Se ha instaurado la moda de los “fact-checkings” como métodos para combatir la propagación de “fake news”. La conveniencia del movimiento de fact-checking es debatible, pero surge una preocupación adicional cuando este método es usado por el Estado. ¿Es constitucional su uso?
Fact-cheking estatal se encuentra en “democracias limitadas” o dictaduras
El fact-checking estatal de por si se encuentra sobretodo en oriente (clic aquí), donde sus concepciones sobre democracia y el rol del Estado en la vida social difieren de las ideas occidentales. En oriente, los derechos individuales no tienen tanto peso como en occidente y -en general- tienen una visión más colectivista. Y aún en esos sistemas, el fact-checking “oficial” genera preocupaciones (clic aquí).
En una democracia liberal occidental es mucho más difícil justificar la existencia de una oficina estatal que se encargue de enmendar la plana a la sociedad sobre lo que es verdad o no. Aún en oriente, donde se ha hecho, se ha entendido que su uso debe ser lo más objetivo posible, por ejemplo no contradiciendo directamente a opositores. Pero, veamos paso a paso los problemas constitucionales de esta política, más allá de su orientación general anti-democrática:
Funcionarios solo pueden hacer lo que la ley autoriza
Es un principio de toda democracia liberal que las personas podemos hacer todo lo que no esté expresamente prohibido y que los funcionarios públicos funcionan bajo el principio opuesto. Siendo esto así, ¿puede un organismo como el JNE crear un “Comité Técnico de Fact-Checking” que no esté previsto en una ley? La respuesta es no (aquí nos cuentan sobre la creación, pero sin ninguna referencia a la normativa que lo autoriza, clic aquí).
El principio de legalidad no es solo una formalidad, sino que es un protección de los ciudadanos frente a la acción del Estado. Desde que el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, nuestra única garantía frente a la tiranía es que dicho poder sea usado observando de manera escrupulosa los límites de la ley. Si relajamos ese principio, el uso de la fuerza puede tomar causas imprevistos.
Lamentablemente, en Perú, solemos entender el principio al revés y no es raro escuchar a personas decir cosas como “la empresa no puede hacer x porque no está regulado”. Sí que lo puede hacer, en cuanto no esté prohibido. Mas bien, debemos fijarnos bien que todo lo que haga el Estado esté expresamente autorizado en las normas.
Subsidariedad y el “mercado de las ideas”
Desde la teoría económica moderna, autores como Hayek, Stigler o Posner han entendido que existe un “mercado de las ideas” donde las ideas compiten entre ellas. Si el Estado dice de forma oficial que una idea es verdadera y otra falsa, no compite en igualdad de condiciones. En otros mercado, se entiende que el Estado actúa solo subsidiariamente, porque su competencia -de igual a igual- con los privados sería desleal (técnicamente hablando).
¿No aplica la subsidariedad también en el mercado de las ideas? No existe ningún motivo para pensar lo contrario. La distorsión de una autoridad interviniendo en este mercado es semejante a la de cualquier mercado: el Estado está destinando recursos para un tema que privados pueden hacer y está ofreciendo un producto (información) que no necesariamente es el demandado.
Violación de la imparcialidad
Algo como un “comité de fact-checking” es un arma en manos del gobierno. Desde que la neutralidad del gobierno es un deseo pero difícilmente se verifique en la realidad, esta arma será inevitablemente usada con un sesgo político. Esto es especialmente grave cuando se usa en temas que se encuentran en controversia activa entre grupos políticos o en procesos jurisdiccionales.
Pero incluso en términos más generales, el fact-checking puede ser usado para influir en la opinión pública de forma sesgada o impulsando ideas de un lado del espectro político, aún cuando no sea época de elecciones. También puede servir como un método para que el gobierno tape sus errores o le reste credibilidad a las críticas de la oposición, como se ha visto en China.
Fact-checking regulado
A fin de evitar el grave riesgo para la democracia que significa el fact-checking oficial, debería estar prohibido o regulado de manera restrictiva. Por ejemplo, que solo pueda ser usado en casos muy graves que involucren peligros para la integridad o salud de las personas, que no puedan ser personalizados y que deban ser hechos con un estilo que sea respetuoso de las personas u opiniones.
Hoy día nuestra democracia corre peligro y estamos viendo una variedad de ataques contra la libertad de expresión. Existe la tentación por callar las críticas u opiniones que no nos gustan, pero sin considerar que defender el derecho de nuestros “adversarios” a expresarse libremente también significa proteger la institución misma de la libertad de expresión.
Adicionalmente, la autoridad debe ser transparente con el proceso de verificación (cómo así concluyen que algo es falso) y debe haber un organismo independiente encargado de defender a los ciudadanos de la información dada por el “comité”, así como existe un “defensor del lector” en algunos periódicos.
Si el Estado busca convertirse en un agente en la divulgación de información, debe hacerlo con todas las garantías y con límites claros.
COMENTARIOS
Y que decir del fact checking hecho por los privados? Eso es igual o peor porque nadie los eligió para eso más allá que el dueño de la plataforma. No debería haber nada de eso y de ningún lado y pienso que es peor el manejado por los privados que no responden a nadie.
Para Luis Pacheco: Nadie eligió tampoco al Estado para hacer fact-checking (punto 1). Los privados responden a su público también: su credibilidad depende que sus revisiones no sean a su vez falseadas.
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