La necesidad de modificar la Constitución Política (CP) de 1993 es ya una exigencia nacional como muestran los resultados de las últimas encuestas de opinión donde más de 2/3 de la población está de acuerdo con la iniciativa. No hay que agitarse, porque parece evidente, dadas las circunstancias actuales, de que hay que redefinir las bases de nuestro acuerdo económico, social, político y ambiental para todos los ciudadanos del país. Por otra parte, esta discusión se está dando implícita o explícitamente en diferentes partes del orbe.

Sin embargo, surgen varios problemas de partida. En primer lugar, la carta magna vigente exige que el procedimiento pase por el Congreso, lo cual no es viable y menos en una situación tan fragmentada y polarizada. En segundo lugar, toda la discusión se centra en si se debe partir o no de someter a referéndum la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Desafortunadamente, no se discuten sus futuros contenidos, salvo las modificaciones al capítulo económico, ni los procedimientos alternativos; ni los elementos que deberían permanecer de la anterior o como ajustarlos. Falta debate sobre el fondo y las formas, más allá de lo que se plantea en las calles. Obviamente, debemos anotar que la discusión sobre estos temas implica una mirada inter y multidisciplinaria que debe incluir a ciudadanos y profesionales de diferentes áreas y regiones del país. Aquí van solo las notas de un economista.

Salida actual
Como hemos señalado en otras oportunidades, es responsabilidad del Poder Ejecutivo conducir un proceso de transición hacia las nuevas elecciones con horizonte de mediano y largo plazo. Esto requiere avanzar en, al menos, definir el contenido de las reformas políticas, institucionales, económicas, sociales y otras que requieran o no cambios en la CP. Esta discusión y avances se puede dar sin la necesidad de convocar a un referéndum sobre una nueva Asamblea Constituyente.

Está en manos del gobierno nacional (nuestra presidenta en lo concreto) iniciar el proceso de ajustes y cambios de la CP. Se debe constituir, como se hizo en el Gobierno del presidente Paniagua, en este caso un grupo a la par de ciudadano, descentralizado y especializado que plantee las reformas constitucionales que se requieran. Es imprescindible canalizar creativa y pacíficamente la actual energía ciudadana.

Esto se debió hacer desde el gobierno de M. Vizcarra y luego con F. Sagasti. A partir de estas propuestas se pueden abrir muchos canales para concretarlas en la práctica más adelante. Una de ellas es que estas iniciativas sean útiles para confrontarles (y exigirlas) a los diferentes candidatos al Poder Ejecutivo y al Congreso en la futura contienda electoral.

Antecedentes
No solo tenemos a la vista las propuestas de modificaciones de la CP de la Comisión Paniagua; también hay que recordar la fallida convocatoria a un Pacto Perú anunciada por M. Vizcarra el 28 de julio de 2020. En esa ocasión, ni el contenido, ni los procedimientos propuestos por el presidente de la República estaban completos y menos eran claros. Sin embargo, su propósito central de generar un diálogo que vaya más allá de esa coyuntura que dé certezas necesarias, que siente las bases de un país con consensos básicos, que nos permitan consolidar la democracia, encauzar el debate político y permitirnos avanzar eran y son muy relevantes.

La lista de cinco temas era limitada, incluyendo la construcción de un sistema unificado de salud; garantizar la calidad educativa eliminando la brecha entre educación urbana y rural; promover el crecimiento económico sostenible, las inversiones y políticas para desmantelar prácticas anticompetitivas. Asimismo, insistía en la continuidad de la reforma política y del sistema de administración de justicia; y, por último, solicitaba consensos para la lucha contra la pobreza y pobreza extrema. No estaba mal, aunque faltan muchos otros temas que preocupan a muchos. Ahora en 2023 la lista debe ser más amplia y profunda.

Evitar temores
No es necesario pensar en una nueva CP desde cero; recientemente Ecuador nos da la pauta estableciendo temas y contenidos en particular. La lista hay que discutirla y consensarla colectivamente. Esta puede comenzar con derechos ciudadanos, nuevo balance entre el Poder Ejecutivo y el Congreso (voto de confianza, censura, vacancia e incapacidad moral). No hay que pensar exclusivamente en artículos específicos sino incorporar nuevos temas.

Por otra parte, para evitar el miedo de los sectores conservadores se debe aclarar que algunos contenidos de la CP de 1993 deben mantenerse. Aquí van algunos temas inamovibles: sistema actual de reelección presidencial, intangibilidad de los depósitos del público, la tenencia libre de moneda extranjera, la independencia del BCRP con prohibición de financiar al gobierno. Sin embargo, en este último caso se le podría agregar la función de mitigar las fluctuaciones negativas significativas en los niveles de ocupación y empleo.

Punto de partida
En 2020 el filósofo Giusti de la PUCP nos recordó las diferentes perspectivas existentes a propósito del primer artículo de la CP de 1993. En esta se señala que “la persona humana (…) es el fin supremo de la sociedad y del Estado” que corresponde a una visión liberal e individualista. La opuesta corresponde a Aristóteles que señalaba que “La sociedad y el Estado (la polis) son el fin supremo de la persona humana”.

Luego rememoró que la tesis de Aristóteles ha sido preservada por muchos autores incluyendo a Rousseau, Hegel o más recientemente por filósofos comunitaristas a los cuales se les suele identificar como parte de la tradición republicana. El Republicanismo descansa en el autogobierno democrático, la ausencia de dominación y la virtud cívica concebida como la disposición del ciudadano a dejar de lado sus intereses particulares en aras del bien común. Las virtudes cívicas incluyen el ser tolerante, deliberar con los otros, Ser solidario y actuar con justicia y autonomía (Morales, 2019).

Títulos y capítulos por mejorar
En agosto de 2020 hicimos una revisión somera de la CP de 1993 que nos indicó los principales títulos y capítulos a modificar; aquí va de nuevo. Habría que establecer ajustes intermedios en el título de régimen económico y estructura del Estado; mientras que serían menores en los casos de persona y sociedad y, Estado y la Nación. Es urgente discutir si somos un país plurinacional y fortalecer los derechos y obligaciones de los pueblos originarios y comunidades. A nuestro juicio los títulos sobre garantías constitucionales no requerirían de ajustes.

La lista de temas para discutir y concertar (o en su caso precisar) puede tener dos niveles de profundidad; una agenda mínima y una máxima. Somos de la idea que hay que situarnos en una posición intermedia que postule modificaciones concretas a la CP; no son tiempos para discutirla totalmente. Como se ha señalado en otras oportunidades se puede partir desde los temas más vinculados ahora a la post pandemia y a las necesidades de las personas fortaleciendo la garantía plena a los derechos a la alimentación sana y suficiente, salud, educación en todos los niveles, vivienda digna y acceso a servicios públicos de calidad, accesibles y asequibles.

Ciudadanos al centro
Hay que relievar la importancia de las personas y ciudadanos al centro y los negocios como un medio, no un fin en sí mismo. Se debe insistir en un Estado con mayores capacidades y recursos, eficaz y eficiente en un nuevo balance más equilibrado con el mercado. Descentralización fiscal a la par de gobiernos regionales y locales con mayores recursos y responsabilidades.

De acuerdo con los nuevos tiempos hay que incidir en un Estado para la transición ecológica con ordenamiento territorial y economía circular. Asimismo, mejorar el rol de los trabajadores, la defensa de los derechos laborales y sus remuneraciones incluida la mención explícita a la remuneración mínima vital. También sería positivo la priorización de las modalidades empresariales autogestionarias y cooperativas.

Defensa de consumidores
En línea con lo anterior habría que establecer constitucionalmente la priorización de la defensa de los derechos los consumidores o usuarios finales respecto de los otros actores en Indecopi y los reguladores sectoriales; ya han pasado más de 25 años con un balance entre las partes. Durante la pandemia algunos de estas instituciones tuvieron comportamientos sesgados a favor de las empresas reguladas afectando el interés público.

De manera complementaria habría que insistir en el establecimiento de buenas prácticas de gobierno corporativo y de responsabilidad social empresarial (RSE) en todas las empresas públicas de los diferentes niveles de gobierno. De ninguna forma se trataría de mantener la forma tradicional de operación de estas firmas.

Temas de largo plazo
En una mirada con perspectiva para el mediano y largo plazo se debe destacar la importancia del planeamiento estratégico como base del resto de sistemas de gestión pública en particular del presupuesto, programación de la inversión pública y de coordinación de inversiones en asociaciones público privada. No se trata de volver a fórmulas del pasado, sino que se alinee el planeamiento con señales de mercado, sea integral, ágil, oportuno y útil.

Diversificación productiva
En la CP deben priorizarse las actividades de ciencia, tecnología e innovación entendiéndolas como el vehículo para hacer frente al futuro a través de nuevos y mejores procesos de producción y a la mejora de la calidad de vida de la población. Hay que incorporar, en lo que corresponda, las políticas de Estado acordadas en el Foro del Acuerdo Nacional.

Otra palabra que debe quedar impresa es la necesidad de diversificar nuestro aparato productivo sin menoscabo de las actividades extractivas desarrolladas en armonía con el ambiente y la sociedad. Priorizar la agricultura campesina y el desarrollo rural. Establecer los criterios de la relación de los sectores extractivos con las comunidades y el medio ambiente, señalando que las empresas privadas deben adscribirse a la RSE y a la Creación de Valor compartido.

Mayores potestades
Como en la Constitución chilena hay que establecer mayores facultades de intervención y regulación en condiciones de emergencia nacional. La carta magna debe incluir una preocupación para frenar la elevada desigualdad y los instrumentos para mitigarla. Sentar las bases para alcanzar una mayor justicia fiscal (progresividad y reingeniería tributaria) dotando al Estado de mayores recursos, exigiendo eficacia y eficiencia en el ejercicio del gasto público.

Hay otros temas importantes como igualar el trato a la inversión extranjera al nivel de la nacional y que también demerita a las pequeñas y medianas empresas; la priorización de los Derechos Humanos (DD.HH.) y de las instancias internas para la solución de controversias como promueve la Unctad. Es inadmisible que empresas corruptas accedan a mecanismos de arbitraje como el CIADI.

Subsidiariedad
Efectivamente en ninguna parte del mundo se establece constitucionalmente la subsidiariedad, relegando al Estado. Esto ha impedido, por ejemplo, fortalecer al Banco de la Nación; también ha trabado el desarrollo e integración de una empresa estratégica como Petroperú, frente a Enap, Ecopetrol, Petrobras y Pemex de Chile, Colombia, Brasil y México.

Por último, no estaría mal endogenizar las respuestas de la política monetaria y fiscal anticíclica ante reducciones significativas en los niveles de ocupación y empleo, tal como lo hace la Reserva Federal y el gobierno estadounidense. La lista de temas para ajustar o modificar continúa abierta.