A finales de la semana antepasada el Banco Central de Reserva (BCRP) redujo su tasa de referencia de política monetaria (TRPM) de 4.25 % a 4% anual. Este movimiento tuvo la misma trayectoria descendente durante la crisis financiera internacional, en diciembre de 2014 y enero de 2015. En el comunicado oficial se señala que esta es compatible con la proyección de la inflación durante 2017 y para 2018. En virtud a que la Constitución Política y Ley Orgánica no lo establecen, no hay mención alguna a que esta decisión de política monetaria anticíclica se realizaría implícitamente para hacer frente a la desaceleración económica, tratando de reducir el costo del crédito y de esta forma promover el consumo y la inversión privada.

En esta ocasión, al igual que en la crisis financiera internacional, el BCRP llegó tarde.

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Es muy razonable que todos los gobiernos se preocupen de eliminar toda la tramitología y procedimientos burocráticos redundantes que frenen las iniciativas productivas de los particulares. Son pocas las personas que podrían estar en desacuerdo con esa perspectiva. Sin embargo, muchos cambiaríamos de opinión cuando en aras de promover más negocios se vulneran los derechos de los trabajadores o de terceros, se afecta el medio ambiente o las condiciones de vida de la población. La tramitofobia ha atraído la atención de los empresarios y los gobiernos en las últimas décadas. Para ellos, en los últimos años, este fenómeno erróneamente es la causa central de los bajos niveles de inversión privada y del reducido crecimiento económico del Perú. El tema está sobrevalorado y con muchos mitos.

El Banco Mundial prepara to

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La reciente convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela es otro desatino más del gobierno actual. Frente a la necesidad de un calendario preciso y la convocatoria a nuevas elecciones generales se propone una asamblea de 500 miembros con una composición sectorial y territorial predeterminada (entre 40% y 50% de sus miembros serían de la “clase obrera y de los movimientos sociales”). Las reacciones en contra han sido inmediatas. A la par si bien el FMI ha proyectado una caída del PBI de 7.4%, una inflación del 720.5% y una tasa de desempleo del 25.3% se han tejido muchos mitos con relación a la situación de la economía venezolana.

Una primera sorpresa es la ubicación de Venezuela en los índices de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Este indicador integra el ingre

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El Congreso de la República acaba de aprobar la ley que crea una autoridad para la reconstrucción con cambios y establece diversas disposiciones extraordinarias para la intervención del gobierno nacional frente a desastres. La discusión fue de dos días aunque al final se impuso la mayoría a la par del reinicio de la discusión informal sobre el indulto al reo Fujimori o la liberación de presos mayores de 75 años. Se hicieron cambios a la propuesta original del Ejecutivo pero se mantienen serios problemas en la misma. Antes de la discusión en el pleno debió darse un espacio de al menos cinco días para que las organizaciones sociales y profesionales, entre otras, pudieran manifestarse.

La ley parte mal desde sus tres primeros artículos en que se minimiza la fase de planeamiento, ya que esta se orienta exclusivamente a

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Es evidente que el medio principal, no el único, para la corrupción de los últimos tiempos ha estado estrechamente vinculado con las Asociaciones público privadas (APP). También hay que reconocer que si bien estas hicieron posible una razonable prestación de servicios respecto de la caótica década de los ochenta, la mayoría tuvo problemas y enfrentan limitaciones para el futuro. La lista de APP con problemas es larga: aeropuerto de Chinchero, Gasoducto Sur Andino, IIrsa´s, Línea 2 del Metro, Terminal Norte y Sur del Puerto del Callao, vía urbana de Puente Piedra, entre otras. Aún la emblemática concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tiene serios problemas en sus accesos al privilegiar áreas de estacionamiento, excesiva contaminación visual, elevados costos y faltan indicadores para la mejora continua de l

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A finales del mes de marzo se publicó el nuevo reglamento sobre Asociaciones Público Privadas (APP). En este se precisaron los contenidos del Decreto Legislativo 1251 que incorporó algunas mejoras al sistema, pero que mantiene y excluye otras fuentes de problemas. Al respecto, en la décimo cuarta disposición complementaria final se priorizó la atención de los proyectos APP de saneamiento en Proinversión. Se fijó un plazo máximo de 60 días calendario para que se apruebe un cronograma que optimice sus plazos y apruebe los documentos estandarizados para su implementación en coordinación con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Desafortunadamente, este artículo fue de la mano con un anuncio previo de Proinversión donde se planteó 8 proyectos de APP para “modernizar”, aunque en realidad son par

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La semana pasada se cumplió 25 años del autogolpe del 5 de abril de 1992. En términos políticos, tanto en ese momento como desde una mirada a la distancia, esa acción no solo fue reprobable, sino innecesaria e inútil y consolidó un régimen autoritario, represivo (con muertos a cuestas) y corrupto que limitó el ejercicio de nuestras libertades individuales. Ni la captura de Abimael Guzmán, ni la victoria frente al terrorismo fueron resultado de ese atropello al estado de derecho, ya que estas ocurrieron por actividades de inteligencia, la acción conjunta de las Fuerzas Armadas y la Sociedad organizada. Sin embargo, a la par de la contundencia de la evaluación sociopolítica, el balance en términos económicos permanece abierto. Hay quienes sostienen que todo fue maravilloso y que debe ser profundizado; unos pocos que plante

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El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) sigue manteniendo una condición anodina, similar a la que tuvo en los últimos gobiernos. A la par de esta desafortunada realidad, pequeños grupos de la sociedad están comentando que una institución de planeamiento activa con énfasis en la gestión de riesgos hubiera sido útil para minimizar las pérdidas humanas y materiales de los recientes desastres naturales. Ya no es hora de llorar sobre la leche derramada, ni que el gobierno siga en actitud dubitativa sobre quién debe liderar el esfuerzo de la reconstrucción. Ni un liderazgo personalizado incapaz de romper las inercias gubernamentales, ni la clásica desarticulación y dispersión ministerial, ni la creación de una nueva institución sin experiencia son suficientes para hacer frente a este reto.

El Ceplan de

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Neoliberales radicales podría frenar esfuerzos por enfoques tradicionales

A mediados de la semana el titular del MEF dejó abierta la posibilidad de que se sobrepasen las metas fiscales para atender las emergencias y la reconstrucción del país. Todavía no se ha iniciado la discusión sobre el tema pero es necesario tener argumentos para poder hacer frente a los economistas estándar que sostendrían que esto no es posible. Diario Uno conversó con Germán Alarco de la Universidad del Pacífico sobre estos asuntos.

Reglas para el déficit fiscal
¿Cuáles son las metas fiscales del gobierno actual?
Un déficit fiscal para el sector público no financiero del 2.5% del PBI para 2017, 2.3% para 2018, 2% para 2019, 1.5% para 2020 y 1% para 2021.

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