Enfrentando la elevada desigualdad en el Perú

La elevada desigualdad es un fenómeno multidimensional y multifactorial. Hay que mitigarla desde diferentes instancias y políticas. Al respecto, la Comisión de Defensa del Consumidor y de Economía del Congreso le siguen dando vueltas al proyecto de regulación de Fusiones y Adquisiciones empresariales (F&A). Nuevamente todo se suspende hasta tener la opinión del BCRP, SBS e INDECOPI. ¿No las habían solicitado previamente? Este tema nos conduce a una arista poco considerada sobre las F&A en el sentido que son el vehículo mediante el cual se concentra la riqueza en pocas manos a la par que se limita la libre competencia y los espacios para las micro, pequeñas y medianas empresas. Los números son llamativos, entre 1990 y 2018 el valor de estas operaciones en el Perú ascendió a US$ 90,140 millones equivalentes al 41% del PBI.

La concentración de la riqueza conduce a una mayor participación de las ganancias en el PBI y una reconcentración del ingreso a favor del 1% más rico del país. Se reducen tanto las participaciones de los sueldos y salarios como de los ingresos mixtos. Mientras a nivel internacional, el Foro Económico Mundial en Davos – Suiza considera que la elevada desigualdad es un peligro económico, social y político, en nuestro país se ignora el problema. Se trata de colocar el tema en agenda, en diseñar e implantar las políticas que sean necesarias. La regulación de F&A significativas es una de estas. La elevada desigualdad se corrige con medidas impositivas y fiscales y otras complementarias igualmente importantes desde las diferentes esferas del Estado. El comportamiento del BCRP, INDECOPI, MEF, SUNAT y otros siguen contribuyendo a que la elevada desigualdad sea mayor.

Una política tributaria ventajosa para los empresarios del MEF y una SUNAT laxa y permisiva son los vehículos principales mediante los cuales se reconcentra riqueza e ingresos en pocas manos. Se deben crear y elevar las tasas impositivas al impuesto a la renta para los sectores de más altos ingresos, mejorar las políticas con relación a los precios de transferencia, la supervisión estricta de embarques de concentrados de minerales y el establecimiento de un impuesto a las grandes herencias a favor de la meritocracia. Hay mucho por hacer como eliminar la devolución del IGV a las empresas exportadoras tradicionales y en el caso de las no tradicionales sustituirlo con el drawback. Hay que elevar las regalías a los sectores extractivos, gravar las operaciones de F&A, eliminar las normas contables sobre consolidación de empresas que reducen el pago de los impuestos y cancelar la deducibilidad tributaria de operaciones con paraísos tributarios internacionales.

No sólo trata de aplicar medidas tributarias y fiscales. El crecimiento de proyectos de asociaciones público –privadas (APP) reduce la función redistributiva del Estado al transferir recursos que acrecientan las ganancias. Asimismo, las tarifas por bienes y servicios establecidos pueden impactar principalmente sobre los estratos de menores ingresos. Hay que evaluar esta dimensión en los proyectos APP. Otra área que compete al MEF es ampliar los criterios de evaluación de los proyectos de obra pública, incorporando en mayor medida los económicos y sociales. Si los proyectos se evalúan solo con criterios financieros se promueve exclusivamente la maximización de ingresos. Un ejemplo negativo de esto último ha sido la asignación de nuevas superficies cultivables en las irrigaciones de la costa hacia grandes propietarios en perjuicio de los pequeños y la economía campesina. En toda acción del Estado se deben evaluar sus impactos redistributivos.

Por otra parte, un INDECOPI laxo perjudica a los consumidores y reconcentra ingresos a favor de las empresas. Asimismo, el BCRP debe diseñar una política explícita para reducir los márgenes de intermediación financiera donde tenemos la segunda posición más negativa de la región. Márgenes elevados elevan la cuota de las ganancias en el PBI. Asimismo, se debe modificar la política cambiaria y monetaria para que no dañe a las micro y pequeñas empresas nacionales. Las políticas de este organismo tienen efectos redistributivos negativos, tampoco son neutrales. Hay que prestar mucha atención en lo que se hace y omite para enfrentar la elevada desigualdad.

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