En las últimas semanas se viene discutiendo transformar la Oficina Nacional Previsional (ONP) en una AFP pública. Los poderes económicos y mediáticos están a favor de sustituir el sistema público solidario por otro de aportación individual. Obviamente, el BCRP se ha sumado a esta iniciativa. La única ventaja podría ser la de introducir alguna competencia a las AFP privadas; sin embargo, desafortunadamente hay limitaciones constitucionales que podrían trabar esta posibilidad de comportamiento. Asimismo, es probable que esta conversión implicaría asignar importantes fondos públicos de una sola vez y al final de cuentas los nuevos pensionistas terminen perjudicados ya que la pensión mínima de la ONP es superior a la de las AFP privadas.
Hay mucha mitología con relación a la ONP. La rentabilidad de sus fondos de inversión acumulados en el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR) es más estable y en diversos años mayor a los rendimientos promedio de las AFP privadas. En 2018 el rendimiento real fue positivo en 1.8% superior al negativo de la AFP privadas de 3.5%. En 2016 y 2017 los rendimientos reales fueron 4.3% y 6.7% respectivamente, ligeramente inferiores a los de las AFP privadas. No hay que olvidar que en general los rendimientos de las AFP tienen mayor riesgo y no deducen el costo de las comisiones por la administración de fondos. Por otro lado, los costos administrativos y operativos de las AFP privadas (S/. 860 millones anuales) fueron superiores a los de la ONP (S/. 370 millones anuales). El costo anual por afiliado a cada sistema fue S/. 81 en la ONP respecto de S/. 130 de las AFP privadas. Las AFP son más costosas que la ONP.
La ONP tiene una sobrecarga de trabajo, muchos problemas y numerosas demandas por resolver respecto de las AFP privadas. Tampoco se debe olvidar que la ONP tiene 532,000 pensionistas respecto de solo 86,000 de las AFP privadas. El promedio de aportes es notoriamente diferente. En la ONP fue de S/. 2,168 anual respecto de S/ 3,479 anual en el caso de las AFP, con lo que las pensiones serían más bajas que las de las AFP también pequeñas. No se debe omitir que la ONP heredó la función de otorgar pensiones sin recibir la acumulación de aportaciones de los trabajadores. Es un sistema desfinanciado por el propio Estado que tiene que aportar S/. 1,680 millones anuales respecto de los S/. 6,701 millones de su presupuesto total (en 2017). El valor actuarial de sus pensiones es S/. 108,000 millones mientras que el acumulado de inversiones del FCR es de S/. 21,000 millones. La diferencia entre ambos montos sería un primer estimado grueso de los adeudos del Estado.
Hay que realizar una reingeniería completa e integración de los sistemas de pensiones privado y público con su componente no contributivo, mínimo solidario y complementario de acuerdo a aportaciones individualizadas. No hay que establecer parches. El Estado debe financiar totalmente el componente no contributivo; mientras que los empleadores y el Estado apoyar al sistema mínimo solidario con un esquema institucional blindado y transparente contra la corrupción. Hay espacio para las AFP privadas en el complemento de aportaciones individualizadas en competencia con otras instituciones financieras y para administrar los fondos del sistema mínimo solidario.
Los sistemas de seguridad social solidaria no están muertos. Son más eficientes como todo seguro colectivo. Asimismo, coadyuvan a una mejor distribución del ingreso. La cuestión clave es la administración adecuada de los fondos con una buena gobernanza y tener en cuenta los cambios futuros en la demografía para asegurar su sostenibilidad. La opción C de la Comisión Asesora Presidencial chilena de 2015 planteó convertir el sistema privado al solidario (al revés del Perú). Con este esquema se garantizarían pensiones promedio superior a las actuales hasta 2035 (20 años). No hay que desechar este sistema por cuestiones ideológicas.
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