: Nicolás Besich y Génesis Hernández, investigador principal y analista de Videnza Consultores, respectivamente
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