Hace 20 años, comprar algo en línea y pedir que llegara a casa, significaba esperar un largo tiempo y pagar una costosa suma de dinero. Hoy en día, en tan solo 10 minutos, ya podemos tener el “carrito” lleno de los productos que deseamos adquirir de nuestra plataforma de compras virtual favorita; en otros 5 y por un precio módico, podemos pedir que el producto llegue a la puerta de nuestro hogar; y tan solo en cuestión de horas o unos pocos días, estaríamos recibiendo los objetos elegidos incluso si provienen del otro hemisferio del planeta.

Las consecuencias de la era digital e hiperconectada en la cual vivimos, se han hecho presentes desde inicios del nuevo milenio. Los efectos de la rápida y cambiante evolución tecnológica que presenciamos día a día, fuerzan a la industria de pagos a adaptar sus propuestas de valor al mercado actual, donde reina el consumidor moderno, caracterizado por su búsqueda de una excelente experiencia de usuario valor diferenciado en los productos y servicios que desea obtener. Un consumidor que prefiere la calidad a la cantidad, pero que también busca inmediatez. Este nuevo perfil ha rediseñado los distintos sectores del mercado que conocemos actualmente.

Sin embargo, esta acelerada evolución del mercado, en muchos casos no ha permitido a los gobiernos adaptar sus regulaciones con la misma velocidad. Y en algunas circunstancias incluso se han generado discusiones públicas sobre los niveles de regulación o de libre competencia. Es por eso que, a lo largo de las dos últimas décadas, la digitalización masiva de procesos y servicios ha generado un efecto dual de oportunidad, tanto para el sector público como para el privado. Por un lado, este suceso favorece a todas aquellas empresas que buscan alcanzar a un público internacional sin necesidad de abrir oficinas físicas en cada país. Por otro, también representa un reto por los nuevos tipos de regulaciones y normativas estatales a las que estos negocios tendrían que adaptarse para armonizar con los países donde esperan instalarse.

Uno de los principales retos para los gobiernos en este nuevo ambiente comercial ha sido la reconsideración de elementos de la política tributaria y de competencia, entre otros. Si bien en el Perú, y muchos otros países alrededor del mundo, se cobran impuestos al consumo (como el IGV), existe aún un gran número de ellos, que no ha adaptado sus regulaciones comerciales de compra y venta a la eliminación de fronteras y barreras que supone el comercio online; ya sea por compra de productos, servicios de streaming, aplicativos virtuales, y demás.

Por ello, como primer paso, enhorabuena se ha empezado a implementar políticas nacionales de transparencia y protección de contenidos en un intento de regularizar con mayor efectividad a las marcas involucradas. En el Perú, por ejemplo, se expidió la Ley de Represión de la Competencia Desleal y la guía de Publicidad para Influencers elaborada por INDECOPI como un intento inicial de regular un sector importante de los mercados virtuales. Sin embargo, el reto será el de poder abarcar nuevos modelos de negocio en los sectores de entretenimiento, transporte, turismo y otros, que seguirán evolucionando a partir de las ya innovadoras plataformas de streaming como Netflix o Spotify y aplicativos como Uber o Beat.

Ante esta situación, en marzo del 2019 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó un informe en el cual listaba una serie de recomendaciones para los países miembros, incluido el Perú. Entre ellas, una de las sugerencias principales era iniciar el cobro de impuestos a aplicativos móviles y plataformas virtuales. Señalando que el país podría recaudar hasta US$ 35 millones al año si empresas de tecnología pagaran impuestos locales.

En diciembre del mismo año, la SUNAT y el Ministerio de Economía y Finanzas anunciaron ya tener la propuesta lista para la evaluación del ejecutivo y la posibilidad de usar un Decreto de Urgencia para instaurarla, apuntando a su implementación efectiva para el presente año.

Si bien esta acción aún no se ha concretado, es importante entender algunas implicaciones que traería. En primer lugar, la idea original del gobierno era poder generar ganancias mediante el cobro de impuestos a empresas que, a pesar de tener estos montos incluidos dentro de los precios estipulados en sus contratos, no hacían efectivo el pago. En segundo lugar, el MEF y la SUNAT buscaban poder basarse en modelos similares de la región donde ya se habían reforzado las regulaciones necesarias, entendiendo el caso de Argentina como uno de los principales referentes. Básicamente, dicho modelo consiste en realizar un cobro adicional al tarjetahabiente por parte de su banco o entidad financiera local, mediante el cual se recaude el IGV.

Es aquí donde debemos profundizar en el análisis y considerar varios elementos. El primero es el estudio sobre la relación costo beneficio del modelo, es decir, los costos administrativos asociados a la operación del modelo y su relación con el beneficio real obtenido. El segundo es la necesidad de evaluar circunstancias que llevarían a gravar equivocadamente “falsos positivos”, es decir, situaciones en las que se recaude el impuesto sobre una transacción que no debería verse afectada. Esto pasaría por ejemplo cuando la transacción se realiza en el exterior y en consecuencia el servicio no es realmente prestado en el país, o cuando se grava como un servicio una compra de un bien que es enviado físicamente y paga debidamente sus aranceles, o el caso de un servicio de plataforma que simplemente está poniendo en contacto dos partes locales para que realicen una transacción en el país, siendo esa una transacción tradicional en el mundo real (ej. Plataforma para reservar habitaciones de hoteles).

Tercero, también es importante considerar el caso de compañías locales que estén en la situación contraria, es decir, exportando sus productos digitales a otros mercados, y en estos se les esté generando un cobro adicional a sus consumidores por concepto de IGV. ¿Cuál debería ser la propuesta regulatoria para hacer que esa compañía local pueda jugar en un campo de juego nivelado en otros países de la región con competidores locales que pueden imputar el pago de esos impuestos dentro de su gestión tributaria?

En fin, como vemos este resulta ser un tema de alta complejidad, pero también de altísima relevancia dentro de las discusiones de política pública para el desarrollo de las economías digitales. Ahora si bien hay un desafío grande para ordenar todos estos factores, es de suma importancia incentivar el desarrollo de nuevas soluciones creativas que puedan servir para ofrecerles a los ciudadanos una vida más grata y confortable que responda a un esquema de retribución justo y eficiente. Ante esto, dado que este tipo de regulaciones ya han sido implementadas en varios países como Argentina, Colombia y más recientemente Costa Rica y Chile, el Perú tiene una perspectiva interesante a considerar como ejemplo, de tal manera que aproveche la experiencia ya existente en la región.