“La minería no va a reemplazar al Estado”, respondía a fines del 2016, cuando aún era ministra de Minería de Chile, la ingeniera Aurora Williams, al ser consultada sobre los debates que enfrentaba en ese momento el proyecto minero Las Bambas, “porque, además, tiene un desarrollo productivo que en la historia del tiempo es inferior a lo que puede ser el desarrollo de una comunidad. Por lo tanto, cuando esa minera no esté en ese territorio, va a haber carencia de Estado y de minera. Por eso, lo primero es un desarrollo igualitario y equitativo” sustentaba su respuesta la entonces ministra.
La realidad en el Perú nos dice que la minería llega normalmente antes que el Estado a las comunidades cercanas a los desarrollos mineros, asumiendo un rol y responsabilidad que no le debería corresponder si el Estado hiciera su trabajo. Y, si hay participación del Estado, normalmente es asistencialista y no genera desarrollo sostenible.
Un ejemplo de la poca participación del Estado lo tenemos a 4,000 msnm, entre las provincias de Grau y Cotabambas, en el departamento de Apurímac, zona donde nació la recordada cantautora criolla Chabuca Granda y donde también se erige una de las 10 minas de cobre más grandes del mundo: Las Bambas.
La zona es considerada de pobreza extrema (PNUD 2012) y presenta un alto porcentaje de desnutrición. La actividad principal de la zona es el cultivo de la papa, bajo dos modalidades: o fresco o procesado (chuño negro). Los productores de papa presentan bajos niveles de producción, productividad e ingresos. La escasa competitividad se relaciona con limitaciones en la gestión empresarial y con un deficiente nivel organizativo para consolidar cadenas de comercialización. Esto es preocupante, ya que dicha actividad sirve como garantía para la seguridad alimentaria.
¿A quién le corresponde enfrentar esta problemática? La respuesta parece bastante obvia: le corresponde al Estado peruano. Sin embargo, ante su ausencia, todos vuelven la mirada hacia la minería. ¿Y por qué hacia la minería? Porque somos un país minero-dependiente, tanto a nivel macro (el PBI crece o decrece en la medida que la minería lo hace, las inversiones mineras mueven al país) como a nivel micro.
A nivel macro, si revisamos el “Informe de Perspectivas Económicas” que publica anualmente Aurum Consultoría y Mercado, vemos que las esperanzas están colocadas en las ampliaciones de Marcona y Toromocho, Quellaveco, Mina Justa y Michiquillay. A eso seguramente pueden sumarse algunas ampliaciones de otros complejos mineros que aún están en planificación.
A nivel micro, la tarea de la minería es trabajar con sus comunidades vinculadas, pero evitando asistencialismo.
En el caso de Las Bambas, ellos han desarrollado un ejemplo que calza con el desarrollo sostenible y no asistencialista: tienen el Programa de Cultivos Andinos, que surge para fortalecer la actividad primaría de la zona, la agricultura. El Programa busca dotar de capacidades a los agricultores, incluyendo aspectos como preparación del suelo, elección de cultivos andinos adecuados y de mayor potencial en la comercialización, mejora de capacidades técnicas, asistencia técnica en la implementación de prácticas para una mejor producción, conformación de asociaciones de productores para incrementar la capacidad negociadora, impulso a la participación en ferias y firma de convenios diversos.
La meta es duplicar los cultivos y los ingresos, asegurando que las mejores prácticas sean incorporadas y, de esta manera, sean sostenibles independientemente de la participación de la empresa minera. A la fecha, el Programa ha tenido muy buenos resultados en toda la zona de influencia de Las Bambas.
La evolución de las actividades extractivas muestra distintos caminos si vemos países como Noruega, Australia, Canadá, Chile o países del África, con distintos resultados. En el país nos falta encontrar el modelo peruano, pero ese definitivamente no es uno donde la minería reemplaza al Estado.
Félix Villanueva
Aurum Consultoría y Mercado
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