Ya se han cumplido 15 días del anuncio de la emisión de un Decreto de Urgencia para establecer el control previo para las concentraciones empresariales. En realidad, se trata de actualizar la ley sobre Fusiones y Adquisiciones Empresariales (F&A) que durmió en el Congreso de la República desde mayo de 2019 luego que se descubrió un pequeño error en la misma. El Poder Ejecutivo no debió anunciar su intención de mover el tema ya que puso en operación a la mayor parte del sector empresarial, poderes mediáticos y analistas a su servicio que están en contra. El control previo es una práctica recomendada por la OCDE y se aplica casi de manera generalizada en todas partes incluida América Latina a excepción del Perú. Las F&A son el medio principal a través del cual se concentra la riqueza en pocas manos. Desafortunadamente, la norma sigue en veremos después de 9 años en que se comenzó a discutir en el Congreso y más tiempo en otros foros ciudadanos.
La ley que se aprobó en el Congreso tiene que ser mejorada por el Ejecutivo, iniciando con la reducción de los umbrales para intervenir. La concentración empresarial no solo afecta a los consumidores, sino a todo el tejido empresarial, reduciendo calidad y gastos en investigación y desarrollo. Asimismo, generando menores espacios para los micro y pequeños empresarios; mayor desigualdad y pérdidas de bienestar social. En todas las F&A se deben establecer compromisos obligatorios sobre precios, gastos de I&D, calidad, trato a proveedores, empleo, entre otros. También establecer control previo en mercados pequeños pero importantes a nivel regional, local o espacios como los aeropuertos o puertos donde los límites a la libre competencia pueden tener impactos significativos. Es clave también obligar al reporte y llevar un registro de todas las operaciones de F&A por debajo de los umbrales que se establezcan, entre otros elementos.
Es inaceptable que esta norma vaya entrar en vigencia un año después de la emisión del Decreto de Urgencia, y a que al mismo tiempo pueda ser modificada parcial o totalmente por el nuevo Congreso de 2020. Sin embargo, esperemos que dada su importancia y naturaleza sea irrevertible por los impactos negativos que podría generar sobre toda la Sociedad. En estos seis meses en que la norma permaneció congelada se han producido F&A significativas como la venta de Luz del Sur a la empresa China Yangtze Power International Co. Limited por US$ 3,590 millones. No hay que pecar de inocentes; en junio de 2019 demostramos que hay muchos abusos en el sector eléctrico y con esta nueva circunstancia es poco probable que la situación mejore. Las tarifas residenciales en Lima son 24.7% por encima del promedio norteamericano y por consiguiente incorporan márgenes de ganancia superiores a los estándares internacionales.
Tenemos un serio problema con Indecopi que aceptó a regañadientes la norma luego de la presión mediática. La situación no se ve bien con un regulador que cumpliría su función obligado; urgen cambios importantes allí. Asimismo, en el caso concreto de Osinergmin tampoco la situación es positiva. El marco regulatorio actual exige lograr un balance entre prestadores de servicios, consumidores y Estado. Es momento, como en EE.UU., que los reguladores sectoriales atiendan en primer lugar al interés de los consumidores y de toda la Sociedad.
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