Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania: ¿Cómo enfrentar esta nueva crisis?

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) acaba de publicar un documento con el título de esta nota, muy pertinente para los momentos actuales. Este informe examina el impacto económico y social de la guerra en Ucrania en la región y entrega recomendaciones a los países sobre cómo enfrentar sus efectos. Nosotros aquí nos enfocaremos en las recomendaciones de política.

El documento analiza las distintas variables económicas y sociales, así como los diferentes sectores de la economía regional que se han visto afectados por el conflicto bélico que comenzó en febrero de este año, y presenta propuestas de política para mitigar sus impactos en el proceso de recuperación poscrisis del Covid-19 que aún enfrenta la región. Incluye estimaciones actualizadas del aumento de la pobreza y la pobreza extrema en los países de América Latina y el Caribe en 2022.

El estudio tiene siete secciones. Se frena la globalización, la sucesión de crisis debilitó la estructura productiva y el crecimiento mundiales; el mundo en 2022, menor crecimiento, más inflación, alza de tasas de interés; efectos de la guerra en la región, grandes diferencias entre países. La cuarta sección detalla el retroceso en la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema. La quinta sección se refiere a la seguridad alimentaria como una prioridad y a los combustibles fósiles donde la región unida gana, separada pierde; y por último las políticas recomendadas para el corto y el largo plazo.

Más pobreza
Teniendo en cuenta los efectos del lento crecimiento y la aceleración de la inflación, la CEPAL prevé que la pobreza y la pobreza extrema se elevarán por sobre los niveles estimados para 2021. La incidencia de la pobreza regional alcanzaría un 33.7% (1.6 puntos porcentuales más que el valor proyectado para 2021), mientras que la pobreza extrema alcanzaría un 14.9% (1.1 puntos porcentuales más que en 2021).

Este resultado refleja el fuerte aumento de los precios de los alimentos. Estos niveles son notoriamente superiores a los observados antes de la pandemia e implican otro retroceso en la lucha contra la pobreza, señala el informe.

Política monetaria
Las autoridades monetarias de la región se encuentran en un dilema, pues mantener una política de alzas de las tasas para frenar las presiones inflacionarias reduce el espacio de política monetaria para sostener la actividad económica y la demanda agregada, lo que podría frenar el crecimiento económico, de por sí débil. Adicionalmente, la normalización de la política monetaria y reversión de los estímulos monetarios en los países desarrollados que redundaran en una mayor volatilidad cambiaria también podrían impulsar alzas en las tasas de política. A su vez, esto podría acelerar la inflación en los países de la región a través del canal cambiario.

Por ello, las autoridades monetarias de la región deben emplear todos los instrumentos de política disponibles para mitigar el arbitraje costoso entre los objetivos de estabilidad de precios y crecimiento económico. Una política de tasas para moderar la inflación puede tener poca efectividad ante choques de oferta y efectos no deseados en la recuperación de la actividad.

Ante la intensificación de los riesgos macrofinancieros, el manejo de las reservas internacionales ha cobrado importancia, no solamente como instrumento de política monetaria, sino también como parte central de la política macroprudencial. La actuación de los bancos centrales de la región dependerá de las características de cada país. La gestión proactiva de las reservas internacionales es una opción de política adecuada para responder de manera rápida a choques financieros. Mientras tanto, se deberá mantener la complementariedad con otros instrumentos que fortalezcan la resiliencia de la posición de liquidez internacional.

Política fiscal
Los subsidios a la energía y los alimentos, y las transferencias a los sectores más vulnerables de la población deben emplearse para evitar el impacto inflacionario en el ingreso y el bienestar de estos sectores y un mayor deterioro del consumo privado plantea la CEPAL. El impulso fiscal mediante gasto público empezó a ralentizarse en 2021, con una reducción de las erogaciones por subsidios y transferencias corrientes. En gran medida, la reducción del gasto público como porcentaje del PBI se debió al término de programas de transferencias monetarias que no fueron extendidos.

Para 2022, el contexto macroeconómico se ha complejizado, planteando retos al manejo de la política fiscal que se manifestarán de forma diferente en los distintos países, como reflejo de la heterogeneidad de sus situaciones fiscales. Destacan los problemas de los países con elevados niveles de deuda, importadores netos de energía y alimentos, y con estructuras productivas altamente expuestas a condiciones internacionales como el turismo. La mayor desaceleración del crecimiento del PBI esperada para 2022 debilitaría la recaudación tributaria, acotando el espacio para mantener políticas fiscales activas.

El riesgo de deterioro de las condiciones financieras y de menores flujos de capital hacia los mercados emergentes elevaría el costo del financiamiento, sumado al riesgo de depreciación de la moneda, redundaría en mayores costos en el servicio de la deuda. Estos factores podrían ser acentuados por una política monetaria restrictiva en los países desarrollados. Al mismo tiempo, los riesgos de rebajas en las calificaciones crediticias podrían aumentar las presiones para efectuar ajustes fiscales.

Presiones y largo plazo
La aceleración de la inflación impondría presiones adicionales al gasto público. El alza de los precios internacionales de la energía y los alimentos agudizaría el impacto negativo de la desaceleración económica sobre el poder adquisitivo de los hogares, especialmente de los más vulnerables. Esto implicaría presiones en el sentido de aumentar los subsidios dirigidos a mitigar los efectos de la inflación. Al mismo tiempo, los mayores precios de insumos agrícolas empujarían en favor de la adopción de medidas de apoyo al sector agroindustrial. Por otra parte, los mayores precios de los productos energéticos presionarán en el sentido de subsidiar estos productos.

La región requiere de una política fiscal que dinamice el crecimiento económico y la inversión, impulse la sostenibilidad ambiental y reduzca los rezagos sociales y las brechas estructurales, en un marco de sostenibilidad fiscal basada en el fortalecimiento de los ingresos públicos. Resulta indispensable adoptar una visión estratégica del gasto público para convertirlo en un instrumento de desarrollo, favoreciendo acciones con alto rendimiento económico y social. Para ello se debe impulsar la inversión pública a fin de fomentar inversiones en sectores estratégicos sostenibles con alto potencial de transformar la estructura productiva y generar empleo de calidad con igualdad de género. Al mismo tiempo, es fundamental fortalecer los sistemas de protección social, salud y educación para cerrar las brechas estructurales de desarrollo (en materia de desigualdad, pobreza e informalidad), que conllevan costos sociales y económicos considerables.

Mayores ingresos
Ante la necesidad de ampliar el espacio fiscal para proveer financiamiento que responda a las mayores demandas de gasto y dar sostenibilidad a la política fiscal se requiere de estrategias dirigidas a fortalecer los ingresos públicos. A corto plazo, se deben implementar acciones para reducir la evasión tributaria, así como revisar los gastos tributarios.

Hacia el mediano plazo, se requerirá de pactos fiscales y sociales para fortalecer la recaudación de los impuestos sobre la renta y la propiedad a fin de dar mayor progresividad al sistema tributario. Asimismo, se deberá considerar la tributación de la economía digital, impuestos ambientales y relacionados con problemas de salud pública, además de revisar y actualizar de forma progresiva las regalías por la explotación de recursos naturales no renovables. En todos estos esfuerzos, la agenda de las instituciones financieras internacionales debe incluir medidas más firmes en favor del financiamiento para el desarrollo.

Seguridad alimentaria
La seguridad alimentaria (y de fertilizantes) debe ser la prioridad. La región es un exportador neto de alimentos, con lo que contribuye a la seguridad alimentaria global, pero el comercio intrarregional de alimentos es bajo como proporción de las exportaciones totales. La posición de la región como productora neta de alimentos es favorecida por su riqueza en cuanto a biodiversidad y recursos naturales biológicos y la disponibilidad de agua y de tierras agrícolas, sobre todo en los países del cono sur. Sin embargo, los costos de las externalidades negativas de las cadenas de suministro de productos básicos agrícolas se absorben en la región.

Entre las medidas de corto plazo adoptadas en la región, destacan la reducción o la eliminación del impuesto sobre el valor agregado a los alimentos (entre otros bienes y servicios), los acuerdos de contención de precios de la canasta básica con los productores y las cadenas de comercialización, el impulso al autoconsumo en las zonas productoras y la eliminación de los aranceles a la importación de granos y otros productos básicos, como lo han hecho, por ejemplo, el Brasil y México.

Fertilizantes
Es crucial reducir la dependencia del uso de fertilizantes de origen fósil o mineral, mejorando la eficiencia de los fertilizantes y desarrollando modalidades alternativas de fertilización. Los programas nacionales de mapeo y digitalización de la información sobre suelos pueden ayudar a mejorar la eficiencia de la aplicación de fertilizantes. La creación de un entorno propicio para los mercados de insumos agrícolas de base biológica puede promover el desarrollo de biofertilizantes y modelos de gestión de los suelos para mejorar la disponibilidad de fertilizantes nitrogenados o fosfatados a través de microorganismos beneficiosos.

Dado que la expansión de la producción de fertilizantes demanda inversiones importantes con largos períodos de maduración, las políticas industriales para impulsarla deben combinarse con acciones para reducir la carga de fertilizantes por hectárea, lo que es factible mediante el uso de tecnologías digitales. Por otra parte, una articulación regional para la producción y comercialización de fertilizantes, si bien daría resultados recién a mediano y largo plazo, puede ser producto y a la vez motor de esfuerzos de integración.

Seguridad energética
Para acelerar la transformación energética, la CEPAL recomienda: i) aumentar la participación de las energías renovables en la matriz energética; ii) universalizar el acceso a la electricidad basada en fuentes renovables; iii) aumentar la eficiencia energética en todos los sectores económicos, hogares e instituciones; iv) fortalecer la complementariedad y la integración energética entre países para aprovechar economías de escala y v) avanzar en la consecución de la seguridad energética regional y la resiliencia energética ante choques externos.

Entre las propuestas específicas, destacan: avanzar en la integración energética regional; mayor financiamiento de los objetivos sociales con la renta económica de las materias primas y de una mayor progresividad de los regímenes fiscales para que el aumento extraordinario de los precios de los productos básicos se refleje en la renta capturada; mecanismos regionales de diálogo y coordinación para el intercambio de experiencias sobre las respuestas a los efectos del conflicto, a fin de fortalecer la posición estratégica de la región a nivel global. Asimismo, mecanismos de estabilización de los precios de los combustibles que eviten que los aumentos de los precios internacionales se trasladen a la población y a los sectores productivos orientados al mercado interno, y subsidios focalizados y temporales a los grupos de población más vulnerables y a los sectores económicos más relevantes en términos de transmisión de los efectos del alza de precios al resto de la economía.

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