Un tema clave para diseñar e implantar políticas públicas es contar con información estadística confiable. Si esta no existe o es inadecuada conduce a malas decisiones o a errores. Uno que se repite es el relativo a la caracterización de la pobreza en general y en particular la extrema que conlleva a excluir a familias necesitadas de los programas sociales. Aquí la salida puede ir por varios frentes. Acudir a un criterio de pobreza multidimensional y no solo monetario que incluya las condiciones de nutrición, vivienda, salud, educación, entre otros. La segunda ruta es la de sustituir esos programas focalizados por otros de carácter universal que a la larga pueden resultar menos costosos que los primeros.
No solo hay problemas con los umbrales monetarios para definir la pobreza en general y la extrema, también existen en la información laboral y sobre desigualdad. Suponer que con más de S/. 338 por persona al mes promedio se deja de ser pobre y con un ingreso superior a más de S/.183 mensuales por persona al mes se abandona la categoría de pobre extremo es insensato. Quizás estos montos pudieran ser relevantes para zonas rurales, pero no las urbanas. Una familia de 4 miembros (2 de ellos niños pequeños) dejaría oficialmente de ser pobre en Lima con un ingreso familiar de S/. 728 que está por debajo de la remuneración mínima vital (RMV) de S/. 930 mensuales. Sin embargo, para mantener el costo de la canasta básica de la RMV de 1962 se requieren S/. 1,750 mensuales, S/. 2,500 a precios de 1974 y de S/. 2,050 de 1980, muy lejos de las cifras reportadas por el INEI. Aún si se contabilizarán a esos niños se requeriría un ingreso familiar superior a S/. 1,456 por debajo del poder de compra de una RMV de acuerdo a las fechas consideradas.
Hay también problemas con el ingreso mínimo referencial para definir la categoría de adecuadamente empleado. Según el INEI se debe trabajar más de 35 horas semanales y recibir un ingreso en Lima Metropolitana superior a S/. 558 nuevos soles mensuales. Otra cifra fuera de la realidad, ya que de ajustarla se elevaría el subempleo invisible o por ingresos. Donde los errores son dramáticos es en la medición de la desigualdad con coeficientes GINI de 0.43 por el lado del ingreso y 0.35 por el gasto con la última información al 2017.
Estos niveles y tendencia decreciente ya han sido cuestionados en numerosas oportunidades. La extrapolación de la Encuesta Nacional de los Hogares que le da origen subestima el ingreso nacional entre 40% y 50%. Omite a los sectores de ingresos medios altos y altos de la sociedad peruana. El hogar reportado más rico solo recibe alrededor de US$ 350,000 anuales. Cuando esta información se corrige el GINI se eleva entre 0.6 y 0.7. Es imprescindible exigirle más rigurosidad a la Comisión Consultiva de Pobreza e ir evaluando que el INEI tenga un Consejo Directivo, con miembros independientes y autonomía respecto de la Presidencia del Consejo de Ministros.
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