A partir de ahora, con Martín Vizcarra como presidente de la República, es sumamente urgente retomar la agenda económica y política.  Para el Instituto Crecer, seguirá siendo claro que la agricultura será el motor que puede marcar la diferencia en el desarrollo económico del país, con inclusión social.

Con las reformas estructurales implementadas en los últimos 25 años, con una política económica de apertura comercial al mundo, un Estado con un rol menos subsidiador, más promotor de la inversión privada y respetuoso de la estabilidad jurídica, se ha logrado que el Perú gane en términos de productividad y crecimiento. Las cifras de reducción de la pobreza en el espacio agrario alcanzan los dos dígitos (17 puntos porcentuales en el último quinquenio) y en promedio el sector ha crecido 3%, en el mismo lapso.

Por lo tanto, es claro que la agenda del gobierno del Presidente Vizcarra deberá estar orientada a apalancar recursos financieros, técnicos e institucionales en un conjunto de medidas públicas de corto mediano y largo plazo que garanticen alcanzar el objetivo establecido en la Política Nacional Agraria: “Lograr el incremento sostenido de los ingresos y medios de vida de los productores y productoras agrarios, priorizando la agricultura familiar sobre la base de mayores capacidades y activos más productivos, con un uso sostenible de los recursos naturales en el marco de procesos de creciente inclusión social y económica de la población rural, contribuyendo a la seguridad alimentaria y nutricional del país”.

¿Qué hacer en los próximos meses? Si bien existen temas a desarrollar en extenso en los siguientes artículos, hemos identificado las siguientes acciones inmediatas:

Recuperar el ritmo de crecimiento y ejecución de la inversión pública en el sector agrario

Durante 2017 se han ejecutado por parte del Gobierno Nacional S/. 654 millones en proyectos de inversión pública del sector agricultura, cifra considerada una de las más bajas en los últimos cuatro años. Esta cifra se explica en gran medida por la disminución de la ejecución en proyectos de infraestructura hídrica provenientes del Programa de Desarrollo Productivo Agrario y Rural (Agrorural) y el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI).

Inclusive, es sumamente preocupante que en estos dos últimos años se haya volcado una mayor proporción de los recursos públicos a subsidios. Tal es el caso de las compras públicas de excedentes de producción. Por el contrario, consideramos que es importante apostar por las inversiones en infraestructura rural, innovación tecnológica, sanidad agropecuaria, información de mercados, entre otros, las cuales tienen un mayor retorno e impacto.

Volver a ubicar al recurso hídrico como eje de la política agraria

En los últimos meses, hubo una dispersión en los esfuerzos del MINAGRI por atender diversas demandas como la compra de papa o garantizar precios de compra de maíz amarillo duro o siembras de pastos como medida para mejorar la productividad agropecuaria.

Creemos que todas estas medidas distraen recursos humanos y financieros sin mayor justificación y racionalidad económica, haciendo que el Estado intervenga de manera directa y distorsionadora en la actividad privada. Además, vemos que el MINAGRI ha regresado a prácticas anacrónicas de proveedor de bienes y servicios privados, que no aseguran su sostenibilidad en el tiempo y, por lo tanto, se convierten en pérdida de recursos públicos con altos costos de oportunidad.

Del mismo modo, se ha retraído la inversión en infraestructura de riego que juntamente con el avance en la provisión de carreteras y caminos, permitirían aumentar la productividad y un mayor acceso a mercados.

Por lo tanto, consideramos necesario retomar la dinámica que tenía el fondo Mi Riego que ejecutó S/. 1,450 millones de soles en tres años y cuya cartera permitiría ampliar el área bajo riego en la sierra en 287,000 has.

A esto último, podemos sumar la necesidad de trabajar en el soporte institucional y de gobernanza del agua, que es lo que asegurará la sostenibilidad de la infraestructura que se ha construido. Las nuevas organizaciones de usuarios y su responsabilidad sobre la gestión de operación y mantenimiento de los sistemas de riego son fundamentales para su preservación.

Fortalecer la coordinación con las Regiones

Creemos urgente recuperar la importancia de la alineación de las políticas agrarias a nivel nacional con las de ámbito regional, más aún cuando se había avanzado mucho en la coordinación entre entidades desconcentradas del MINAGRI y las Direcciones Regionales Agraria que son las que, verdaderamente, deberían ejecutar proyectos y acciones en beneficio del agro.

No se debe duplicar instancias y burocracia, sino compartir espacios y coordinar acciones para ampliar el impacto de la acción del Estado, sobre todo buscando cerrar las brechas en riego, financiamiento, sanidad e innovación agraria, acceso a mercados, información agraria, ganadería y producción forestal. En esa línea, es conveniente diseñar un mecanismo de estímulo al desempeño con las Direcciones Regionales Agrarias para fortalecer el proceso de articulación con los gobiernos Regionales y de esta forma alinear sus acciones con los objetivos de la Política Nacional Agraria.

Acelerar el proceso de reconstrucción tras el Fenómeno El Niño Costero con enfoque de prevención

Las experiencias han demostrado que poner en marcha un programa de reconstrucción producto de un evento catastrófico tiene implicancias positivas para la actividad económica. Estas acciones inyectan una fuente importante de recursos públicos para la ejecución de una cartera de proyectos de inversión orientados a recuperar o mejorar la infraestructura productiva post desastre, componente que impulsa el crecimiento del PBI; además, este programa es intensivo en mano de obra y por lo tanto se evidencia un salto positivo en el componente social.

Según estimados de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y el MEF, se podría adicionar entre 0.8 y 1.0 punto porcentual al crecimiento del PBI en 2018 así como la generación de 150 mil nuevos puestos de trabajo directos indirectos por la ejecución de las actividades de reconstrucción programadas.

En ese sentido, se sugiere fortalecer los mecanismos de coordinación y planificación con los diversos sectores del gobierno nacional y los gobiernos regionales afectados por el FEN Costero tanto para institucionalizar las acciones de prevención como para la planificación de los procesos de rehabilitación y reconstrucción, buscando priorizar en especial la infraestructura del sector agricultura (canales de irrigación, bocatomas, drenes, presas, barreras ribereñas, mallas dinámicas, entre otros) y la limpieza de los principales ríos a través de un fondo nacional compuesto no solamente de recursos ordinarios sino adicionando otros mecanismos de financiamiento como el de obras por impuestos y los esquemas de Asociación Público-Privadas.

Asimismo, creemos importante aprovechar el apoyo de la cooperación internacional para brindar asistencia técnica a los gobiernos regionales, locales y juntas de usuarios de modo que puedan establecer criterios para la formulación de los planes regionales de reconstrucción con enfoque de prevención y el establecimiento de prioridades de los proyectos de rehabilitación que permitan reducir las vulnerabilidades en las zonas de mayor riesgo.

Orientar el Agrobanco al pequeño productor agrario

En los dos últimos años, el Banco Agropecuario – Agrobanco ha registrado altas tasas de morosidad llegando a registrar al cierre de 2017 una cifra cercana al 37% con una cartera pesada concentrada particularmente en el segmento de las grandes empresas con deudas que superarían los S/. 460 millones, situación que viene afectando las operaciones crediticias y la sostenibilidad de la entidad financiera. En virtud de lo anterior, se han discutido diversas propuestas para revertir esta situación como la de proceder con el proceso de liquidación de Agrobanco y crear un fondo, o la reestructuración del actual modelo crediticio de la entidad estatal (banca de primer piso).

En ambos casos, la estrategia que debería poner en marcha la nueva gestión, previa reingeniería de procesos de Agrobanco, es ampliar y consolidar la oferta crediticia agraria, reorientando la colocación de créditos en el segmento de pequeñas y microempresas.

Actualmente, solo 403 empresas entre grandes y medianas explican el 50% de los saldos de créditos colocados durante 2017 por Agrobanco. Además, se requiere promover un sistema de transferencia de riesgos agropecuario con la finalidad de extender nuevas opciones de instrumentos de aseguramiento contra diferentes tipos de riesgos en el sector.

Asimismo, es posible generar mecanismos financieros combinados como sumar AGROIDEAS y los programas de AGRORURAL para apalancar financiamiento con menor riesgo y tasas de interés. Otra opción sería replantear el FONDO AGROPERU como un fondo de garantía que puede ser usado para reducir riesgo crediticio de pequeños productores que puedan recurrir al sistema financiero en general.

Finalmente, retomar el apoyo al sector cafetalero y de reconversión productiva de los cocaleros en el VRAEM será un aspecto importante a considerar en los próximos meses.