Un niño va corriendo por la
calle, entre los puestos de un mercado, y tropieza casualmente con un cristal.
El dueño de la cristalería se lamenta y tiene que reemplazar dicho cristal,
comprando otro. Dicho caso era visto como un ejemplo sobre cómo un hecho aparentemente
malo podía resultar siendo bueno para la sociedad. Se decía que el cristalero
tendría que comprar un nuevo cristal, así el productor de cristales tendría más
actividad e ingresos y podría contratar nuevo personal. El nuevo trabajador de
la cristalería podría comprar cosas a su vez y mantener a su familia.
[Imagen
tomada de RyanDonahue]
Hace más o menos 150 años, el
filósofo y economista francés Frédéric
Bastiat
se dio cuenta que esta conclusión era errónea, pues no tomaba en cuenta el
escenario completo, sino solo algunas de sus consecuencias de manera aislada.
Bastiat anotó que el dueño del puesto de mercado, donde se vendía el cristal,
tendría que dejar de comprar otras cosas para poder reemplazar el cristal roto.
Al hacer esto, dejaría de comprar, digamos, pan; esto traería como consecuencia
que el panadero tenga menos trabajo, contrate menos personal, una persona no
pueda acceder a un puesto de trabajo y así sucesivamente. Bastiat concluye que,
visto como un todo, la ruptura del cristal es perjudicial para la sociedad.
Esto luego se ha conocido como “La parábola del cristal roto” y ha servido para
explicar los “costos de oportunidad”, un concepto clave del análisis costo-beneficio
(ACB) y de la economía en general.
El ACB es una útil herramienta para evaluar los
pros y contras de una norma, considerando la eficiencia como parámetro. Como explicamos en el post anterior, muchas normas consiguen
beneficios para un grupo, pero a costa de otros. Por ejemplo, el aire puro se
consigue a expensas de menos industria. Hasta ahí, podríamos decir que el costo
y beneficio se compensan. En este nuevo post,
iremos un paso mas allá, señalando que dicha norma posiblemente cause más
costos que beneficios, dependiendo del costo
de oportunidad que genere.
¿Quiere saber como es el ACB típico en un
proyecto de norma presentado en el Congreso peruano? Aquí está:
“En lo que concierne al aspecto económico,
la aprobación de esta norma no representa ningún egreso o gasto para el
presupuesto público”.
Un lector peruano no se sorprenderá al saber
que ese párrafo ha sido sacado de un proyecto de ley real. Tampoco se
sorprenderá al saber que la mayoría de proyectos de normas en nuestro país
incluyen esta misma -nefasta- fórmula.
Esta consideración está profundamente
equivocada por cuanto, tal como han señalado Anderson y Settle [Guía práctica para el
análisis beneficio-costo. México: Diana. 1981.
pp. 34-35]:
“El análisis de
la ganancia-costo no [...] consiste en un simple registro de las transferencias
financieras del proyecto. Los beneficios no se traducen siempre en ingresos, ni
tampoco pueden todas las salidas de dinero considerarse como un costo social”.
Efectivamente, hay normas que no importan un
desembolso dinerario, pero eso no quiere decir que no tengan costos en términos
económicos. Piense, por ejemplo, en una norma prohibiendo a las personas salir
de sus casas. Esa norma probablemente no implicaría un gasto dinerario -más
allá del costo general de hacer cumplir una norma-, pero sí representaría un
costo social: el costo de oportunidad.
Del mismo modo, una norma imponiendo estándares para la educación; prohibiendo
los transgénicos; o, el tabaco, también generan costos que deben ser
cuantificados; más allá de la penosa fórmula habitualmente usada por nuestros
congresistas.
Pd:
Este post es parte de una serie
titulada “Cinco recomendaciones para un mejor diseño de políticas públicas” que
empecé hace un par de semanas y continuaré el próximo martes.
Pd2:
Pueden contactarme en Twitter @osumar
COMENTARIOS
Si, he visto esa “inteligente” forma de sacarle la vuelta a la ley que obliga a los parlamentarios a sustentar los efectos ecónómicos de las normas que proponen.
En primer lugar hay que anotar esa vocación de los parlamentarios, suicida en términos de legalidad, por trasgredir la ley o por lo menos el espíritu de la ley que establece los requisitos para las propuestas legislativas, que implica el análisis de las consecuencias de las mismas en la economía.
Pero hay un elemento mucho más básico que los congresistas no perciben y debieran: Que ellos dictan normas para toda la sociedad, y que debe interesarles la economía de las personas y de las empresas, no solo la del Estado.
Cabe notar también, que al fin y al cabo, la economía del Estado depende de la de las personas y empresas.
El ACB debería ser obligatorio prácticamente en cualquier caso. Por ejemplo, en las normas sobre seguridad ciudadana, por el inmenso efecto que tiene este factor en las inversiones y en el gasto de las empresas y ciudadanos.
Y así, podría calcularse el beneficio versus costo de implementación o incluso el perjuicio de las leyes y eventualmente, desnudaría la estupidez de algunas propuestas, evitando desde su “invención” que sigan el tortuoso y costoso proceso legislativo.
Un sistema como el propuesto realmente agilizaría la promulgación de leyes necesarias porque enviaría al tacho las leyes perjudiciales antes de ocupar el valioso tiempo de los “padres de la Patria”
Estimado Oscar, tengo dos inquietudes, la primera es respecto a como se determina quién valora más determinado bien o actividad, cuales serían esas pistas que da el mercado? y por otro lado, por qué no se toma en cuenta la “cantidad beneficiada” en el ACB? Gracias!
Este ariculo se puede aplicar al casod e Doe Run, por un lado existen los pasivos ambientales que asumir y por otro lado el problema social de los trabajadores que se quedarían sin trabajo, si la empresa puede ser cerrada por no cumplir con las obligaciones ambientales que son bien honerosas.
El dliema va por el lado de bien comun y el de las mayorías.
Muy buen post Óscar, es una excelente referencia al texto “Lo que se ve y lo que no se ve” de Bastiat, en el que resalta la gran importancia de los costos ocultos (como los de oportunidad) en las medidas impuestas por el Estado.
Lamentablemente, a diferencia de los beneficios que son muy fáciles de expresar y ser percibidos por los ciudadanos (lo que se ve), los costos de la regulación son difíciles de apreciar (lo que no se ve) por los futuros afectados, por lo que muchas veces pasan desapercibidos o no se les da el interés que ameritan.
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El SUNAT aplica las “normas” en forma ciega, que en su misión de recaudar tributos, siempre genera trabas a los contribuyentes, cuando por demora en los cobros de factura, se pasa la fecha de contribuir la “deuda tributaria” y embarga cuentas bancarias, paralizando temporalmente las operaciones comerciales, favoreciendo de paso a los bancos con pagos altos de “comisión de embargo”, y al no hacer operaciones comerciales, se deja de tributar, situación contraria a lo que busca hacer la SUNAT. No hay explicaciones, ningún funcionario o empleado de SUNAT, trata amablemente para dar salida al problema. Tuve un caso de tener dinero congelado en el banco, por el embargo, 10 veces el valor del tributo, impidiéndome cancelar la deuda y generando costos innecesarios que representaron el 65% de la deuda. Esto es consecuencia de aplicar Normas sin considerar el ACB. Muy tu artículo y felicitaciones por aclarar conceptos. Saludos
El ACB es una importante herramienta de toma de decisiones, importa que los beneficios sean superiores a los costos, pero ponderando correctamente el costo de oportunidad; dicho esto; en el ejemplo presentado sobre la paradoja del vidrio roto; importa conocer si el empresario afectado al momento de tomar la decision de comprar otro vidrio contaba con los suficientes recursos para reemplazar éste y disponer de recursos adicionales para continuar sus inversiones en otras necesidades, mejor dicho: si dispone de mayores recursos a los requeridos para reemplazar el vidrio quebrado, la paradoja del vidrio roto no le afecta puesto que dispone de recursos ociosos, su capacidad de invertir supera sus necesidades de inversion.
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Hola Oscar,
Efectivamente en la formulación de leyes nuestros legisladores no tienen idea del significado de un análisis costo – beneficio. Esto trae a colación tu post sobre la evaluación a los Congresistas donde éste podría ser un factor determinante.
Hans Rothgiesser ha evaluado a casi 15 congresistas (orden alfabético) y sin importar la procedencia y afiliación, NINGUNO ha elaborado algo más desarrollado que tu cita.
Llegando al extremo, el congresista Roberto Angulo propone el: “Proyecto de ley que declara de necesidad pública y de preferente interés nacional la adquisición de un satélite para su implementación en el centro nacional de operaciones de imágenes satelitales del Perú” y en el colmo de la desfachatez afirma que esto no acarrearía ningún costo al Estado! Así como se lee porque ya estaba presupuestado. No solo no tiene idea de lo que es un costo sino tampoco un gasto lo que me lleva a pensar que el libre sufragio y elección tiene costos mayores que beneficios.
Saludos,
Walter
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