Hace menos de 30 años, en 1991, se tuvo 2,909 fallecidos y se enfermaron 322 mil 562 ciudadanos por la epidemia del Cólera en el Perú. Ahora para suerte de todos, el gobierno ha actuado rápido, aunque algunos pensábamos inicialmente que se excedió en la radicalidad de sus medidas. Con el paso de los días la gran mayoría coincidimos en que se está actuando correctamente. La estrategia para enfrentar el COVID-19 pasó de gradualista a radical a partir del domingo 15 de marzo. Se ha optado a favor de la salud y la vida, mientras la economía y los negocios han quedado en segundo lugar.
Los 600 fallecidos diarios en Italia, con una tasa del 9% respecto de los infectados, justifica la aplicación de medidas enérgicas. A esta habría que sumar nuestro endeble sistema de salubridad y las malas condiciones de vivienda de un poco más de un tercio de los peruanos. La suspensión total de las actividades no esenciales por dos semanas es de manera indudable un golpe serio a la economía nacional, que los vale, si se evita la mortandad y enfermedad que padecimos a inicios de la década de los noventa. No debe haber espacio alguno a afirmaciones como las de Boris Johnson en Gran Bretaña al señalar inhumanamente, el viernes pasado, que muchas familias perderán a sus seres queridos prematuramente. A mitad de esta semana su asesor científico gubernamental señaló que esperan 20 mil o menos muertes, recordando que cada año mueren 8 mil personas por gripe estacional.
La estimación de los impactos sobre el producto de la suspensión de actividades no es compleja. Una semana de inactividad total para un producto de US$ 225 mil millones es de US$ 4 mil 300 millones, equivalentes a una reducción del PBI de 1.9%. Si las restricciones desafortunadamente se prolongan el costo sería mayor. Sin embargo, no sería correcto multiplicar este resultado por el número de semanas de paralización ya que se debe considerar tanto la reposición de inventarios por mayor producción de las empresas a propósito de las compras compulsivas de la semana pasada como por que la paralización de actividades sólo comprenderían alrededor del 70% de estas. La suspensión por dos semanas generaría una caída del PBI de 1.3%. Lo anterior, sin considerar los mayores impactos negativos por el lado del sector externo: exportaciones y turismo que serían más duraderos. La semana pasada estimamos una contracción del PBI anual del 1.3% respecto del 2019 por la desaceleración de la economía mundial y el COVID-19.
La suma total de impactos externos e internos implicaría una caída del PBI del 2.6% en 2020 respecto del 2019, sin considerar los efectos positivos que se tenían previstos a inicios de este año. Este resultado sería ligeramente más negativo del 2.2% estimado la semana pasada. La salud y vida de los peruanos lo justifica. Hay que reconocer al MEF especialmente por el bono de S/. 380 para tres millones de familias, aunque sabemos que va ser difícil de implantar y tiene un monto insuficiente. Aunque con retraso el BCRP ya redujo la Tasa de Referencia de Política Monetaria de 2.25% a 1.25% anual, aunque todavía es elevada teniendo en consideración que la Reserva Federal de EE.UU. (FED) la dejó entre 0 y 0.25% anual a niveles de 2008 previo a la detonación de la crisis financiera internacional. Desde el lunes pasado la FED decidió que se iba inyectar liquidez al sistema por US$ 700 mil millones.
Los impactos de la desaceleración internacional y el COVID-19 reducirían la proyección de crecimiento de la economía peruana del 4% para el 2020 a 1.4% sin considerar los efectos positivos de las políticas fiscales y monetarias anticiclicas. Otro estimado grueso es que si el MEF inyecta internamente un gasto adicional de S/. 2,500 millones con un efecto multiplicador de dos generaría, si es efectivo, que el PBI podría aumentar en 0.7%. Si es de S/. 3 mil millones el impacto sobre el PBI podría ser de 0.8%. La contención de la propagación del COVID-19 está en nuestras manos ¡Actuemos responsables y solidariamente!
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