Todas las normas redistribuyen.
Cada vez que el Estado dicta una norma, asigna una “titularidad”. Al hacerlo,
está convirtiendo en más rico a un grupo de personas a expensas de los demás.
El que estas personas reciban un beneficio como consecuencia de la norma, no
significa que la sociedad -como conjunto- esté mejor, desde el punto de vista
de la eficiencia. Tal como ha sido señalado por Ortiz de Zeballos y
Guerra-García “(…). Las llamadas transferencias
equivalentes se producen cuando un
proyecto genera un traslado de recursos de un sector a otro sin generar un
efecto neto en la sociedad” [Introducción
al ACB de normas. Lima: Apoyo. 1998. p. 27].
[Imagen tomada de amezissou]
Si una norma consigue “aire
puro”, claramente, las personas que demandan aire puro estarán mejor; pero las
personas que demandan libertad para realizar actividades industriales, estarán
peor. Más allá de los motivos que tengamos para preferir a un grupo sobre otro,
salvo mayor información al respecto, estamos exactamente igual como sociedad -o
incluso peor- con cualquier combinación de “contaminación/industria” distinta a
la que hubiese llegado el mercado ante la ausencia de una norma.
El caso de los fumadores versus los no fumadores
Tome el ejemplo de las normas
que prohíben fumar en lugares públicos: ¿cual es el beneficio de dichas normas?
Supuestamente, el beneficio radica en que unas personas podrán respirar aire
libre de humo. Este beneficio, sin embargo, se ha hecho a expensas de las
personas que querían fumar en lugares públicos. Así, cualquier beneficio a
favor de los no-fumadores tiene como correlato un costo o pérdida sufrido por
los fumadores. Si asumimos -como seguramente aceptarán incluso los más
radicales opositores del tabaco- que los fumadores también son parte de la
sociedad, tenemos que -en principio- los beneficios y las pérdidas sociales se
igualan.
La única manera de considerar
que ha habido un “beneficio” social es si averiguamos quien -si los fumadores o
los no fumadores- valoran más la norma anti-tabaco o pro-tabaco. La manera en
la que las personas expresan sus preferencias “reales” es mediante pagos en
mercados. Por este motivo, desde el punto de vista económico, solo estamos
dispuestos a regular un mercado cuando éste presente fallas que hagan imposible
considerar esa como la verdadera “valuación” de los bienes.
En el caso especifico del
tabaco, existe una externalidad principalmente causada por los fumadores. Sin
embargo, no podemos dejar de lado el carácter recíproco de las externalidades.
Los no-fumadores contribuyen -con su presencia- a la ocurrencia de dichas
externalidades. Dichas externalidades, como hemos explicado en el post anterior, no necesariamente son -en sí
mismas- una buena justificación para la regulación, pues uno podría asumir que
el mercado puede “corregirlas”.
La manera en que se puede
corregir esta externalidad es si las propias empresas crean lugares para
no-fumadores o si prohíben en total fumar en sus locales. Por ejemplo, los
cines ya han adoptado dicha política. A nadie se le ocurre ahora prender un
cigarro en un cine, pese a que hace veinte años era una práctica común y
socialmente aceptada.
Los no-fumadores pueden “votar
con su dinero” por una sociedad anti-tabaco: solo deben preferir los lugares
libres de humo. Los amantes del tabaco pueden hacer lo mismo. El resultado
sería una combinación de lugares libres de humo y lugares con humo. Lo que
tenemos, en cambio, es una decisión estatal de “todo o nada” beneficiando a los
no-fumadores a expensas de los fumadores. Esta política, aunque quizá pueda ser
justificada en términos éticos o redistributivos, no necesariamente representa
un “beneficio” en términos económicos.
Recomendación: darnos cuenta que -cuando
regulamos- el beneficio de un grupo social, habitualmente trae aparejado el
perjuicio de otro. Por tanto, el beneficio -por si mismo- no es un buen motivo
para regular. Debemos encontrar -adicionalmente- un motivo para preferir a un
grupo sobre otro. Ese motivo puede ser que el preferir a un grupo incrementa
nuestra utilidad social en el agregado. Otros motivos pueden estar relacionados
con la justicia social o con principios éticos.
Pd:
Este post es parte de una serie titulada
“Cinco recomendaciones para un mejor diseño de políticas públicas” que empecé
la semana pasada y continuaré el próximo martes.
Pd2:
Pueden contactarme en Twitter @osumar
COMENTARIOS
Las externalidades económicas hoy se asumen en gran parte a través de la RSE si estamos en la lógica de la sostenibilidad, es en esa lógica también que se restringe el consumo de tabaco en los países desarrollados. En Francia donde fumar era una practica casi deportiva se dieron normas contra ese hábito basados en las estadisticas de emfermedades provocadas por el tabaquismo y haciendo un beneficio costo se dieron cuenta que era caro dar cobertura médica a estos emfermos y a futuro imposible; entonces optaron por corregir esta “libertad” de consumismo.
El benefico no podemos verlo únicamente del lado economicista o consumista – sería un extremismo reduccionista- por que hay cientos de posibilidades de análisis y comprensión. Saludos
parecia interesante el articulo, pero siento que perdi el tiempo al leerlo.
Hola Oscar,
Muy buen post y siempre con ejemplos que llaman al debate. Supongo que los escoges para precisamente generar la discusión e intercambio de ideas.
Efectivamente en la economía la justicia no va de la mano con la eficiencia y que un abogado lo tenga tan claro es muy bueno.
He leido con atención tu artículo y veo que te cuidas con los condicionantes, pero aún así discrepo cuando dices que (salvo mejor información) cualquier intervención lleva a un resultado igual o peor que hubiese llegado el mercado. Infiero es que te refieres a un óptimo de Pareto, pero este sólo se logra de manera teórica ya que en la realidad no existen tales mercados y las falla se dan incluso ante ausencia de normas.
Una vez mas, felicitaciones.
Walter.
Estimado Óscar, en este caso estás resaltando los efectos que puede tener una regulación en el mercado y la sociedad. Aunque pueda parecer evidente, los efectos que describes son los que menos son percibidos por los que elaboran y proponen propuestas normativas.
Lo que propones puede considerarse como parte de un análisis costo beneficio de la regulación, que se debe realizar de manera previa (ex ante) a su propuesta, en la que deben destacarse todos sus efectos, tantos los directos (como los que has mencionado) como los indirectos.
Un ejemplo de estos últimos, siguiendo el caso que propones, podría ser la reducción de ingresos de los establecimientos comerciales en los que antes de la entrada en vigencia de la regulación se permitía fumar y la pérdida de puestos laborales que esa reducción puede acarrear.
Lamentablemente, este tipo de efectos no son analizados ni expuestos como deben en la exposición de motivos de las regulaciones, los proyectos de ley son un claro ejemplo de ello.
Oscar,
El mercado funciona y eso es evidente. Lo que no es tan evidente y no creo que sea algo que se asume en todas partes es que los mercados funcionen de manera eficiente y libre de distorsiones.
La primera distorsión en todos los mercados son los impuestos. Luego la información asimétrica, las concentraciones y podemos seguir. Dentro de las grandes distorsiones están muchas de las normas y regulaciones. De ahí que casi todos los mercados son regulados (código del consumidor, código civil y penal, etc). Si tomas en consideración estos puntos, tendremos que los mercados libres donde los ofertantes son tomadores de precios y el costo marginal iguala al beneficio marginal son raras excepciones.
Un abrazo
Walter.
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