La actividad agraria es la principal fuente de crecimiento y desarrollo en el ámbito rural, intensiva en mano de obra y una de las vías más efectivas en la reducción de la pobreza, tal es así que de acuerdo al Banco Mundial se tiene que un crecimiento del producto bruto interno (PBI) originado en la agricultura es al menos el doble de eficaz en reducir la pobreza que el crecimiento generado en otros sectores.

En el Perú, el limitado e insuficiente crecimiento del PBI agrario en nuestro país durante el periodo 1970-1992 – donde primaba una activa presencia del Estado en la actividad empresarial – se explica por la pobre evolución de la productividad, la cual cada año, según mediciones del Banco Interamericano de Desarrollo, retrocedía en dicho periodo a una tasa de 1.2%. En cambio, durante el periodo de reformas estructurales ejecutadas en la década de los 90’s – con un mayor protagonismo del sector privado en la actividad empresarial y con un Estado que cumple exclusivamente un rol subsidiario – la Productividad Total de factores (PTF) de la actividad agraria entre 1993 y el 2015 alcanzó una tasa de crecimiento de 2.5% por año , cifra que además se encuentra por encima de la PTF promedio de la región (1.4%) y superior a lo registrado por otros países como Chile, Costa Rica, México, Ecuador, Argentina y Uruguay.

Sin embargo, buena parte del desarrollo alcanzado por la actividad agraria en nuestro país durante este último periodo se ha concentrado en la costa peruana (región que concentra el 11% de la superficie agropecuaria y de menor disponibilidad de agua) frente a la enorme disponibilidad de tierras agrícolas provenientes de la sierra y la selva (57 y 32%, respectivamente de tierras fértiles y con amplia disponibilidad de recursos hídricos). El desarrollo y rentabilidad alcanzada por la agricultura costeña – cuya producción de medianas y grandes unidades agropecuarias descansa bajo economías de escala – se explica principalmente por las tasas elevadas de productividad agrícolas alcanzadas en virtud de su buena provisión de infraestructura logística y un eficiente sistema de irrigación de las tierras.

En cambio, en la sierra y en la selva, la fragmentación o atomización de las tierras cultivables y el limitado acceso a activos productivos siguen siendo las principales barreras que explican la baja productividad y la débil articulación al mercado de los productores del campo donde los niveles de pobreza rural superan el 40% de la población de ambas regiones.

Es por ello, que para propiciar una política efectiva de inclusión social y económica es imperativo cerrar o reducir progresivamente las brechas de acceso a activos productivos en el campo (infraestructura hídrica, financiamiento, uso de semillas certificadas, buenas prácticas agrícolas, asistencia técnica, titulación de la propiedad rural, servicios de información agraria, entre otros) a fin de lograr el incremento sostenido de los ingresos y medios de vida de los pequeños productores agrarios, buscando que este importante segmento de los productores del país alcancen niveles adecuados de competitividad, sobre la base de mayores capacidades y activos más productivos, vía la inserción a los mercados, tal como lo establece el objetivo general de la PNA.

En ese sentido, el gasto público en el sector es uno de los instrumentos más importantes que tiene el gobierno de turno, ya que a través de ella se materializa o ejecuta las líneas de acción formuladas por la Política Nacional Agraria a través de dos vías: 1) transferencias a través de subsidios y/o precios de mercado; 2) provisión de bienes y servicios agrarios a los productores (infraestructura, investigación, extensionismo, sanidad, promoción y comercialización, servicios de información, entre otros).

La evidencia internacional, respecto al análisis del gasto público y sus efectos para reducir la pobreza, indica que los recursos utilizados en la provisión de servicios públicos tuvieron un mayor impacto en la actividad económica, la productividad y la reducción de la pobreza que el gasto en subsidios y/o mecanismos de protección arancelaria. Por ejemplo, en unos estudios de Fan et al 2008, López 2004 y Foster et al 2011 citados por el BID , se mencionan que los retornos a la inversión en infraestructura rural, innovación agropecuaria y educación rural tienden a ser más altos que los retornos al gasto público orientado a subsidios, tanto en América Latina como en otras regiones del mundo. En forma similar, Rocha et al 2006, muestra que una mayor proporción del gasto público orientado a subsidios genera una disminución del ingreso agrícola per cápita. Mediciones realizadas sobre esta evidencia demuestran que una reducción de 10% de la participación del gasto público vinculado con subsidios indujo un incremento de aproximadamente 2.5% en el PBI agrícola per cápita.

En el caso particular del Perú, refleja un comportamiento deseado, siendo la más alta entre todos los países de la región dado que más del 60% del apoyo al sector agropecuario se concentra en la provisión de servicios públicos, destacando adicionalmente la tendencia de este componente en la última década, cuando el mismo no superaba el 10% del gasto público total. Esta reversión de la tendencia en el Perú vinculada a subsidios responde a un crecimiento sostenido en la productividad y un comportamiento favorable de las exportaciones agrarias no tradicionales, principalmente frutas y hortalizas.

En ese sentido, es fundamental la continuidad en el liderazgo que debe asumir el Estado en la provisión de bienes y servicios públicos agrarios de calidad, como por ejemplo la inversión en infraestructura productiva (vías de transporte, telecomunicaciones, electricidad, saneamiento, riego) a fin de facilitar la integración de las zonas rurales con los mercados de productos e insumos, lo cual contribuye a incrementar la producción, el empleo y los ingresos rurales. No debe dejarse tentar por medidas populistas que solo crean clientelismos que nos retrasan.