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Oscar Sumar

El colmo de un proyecto de ley que propone hacer análisis costo-beneficio: no tener análisis costo-beneficio (true story)

El Congresista Alberto de Belaunde ha propuesto hoy la creación de una OEC (Oficina de Estudios Económicos del Congreso), encargada de realizar análisis costo-beneficio de normas (ACB). A primera vista, la propuesta no parece mala; pero la propuesta de Alberto deja muchos puntos en el aire y -lo que es paradójico- falla en realizar un adecuado ACB. Es más, si yo fuera el encargado de la OEC, rechazaría su proyecto de ley para crear una OEC, por no cumplir con los parámetros del ACB. Aquí, algunas razones, no con mucho orden, porque son escritas “en caliente” luego de haber leído el proyecto:

1. El proyecto no cuantifica los costos y beneficios, salvo cuando hace referencia a los costos contables de implementar la oficina misma (que, propiamente, no es un costo social, sino simple redistribución de recursos). La cuantificación es un elemento esencial del ACB tal como lo dice la propia OCED, por lo cual es llamativo que un proyecto de ley que habla de su importancia y propone su implementación, no la realice.

2. El principal beneficio potencial de esta regulación es que podría eventualmente reducir el costo originado por “malas” regulaciones. Para sustentar este punto, el proyecto de Alberto solo usa un pequeño párrafo, sin ninguna cita, a pesar de haber cientos de estudios en relación a eso en el mundo, algunos de los cuales incluso estiman el costo de la regulación. Por ejemplo, el Mercatus Center de la George Mason University tiene un estudio usando una base de datos de 22 industrias en el periodo entre 1977 y 2012, donde ha cuantificado el costo de la regulación para dichas industrias. Encontraron, por ejemplo, que la economía americana era 4 trillones de dólares más pequeña por el incremento de regulación desde 1980. El proyecto de Alberto no solo no incluye estudios semejantes o tiene un estimado propio acerca de dichos costos, sino que ni si quiera argumenta por qué dicha oficina reducirá el costo de la regulación.

3. La OEC solo emitirá opinión, pero ésta no será (ni podría ser) vinculante. La pregunta que yo me hago es, por qué le harían caso los congresistas a lo que dijera esta oficina? (asumiendo -optimistamente- que será técnica e independiente). Alberto no responde esta pregunta.

4. Luego, el mismo Alberto se pregunta si no sería una mejor opción obligar a los congresistas con que cumplan con la norma actual que los obliga a hacer ACB de normas. Alberto descarta esta opción pues -dice- los congresistas no tienen suficientes asesores técnicos y ellos mismos no tienen la capacidad para hacer el ACB. Mi pregunta es, si los congresistas no contratan actualmente a asesores técnicos para que los ayuden a cumplir la norma que los obliga a hacer ACB, qué nos garantiza que sí lo harán colectivamente a través de la oficina que propone Alberto? La respuesta es: nada.

5. La gente de a pie, contrariamente a lo que dice Alberto, no gusta del ACB por ser muy técnico y con sesgo economisista. Los congresistas saben o perciben eso, por tanto no sustentarán sus proyectos de ley en argumentos técnicos-económicos. Sea con o sin oficina, esto no va a cambiar.

6. Finalmente, EE.UU., país donde se inventó el ACB de normas moderno, no obliga a su congreso a realizarlo. Existen muchas razones para eso. Una de ellas es que las normas que dicta el Congreso no necesariamente tienen fines económicos (lograr la eficiencia). Muchas normas tienen fines sociales, políticos, redistributivos o de seguridad nacional que poco o nada tienen que ver con temas económicos. Quizá Alberto se debió haber preguntado esto antes de proponer esta oficina.

Propuesta:

En todo caso, se debería plantear la creación de una oficina con un análisis comprehensivo y multidisciplinario de las normas. Si dicha oficina trabajara correctamente, creanme que no requeriría hacer ACB para demostrar que todos o casi todos los proyectos de ley -incluyendo el de Alberto- no cumplen con criterios técnicos mínimos para ser aprobados, menos con sustentar adecuadamente -y numéricamente- los costos y beneficios que suponen a la sociedad.

Una mejor propuesta, incluso, es que la sociedad civil tome un rol más vigilante y fiscalice concienzudamente -como intento hacer aquí- la labor de los congresistas.

COMENTARIOS

  • 1
  • 25.08.2016
  • 03:12:12 hs
José Villarán M.

La idea del Congresista De Belaunde me parece excelente ya que todos los análisis de Costo-Beneficio que he revisado en los proyectos son complemente mediocres e insuficientes.
El título burlón de este artículo me parece completamente desproporcionado

  • 2
  • 25.08.2016
  • 03:51:33 hs
Francisco Rosales

No creo que el Sr. Belaunde te entienda ni pio del ABC o lo que sea, pues tengo entendido que el es Abogado, yo y muchos lectores tampoco, mejor habla en cristiano.

  • 3
  • 25.08.2016
  • 09:24:39 hs
Mitchell Velasquez

Precisamente, si su profesión no le permite entender el análisis beneficio-costo, no podrá sustentarlo; peor aun si es mera copia de algún otro lugar. El punto es que no todo puede expresarse en términos de beneficio económico ya que existen muchos beneficios intangibles que no son posibles de ser medidos en dinero. Toda norma debería tener una forma objetiva para medir sus beneficios (económicos y no económicos) pero primero debe estudiarse la forma adecuada, y ese es un tema académico, que necesita ser desarrollado, luego validado y finalmente implementado. Como siempre digo las cosas no se arreglan a través de una ley.

  • 4
  • 26.08.2016
  • 11:43:28 hs
DAVID VILLANUEVA GARRO

Esa iniciativa no es propia del señor De Belaunde. Claramente esa inciativa ha sido tomada de una de las inciativas diseñadas por la Asociacion Civil Transparencia en su http://www.plan32.pe Entre muchas otras iniciativas ciudadanas esta la de crear una Oficina que evalue todos los proyectos que no presenten el debido sustento de si su aplicacion incurre en gastos para el estado o si su imprementacion ayuda o es beneficioso para la cantidad o tipo de personas a las que supuestamente se va a favorecer. Por que? porque hay proyectos que no sirven para nada y sin embargo lo unico que hacen es poner una linea al final que dice: EL PRESENTE PROYECTO NO IRROGA GASTOS AL ESTADO. Esa es la realidad y eso es lo que se queire cambiar. Quizas la presentacion de la iniciativa por parte del congresista no ha sido la mejor o se adelantó mucho en presentar su proyecto, pero la idea no es mala. Lean http://www.plan32.pe

    • 5
    • 26.08.2016
    • 12:06:53 hs
    osumar

    David: pero justamente ese es un error típico del Congreso, confundir la existencia del problema con la necesidad de la solución. Como los proyectos son malos, ergo necesitamos ACB (y específicamente una oficina). El ACB es una técnica bien precisa y cuestionada de evaluación. Es bien difícil de hacer, entre otros mil peros. Tanto así que el proyecto del Congresista De Belaunde no lo hace.

  • 6
  • 26.08.2016
  • 12:30:52 hs
Carlos Malpica Faustor

El Congreso tiene más “especialistas” contratados que nombrados, y más “asesores” de congresistas y bancadas, que de Comisiones (una de ellas, la Comisión Ordinaria de Economía). El Congreso debería planificar su labor y contar con una agenda legislativa estratégica y priorizada (ya comenzó la tradicional lluvia de proyectos de ley, caso por caso). Para colmo abundan los Planes de Gobierno y no contamos con los Planes de Desarrollo, Nacional, Regionales y Locales, que ordena la Constitución. También carecemos de una Visión del Perú a largo plazo.
Carlos Malpica Faustor
Ex Ministro de Educación

  • 7
  • 26.08.2016
  • 01:09:00 hs
Rafael Niquén

A mis 35 años vengo escuchando propuestas, iniciativas, observaciones, alternativas, respuestas, comentarios, opiniones personales, críticas constructivas y destructivas, etc. desde las personas más humanas hasta los científicos (claro no todos, pero si un 95%), obviamente también los humanoides. Lo que quiero decir es que no existe persona o grupo de personas (esto va más para los profesionales realmente preparados) que de alguna manera convoquen y comiencen a crear y ejecutar desde cualquier punto de batalla instrumentos y/o herramientas con las cuales las sociedades puedan verdaderamente avanzar de manera equitativa, responsable y en armonía con la naturaleza. NO IMPORTA EN LA POSICIÓN QUE TE ENCUENTRES ¡¡¡AFRONTEMOS LA REALIDAD COMO SERES HUMANOS QUE SOMOS, SOLDADOS DE LA TIERRA!!!

  • 8
  • 26.08.2016
  • 01:46:03 hs
Cesar

Estimado Oscar:

Tu mismo has dado la explicación, acertada para reevaluar el referido proyecto de ley y me refiero a que gran parte de las normas tienen fines sociales, políticos, redistributivos o de seguridad nacional que no tienen nada que ver con temas económicos.

Solo se creará más burocrácia y ruido político, que es lo que menos necesitamos.

  • 9
  • 26.08.2016
  • 03:47:25 hs
Edith Ueltschi

El estado funciona diferente de la empresa, la peculiaridad del estado es que antes de hacer proyectos deberian aplicar la EVALUACION POLITICA basado en trabajos directos como estadisticas, asi podriamos valorar la relacion INCOME-OUTCOME como base para aplicar el proyecto con excepcional exito y realismo.

Lo que se necesita es un congreso con mas nivel, lamentablemente los asesores no hacen trabajo de campo y queda en lo teorico muchas veces ajenas a la realidad que vive el pais.

  • 10
  • 26.08.2016
  • 05:45:33 hs
Vilma

Es bueno el artículo del comentarista, que congresista propone leyes que han sido analizadas con el CB? ninguno que se sepa, la mayoría no sabe cómo y cuándo hacerlo y si además no va a ser vinculante, esa oficina se quiere crear para poner allí más burócratas, otra cosa sería pedir a los congresistas que sus propuestas de ley tengan un ACB.

  • 11
  • 26.08.2016
  • 06:23:21 hs
EDWARD ROMULO RAMON SANCHEZ

Me parece que Oscar tiene razón pues se generara mas burocracia, yo creo que seria mejor que quienes efectúen este tipo de tareas sean los colegios profesionales asesorando a los comités de vigilancia ciudadana que existen (o deberian existir) en las instancias subnacionales (Gobiernos Regionales,y locales )asi como en la nacional pues ellos (comités de gestión organizaciones empresariales y la sociedad civil ) están mas cerca a los problemas y ejercerían mejor control de las propuestas de quienes formulan las leyes y/o normas Nacionales y subnacionales . El hecho de querer centralizar ha generado la macrocefalia del pais en Lima concentrándolo todo

  • 12
  • 26.08.2016
  • 07:25:50 hs
Dante Carrillo

El Congreso no tiene el personal ni la experiencia requerida para hacer un estudio costo-beneficio. Sería un eslabón mas en la cadena de ineficiencia del flujo de estudio de los proyectos.
Significa tercerisar el estudio o contratar personal calificado…. Misión Imposible…
Definitivamente NO

  • 13
  • 29.08.2016
  • 11:31:00 hs
Antonio Sam

Para comenzar ya más de 100 parlamentarios sin saber mucho no es un buen balance. Cuidado que aplicando eso desaparecen.

  • 14
  • 30.11.2016
  • 06:16:51 hs
Ricardo Vera G

Sin tanta disquisición sería más de lo mismo en un Congreso, de poca calidad salvo contadas excepciones, donde hay mucho más ruido que nueces… NO VA esta propuesta.

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