Las dos nuevas medidas para mayor formalización con las cuales el Perú marca pauta

Perú tiene una gran oportunidad para desarrollar un ecosistema financiero digital, más inclusivo, y, que nos lleve a una mayor formalización de una manera más orgánica, como producto de los mejores hábitos y uso de la tecnología. En esa línea, el gobierno ha adoptado recientemente un par de normas que apuntan hacia ese objetivo, y que bien pueden ser ejemplos para la región.

En primer lugar y en el marco de las facultades otorgadas por el Poder Legislativo al Ejecutivo, el Ministerio de Economía aprobó el Decreto Legislativo N°1529, que modifica el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N°28194, Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía. En dicho texto, se establecen nuevas disposiciones que impulsan el uso de medios de pago vía entidades financieras y canales formales.

La norma establece que las operaciones de pago a partir de S/2,000 soles o $500 dólares, deben realizarse a través de medios de pago, entendiéndose como tales los depósitos bancarios, cheques, giros, operaciones con tarjetas de débito y crédito y cheques no negociables, entre otros. Anteriormente, la norma indicaba que el monto mínimo era de S/3,500 soles o de $1,000 dólares, habiéndose reducido con esta nueva publicación. Igualmente, se reduce de 3 a 1 UIT[1] el monto a partir del cual se deben usar los medios de pago en operaciones específicas como constitución o transferencia de inmuebles, vehículos, o adquisición, aumento o reducción de capital, entre otros.

La clave está en darle a las autoridades un mayor chance para combatir la evasión tributaria, el crimen y la corrupción, tratando de reducir poco a poco el excesivo uso de efectivo, especialmente para operaciones de alto monto que realmente no lo ameritan.  El avance de la tecnología y los esfuerzos de los reguladores en materia de inclusión financiera y competencia en la industria de pagos, han permitido que se establezcan y profundicen medidas de este tipo, que brindan un grado de trazabilidad necesaria y razonable, siempre de la mano del sector financiero formal.

Sin embargo, no debemos de perder de vista aquellas personas y localidades donde aún no les es familiar el uso de estos canales, ya sea por falta de hábitos o en casos más complejos por dificultades de acceso a las redes y canales correspondientes; para ellos se hace necesario – y yo diría indispensable para cumplir con las aspiraciones del Estado- establecer planes de educación financiera, para cerrar cada vez más las brechas y que dichos planes estén complementados con programas de acceso a la conectividad donde los operadores de las redes de telecomunicaciones tienen un rol muy importante de acompañamiento. Por ejemplo, un pilar importante mediante el cual es posible trabajar una mayor inclusión, es la iniciativa del Banco de la Nación que tiene como meta emitir 10 millones de “cuentas DNI”, las cuales serán 100% digitales y abiertas a favor de ciudadanos peruanos. Para ello, la interconexión digital y tecnológica del país se torna vital y agrega más valor a programas tan relevantes como el Internet Para Todos por mencionar alguno.

Una segunda movida regulatoria que complementa la jugada con buen criterio, es la eliminación de requisitos que hoy en día son innecesarios y que pueden generar fricciones a la llegada de nuevos modelos de negocio. En esa línea, se expidió el Decreto Legislativo N°1531, que realiza modificaciones a la Ley General del Sistema Financiero. Dentro de las novedades, se encuentra la eliminación de la obligatoriedad de autorización de apertura de agencias, para el caso de entidades que no captan depósitos del público. Adicionalmente, la supervisión por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) a estas empresas tendrá un enfoque más sencillo y proporcional a sus riesgos. Asimismo, las empresas reguladas por la SBS podrán realizar el 100% de sus operaciones de manera digital. Se eliminan normas francamente obsoletas en el mundo de hoy, como la obligación de que el certificado de autorización de funcionamiento esté visible en una oficina física, pudiendo cumplir ahora con su publicación en la web.

Todos estos alcances, sin duda, permiten una mayor flexibilidad para la entrada de nuevos jugadores Fintech, y el cambio de modelos por parte de entidades más tradicionales, lo cual aporta dinamismo a la economía y hace que las transacciones de las personas sean más sencillas y prácticas.

Cada vez será más simple y seguro hacer una transferencia a un pariente o amigo, pagar un producto o servicio sin desplazarse al local del proveedor, realizar o recibir remesas del extranjero, cambiar moneda, y así un sin número de actividades que ya se han simplificado con los aportes y beneficios de la tecnología.

Un importante aspecto para que todo esto funcione es y ha sido la adecuación e innovación normativa para poder estar a la altura de la demanda de la sociedad. A veces la receta es ajustar aún más las normas que hacen más difícil ciertos comportamientos que generan costos sociales (como pagar en efectivo), simplemente actualizar normas, o incluso desregular. En los ajustes regulatorios recientes vemos un interesante uso del “toolkit” regulatorio, y se convierte en referencia para otros países.



[1] Para 2022 la UIT equivale a S/4.600

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